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La lupa de la Contraloría General de la República está puesta en un contrato del Ministerio de Defensa. Se trata del 012 de 2024, sobre el que el ente de control viene haciendo un seguimiento permanente desde el 12 de agosto del presente año.
Este proceso de contratación está suscrito entre la mencionada cartera y la compañía Vertol Systems Company. Su objeto es la adquisición, mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros M17 del Ejército Nacional.
Según lo detallado por la Contraloría, el interés por este contrato lo despertó la prensa, la cual ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades alrededor del contrato.
“Como resultado del seguimiento permanente, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa advierte un riesgo inminente para el patrimonio del Estado, debido a la alta probabilidad de pérdida de más de USD 13 millones de los USD 16,231 millones entregados como pago anticipado. Adicionalmente, se identifica un riesgo significativo de incumplimiento del contrato, que vence el 15 de noviembre de 2025, con un avance de apenas el 8 %”, señala la entidad.
Entre las circunstancias que fundamentan esta advertencia se destacan las deficiencias en la selección del contratista, pues se ha encontrado debilidades en las evaluaciones económicas, técnicas y jurídicas del proceso, las cuales se atribuyen tanto al contratista como al ministerio.
Evidencia de lo anterior es el incumplimiento con la capacidad financiera para ejecutar el contrato en el plazo establecido (vence el 15 de noviembre). A esto se suma que el comité técnico evaluador no pudo determinar la acreditación de experiencia del oferente de acuerdo con los parámetros establecidos en el estudio previo.
Según la Contraloría, otorgar el aval jurídico pese a lo anterior vulnera el principio de selección objetiva.
También hay un desbalance entre el anticipo y la ejecución. “El contrato presenta un riesgo significativo de incumplimiento, dado que registra un avance físico del 8%, mientras que ya se ha desembolsado un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del contrato (USD 32,4 millones) que corresponde a USD 16,231 millones. Esta situación evidencia una desproporción crítica entre los recursos entregados y el nivel de ejecución alcanzado, lo que pone en riesgo la adecuada culminación del objeto contractual” informa la Contraloría.
A estas advertencias también se suman la de la División de aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional que, a través del supervisor del contrato, señaló en reiteradas ocasiones los incumplimientos del contratista. Pese a esto, el Ministerio de Defensa solo adoptó la decisión de iniciar el debido proceso del incumplimiento contractual hasta el 3 de septiembre de 2025, pese a que los oficios de advertencia se presentaron desde el 21 de febrero).
“Existe una alta probabilidad de pérdida de los recursos entregados como pago anticipado, debido a que la empresa contratista es extranjera, catalogada como una compañía de responsabilidad limitada, circunstancia que dificulta que los socios respondan con su patrimonio personal por las obligaciones e incumplimientos de la empresa, sumado al hecho de que no se cuenta con información financiera suficiente para solicitar el decreto de medidas cautelares efectivas, quedando como única alternativa la afectación de las pólizas contractuales”, puntualiza la Contraloría.
Sumado a todo lo anterior, al contrato se le han hecho tres modificaciones a sus garantías de cumplimiento por parte del contratista. La última de estas fue prorrogada hasta el 11 de marzo de 2025 y se redujeron los porcentajes de cubrimiento exigidos para los amparos. Además, la póliza que respalda la devolución del anticipo vence en noviembre de 2025, sin cubrir el plazo de liquidación del contrato, que puede extenderse hasta dos años más.
Si se termina incumpliendo el contrato, no se podrá hacer el mantenimiento que requiere esta flota de helicópteros, ya que no se contará con los repuestos necesarios. Eso terminaría en la inmovilización parcial de estas aeronaves, afectando así el transporte de las tropas, el abastecimiento logístico y la respuesta oportuna frente a amenazas que comprometan la seguridad nacional.
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