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La Contraloría General presentó un informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de este año. El documento identifica diversos riesgos relacionados con el manejo de los recursos públicos y advierte sobre la necesidad de reforzar el seguimiento a la ejecución del gasto.
Ante este escenario, la Contraloría activó la Función de Advertencia, el cual es un mecanismo preventivo mediante el cual se pone en alerta a los revisores fiscales y administradores públicos sobre los riesgos detectados, con el fin de que se materialice un daño patrimonial.
“El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. Esta situación demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, junto con la real capacidad de ejecución y supervisión, durante los 5 meses restantes de la vigencia fiscal”, detalla la contraloría.
El ente de control recordó que, en el marco actual, las finanzas del país enfrentan serias restricciones que derivan de un menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno.
Teniendo en cuenta lo anterior, enfatiza la Contraloría, cualquier incremento en los compromisos presupuestales, financieros o contractuales, se debe respaldar por una real capacidad efectiva del Estado y por una verdadera posibilidad de ejecución.
“La Función de Advertencia identifica 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo y concomitante, requieren seguimiento permanente debido a su potencial incidencia en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. Entre los principales se destacan el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, riesgo asociado al crecimiento de la contratación directa y concentración contractual y el riesgo sobre la efectividad del control contractual”, añade la Contraloría.
El ente de control también recuerda que la gestión fiscal no se limita a la ejecución de recursos, sino que también busca garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible financiera y jurídicamente.
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