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Una auditoría adelantada por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura Recreación y Deporte, de la Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y obras de infraestructura educativa en el departamento de Antioquia.
En suma, se configuraron 11 hallazgos fiscales. De estos, uno presenta una posible incidencia fiscal por $8.879 millones, mientras que seis representaron una incidencia disciplinaria.
Se encontró que el municipio de Sopetrán, con el objeto de garantizar el acceso a la educación de su comunidad, suscribió un convenio interadministrativo con el Departamento de Antioquia, el cual fue por $8.931 millones en la vigencia de 2017.
Dicho convenio derivó en un contrato de obra para la construcción de un megacolegio, por $10.336 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. Este terminó por ser suspendido en la vigencia 2020.
“Como resultado de esta auditoría se evidenció que la construcción del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suarez del Municipio de Sopetrán, se encuentra sin terminar y no está prestando servicio alguno a la comunidad educativa del municipio, presentando deterioro por el transcurrir del tiempo y está siendo objeto de vandalismo y hurtos”, indicó la Contraloría, al detallar que por la falta de planeación y estructuración del proyecto se constituye un hallazgo fiscal por cerca de $8.879 millones.
Sumado a esto, se evidenció que en los municipios de Cáceres, San Pedro de Urabá y Urrao, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), inició su operación después de que arrancara el año escolar, lo que se traduce en una importante afectación para los niños, niñas y adolescentes que dependen de este servicio, amenazando su acceso y permanencia en el sistema educativo oficial.
Sobre esto, la Gobernación de Antioquia dijo a El Espectador que: “la Gobernación celebró todos los convenios con los 116 municipios -no certificados- desde 2024 para que los municipios iniciarán el 20 de enero de 2025 con el PAE, fecha en la que comenzó la jornada escolar”.
Reafirmó que “desde 2024, le pasó los recursos a los municipios, a través de los convenios. Los municipios debían iniciar el proceso de contratación con un operador para que el servicio del PAE iniciará. Algunos se demoraron en ello”.
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