Edgardo Maya Villazón, contralor general de la República. / Archivo - El Espectador
Resume e infórmame rápido
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
De acuerdo con la Contraloría, todos ellos estuvieron comprometidos en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, mediante el otrosí N° 8 del 23 de enero de 2010, al contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco.
En el otrosí se establecieron modificaciones en relación con la liquidación de regalías y otras contraprestaciones económicas, que significaron la disminución de las mismas.
“Tal situación causó un daño a los intereses del Estado, dado que, como consecuencia de los cambios realizados en el cálculo de los ítems de regalía básica, regalía adicional y compensación por ingresos brutos para la producción del año 2010, el Estado dejó de percibir $52.214 millones”, indicó la Contraloría. Una suma que ajustada a la fecha alcanzaría los $60.023 millones.
Antes de implementar los cambios consagrados en el otrosí 8, el Estado recibía $129.512 millones, y tras este ajuste se pasó a $77.298 millones, para el período de transición.
Con esta acción fiscal se busca resarcir a las regiones que se vieron afectadas por no recibir las regalías y contraprestaciones económicas.
Tales regalías estaban destinadas a satisfacer necesidades básicas de salud, educación y saneamiento básico de los pobladores de los municipios de Becerril, La Jagua de Ibirico y El Paso, del departamento del Cesar.
La Constitución Política de Colombia establece que toda explotación de un recurso natural causará en favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía. Por esta razón la Contraloría argumenta que desde que se detectó la irregularidad se advirtió que el otrosí N° 8 era contrario a la Carta Magna.
Por Redacción Economía
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación