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Mientras que las Farc proponen un cese bilateral al fuego y el Gobierno dice rotundamente que no, en las vías siguen quemando buses y camiones. El viernes de la semana pasada, por mencionar solo uno de los ejemplos, en los municipios de Puerto Valdivia y Tarazá, en Antioquia, la guerrilla hirió a una mujer e incineró 11 vehículos, entre ellos, cuatro mulas, tres buses, dos camiones sencillos y una turbo, según informó Jairo Herrera presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga por Carretera (Asecarga).
Carlos Humberto Mancera, conductor hace 25 años, corrió con suerte hace cinco, cuando guerrilleros detuvieron su vehículo, bajaron a los pasajeros y amenazaron con quemar el bus. A Narciso Vallejo le pasó algo similar en 1995, los alzados en armas les robaron todo a los usuarios.
“Para mí en ese entonces era muy normal, por la proliferación de las guerrillas ”, cuenta Vallejo. Pablo César Arturo vio en 2000 cómo los guerrilleros intentaron ultrajar a las pasajeras, mientras amenazaban al resto con que los iban a matar si llegaba el Ejército. Luego, cuando apareció la Fuerza Pública, empezó el fuego cruzado.
Los transportadores concuerdan en que este es un panorama que no se veía hace años. Esto ya no es “normal”, en palabras de Vallejo. Ahora, si bien el Estado ofrece a través de pólizas de seguros un reconocimiento a las pérdidas materiales, por un lado, no se recupera el monto total, pues se obtiene de vuelta, en el mejor de los casos, 70 u 80%. Por otro, hay una afectación por lucro cesante de hasta un año mientras se recibe el dinero del seguro, según dice Álvaro Hernando Cardona, director ejecutivo de la cámara sectorial del transporte de la Andi.
Cardona afirma que, por demás, el daño más grande está en el debilitamiento de la confianza de los usuarios ante estos hechos. Por esa razón, la cámara sectorial estuvo liderando el día de ayer un encuentro de transportadores de pasajeros que apoyan la campaña “Soy Capaz”, con el lema “Soy capaz de conectar a los colombianos”. Entre las empresas participantes estuvo Expreso Brasilia, una de las afectadas por la quema de la semana pasada, pues la compañía perdió dos móviles.
“El llamado no es al Estado, el llamado es al ciudadano del común, para que siga confiando en estas empresas, que han sido capaces durante 50 años de prestar el servicio y de garantizar el derecho fundamental a la movilidad”, dijo Cardona.
A la pregunta de cómo confiar a la hora de subirse a uno de los buses después de leer las noticias, respondió: “Si por 50 años hemos sido capaces de transportar a los colombianos, durante los años más duros, por qué no vamos a ser capaces en el día de hoy”.
Pero el llamado de Jairo Herrera sí es para el Estado, porque a la sobreoferta del parque automotor por cuenta de un proceso de chatarrización que no ha sido exitoso y a unas tablas de fletes que siguen sin cumplirse, ahora se suma un tema que parecía superado, la seguridad en las carreteras.
Herrera se dio a la tarea de calcular las pérdidas económicas que les dejan los ataques. El registrado el pasado 26 de septiembre en Antioquia sumó $6.130 millones, entre fletes, peajes, pérdida de combustible y, por supuesto, los vehículos incinerados. Según Herrera, es un contrasentido que la guerrilla esté hablando de paz mientras estos hechos siguen ocurriendo.
Para Mario Lozano, presidente de Expreso Brasilia, el llamado también es para el Gobierno. “Esperamos que estos hechos no se sigan presentando y que en las carreteras esté presente la fuerza pública”. Un vehículo de Expreso Brasilia puede rondar los $550 millones. “Entre tres o cuatro que se pierdan, se pueden sumar hasta $2.000 o $3.000 millones”. Añadiendo todo lo demás, como cese de operaciones y equipajes, las pérdidas pueden ser cercanas a los $5.000 millones.
A pesar de todo, Lozano hace un llamado a la confianza. “Estamos poniendo nuestros buses, a las horas que son, con los servicios que son. Todas las compañías están renovando el parque automotor, poniendo la última tecnología y mejorando los niveles de servicio al pasajero”. Según él, es una responsabilidad que tienen que seguir cumpliendo.
Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado un refuerzo del Ejército a la seguridad en la vía hacia la Costa Atlántica, troncal que comprende las poblaciones de Puerto Valdivia y Tarazá.
mmedina @elespectador.com
@alejandra_mdn
Por María Alejandra Medina C.
