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La semana pasada se conoció el decreto con el que el presidente Gustavo Petro asumirá la regulación de servicios públicos por tres meses. El documento, firmado por el presidente, los ministros de Hacienda, Minas, Vivienda y el director del Departamento Nacional de planeación, deja claro que se reasumirán las funciones delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Comisión de regulación de Energía y Gas.
Este miércoles, Adrián Garza, vicepresidente senior de crédito de Moody’s Investors Service, se pronunció sobre el tema. “El nuevo decreto del presidente Petro para controlar los organismos regulatorios durante un periodo de tres meses crea una mayor incertidumbre sobre el sector energético, lo que podría retrasar nuevas inversiones en Colombia”.
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Garza reconoce que la medida está destinada a controlar las tarifas en medio de la inflación, pero señala que “las decisiones unilaterales que frenen los ingresos y difieran la recuperación de costos de 2023, afectarán negativamente las métricas crediticias de los servicios públicos y las compañías eléctricas en el país”.
Vale la pena recordar que el 9 de febrero Fitch Ratings también pronunció, aunque en ese momento no se había firmado el decreto. “Las propuestas regulatorias diseñadas para frenar la inflación en los mercados energéticos podrían debilitar la rentabilidad de las empresas de servicios públicos al evitar aumentos de precios para compensar los crecientes costos de producción”.
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Para la calificadora, la falta de un marco regulatorio independiente con un proceso de fijación de tarifas que siga consideraciones técnicas para remunerar las inversiones de capital, los gastos y un rendimiento justo del capital podría socavar la confianza de los inversionistas y comprometer la expansión necesaria del sistema y la calidad del servicio.
Más reparos
Intervenir las tarifas, como lo anunció el presidente Petro, no es el camino correcto, según analistas del sector y del mercado financiero. “Lo primero es reconocer que hay un problema en término del aumento tan grande que tuvieron las tarifas de la energía, incluso del gas, el año anterior, bastante por encima de la inflación. Reconociendo ese problema, también es importante hacerlo con la necesidad de tramitar las soluciones a ese problema dentro de la institucionalidad que ha funcionado muy bien durante los últimos 30 años”, señaló en su momento el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
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La situación es más delicada cuando el país comienza a presentar déficit de energía en firme, situación que se acentuará a partir de 2025. Por eso se van a requerir unas subastas en las que se espera la participación de importantes inversionistas del sector.
Las agremiaciones del sector le han pedido al Gobierno justificar jurídica y técnicamente sus razones, pero también cumplir con los requisitos establecidos en la ley si busca cambiar las metodologías tarifarias.
“Democratizar la generación energía”
Este miércoles, el presidente Gustavo Petro, en su visita a la Red Comunitaria de Internet La Red del Viento, aseguró que en el país existe “un oligopolio de seis grandes generadoras de energía, que prácticamente tienen por el cuello, a través del cobro de las tarifas, a la mayoría de la población colombiana”.
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En su discurso, Petro habló sobre “democratizar” la generación de la energía. Y manifestó que la Red del Viento, “se puede multiplicar por 10.000, se puede multiplicar por 50.000, por 100.000 puntos diferentes, en toda la geografía nacional”.
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