Controversia por cifras de evasión en seguridad social

En materia de evasión en el sistema de seguridad social, nadie se pone de acuerdo. Un estudio del año 2012, de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) del Ministerio de Hacienda, hablaba de un monto superior a los $14 billones, “no obstante, en los años siguientes la metodología fue revisada y ajustada por la entidad, y ese valor se corrigió hacia arriba”.

Según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), las cifras actualizadas de la UGPP indican que la deuda con el sistema de seguridad social a junio de 2014 era de $45 billones, la participación de pensiones de 96,7 %, y dentro de ésta, el 81 % de Colpensiones. Para junio del año pasado la deuda había disminuido a $39,8 billones.

El estudio hace un estimativo de la evasión entre los trabajadores independientes declarantes de renta ante la DIAN. “Más del 94 % de los independientes que declaran renta ante la DIAN son evasores de sus cotizaciones al sistema de seguridad social”. Señala que la evasión de este grupo de personas que pertenecen a los estratos altos de la población puede ser “por lo menos $3,0 billones anuales en pesos de 2016”.

Los fondos privados argumentan que la deuda es mucho menor y los empresarios dicen que no creen en el estudio porque hay pagos que se hacen a los empleados que no constituyen salario.

Y mientras las partes se ponen de acuerdo con el monto del pasivo, lo cierto es que el sistema sí siente los efectos negativos por un saldo en rojo. En ese contexto, los fondos privados de pensiones adelantan varias acciones encaminadas a disminuir la deuda. “Se mandan avisos de incumplimiento a los aportantes que no pagan. Se hacen procesos de depuración con los empleadores y finalmente, cuando se agotan las demás vías, se abren procesos ejecutivos”, señala Jenny Aguirre, vicepresidenta de operaciones de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos). Y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, considera que ese tipo de estudios “hay que revisarlos a fondo”.

“En la medida en que no todos los individuos están obligados a realizar aportes a seguridad social, en Colombia, únicamente cerca de 11 millones de personas (aproximadamente 24 % de los ciudadanos) son cotizantes”, dice el informe del Ministerio de Hacienda, elaborado por Germán Darío Machado.

Recomienda que “se debe fortalecer el programa de acciones persuasivas, que durante el año 2015 recuperó cotizaciones de forma directa e indirecta por más de $185.000 millones, mostrando una variación positiva de gestión de más del 300 %”.

Asofondos considera que, en general, se cumplen los estándares de cobro definidos por la UGPP. “Con la UGPP se han adelantado varios esquemas de cobro focalizado en un trabajo conjunto entre administradoras y la unidad”, dice la vicepresidenta de operaciones del gremio privado de pensiones, y recuerda que existe un convenio entre Asofondos y la UGPP a través del cual ésta entrega a las administradoras información que les permite adelantar procesos masivos de depuración y disminución de deuda.

Botero asegura que en las empresas “hay un sinnúmero de pagos que se les hacen a los trabajadores y que no constituyen factor salarial”. Como no se constituye este factor, los empresarios no están obligados a hacer aportes parafiscales. “Mientras no haya claridad sobre qué es lo que verdaderamente corresponde a salario y qué no, es difícil dar esa discusión”.

La deuda reportada por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) indica que a junio de 2014 el saldo de la obligación ascendía a $6,018 billones; un año después cedió, llegando a $4,56 billones. Lo destacable es que al finalizar 2015 el monto se redujo para cerrar en $3,45 billones, y a marzo de este año era de $3,73 billones.

Las AFP aclaran que el no pago puede deberse a evasión, pero también a retiros laborales no informados a las administradoras, “que siguen calculando una deuda por no saber que la persona ya terminó su contrato laboral”.

El Código Sustantivo del Trabajo es claro al establecer lo que constituye salario y lo que no, dice el presidente de Fenalco. “Mientras no se tenga esa diferenciación clara no se puede asumir, como lo hace la UGPP, que todo pago hecho a un trabajador es salario y sobre eso mismo hay que aportar”. Botero cree que esta es la razón por la que se puede pensar que así es que “llegan a un cifra fantasmagórica y fantástica”. “No creo en el estudio”, reafirma Botero.

En materia de evasión en el sistema de seguridad social, nadie se pone de acuerdo. Un estudio del año 2012, de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) del Ministerio de Hacienda, hablaba de un monto superior a los $14 billones, “no obstante, en los años siguientes la metodología fue revisada y ajustada por la entidad, y ese valor se corrigió hacia arriba”.

Según la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), las cifras actualizadas de la UGPP indican que la deuda con el sistema de seguridad social a junio de 2014 era de $45 billones, la participación de pensiones de 96,7 %, y dentro de ésta, el 81 % de Colpensiones. Para junio del año pasado la deuda había disminuido a $39,8 billones.

El estudio hace un estimativo de la evasión entre los trabajadores independientes declarantes de renta ante la DIAN. “Más del 94 % de los independientes que declaran renta ante la DIAN son evasores de sus cotizaciones al sistema de seguridad social”. Señala que la evasión de este grupo de personas que pertenecen a los estratos altos de la población puede ser “por lo menos $3,0 billones anuales en pesos de 2016”.

Los fondos privados argumentan que la deuda es mucho menor y los empresarios dicen que no creen en el estudio porque hay pagos que se hacen a los empleados que no constituyen salario.

Y mientras las partes se ponen de acuerdo con el monto del pasivo, lo cierto es que el sistema sí siente los efectos negativos por un saldo en rojo. En ese contexto, los fondos privados de pensiones adelantan varias acciones encaminadas a disminuir la deuda. “Se mandan avisos de incumplimiento a los aportantes que no pagan. Se hacen procesos de depuración con los empleadores y finalmente, cuando se agotan las demás vías, se abren procesos ejecutivos”, señala Jenny Aguirre, vicepresidenta de operaciones de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos). Y el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, considera que ese tipo de estudios “hay que revisarlos a fondo”.

“En la medida en que no todos los individuos están obligados a realizar aportes a seguridad social, en Colombia, únicamente cerca de 11 millones de personas (aproximadamente 24 % de los ciudadanos) son cotizantes”, dice el informe del Ministerio de Hacienda, elaborado por Germán Darío Machado.

Recomienda que “se debe fortalecer el programa de acciones persuasivas, que durante el año 2015 recuperó cotizaciones de forma directa e indirecta por más de $185.000 millones, mostrando una variación positiva de gestión de más del 300 %”.

Asofondos considera que, en general, se cumplen los estándares de cobro definidos por la UGPP. “Con la UGPP se han adelantado varios esquemas de cobro focalizado en un trabajo conjunto entre administradoras y la unidad”, dice la vicepresidenta de operaciones del gremio privado de pensiones, y recuerda que existe un convenio entre Asofondos y la UGPP a través del cual ésta entrega a las administradoras información que les permite adelantar procesos masivos de depuración y disminución de deuda.

Botero asegura que en las empresas “hay un sinnúmero de pagos que se les hacen a los trabajadores y que no constituyen factor salarial”. Como no se constituye este factor, los empresarios no están obligados a hacer aportes parafiscales. “Mientras no haya claridad sobre qué es lo que verdaderamente corresponde a salario y qué no, es difícil dar esa discusión”.

La deuda reportada por las administradoras de fondos de pensiones (AFP) indica que a junio de 2014 el saldo de la obligación ascendía a $6,018 billones; un año después cedió, llegando a $4,56 billones. Lo destacable es que al finalizar 2015 el monto se redujo para cerrar en $3,45 billones, y a marzo de este año era de $3,73 billones.

Las AFP aclaran que el no pago puede deberse a evasión, pero también a retiros laborales no informados a las administradoras, “que siguen calculando una deuda por no saber que la persona ya terminó su contrato laboral”.

El Código Sustantivo del Trabajo es claro al establecer lo que constituye salario y lo que no, dice el presidente de Fenalco. “Mientras no se tenga esa diferenciación clara no se puede asumir, como lo hace la UGPP, que todo pago hecho a un trabajador es salario y sobre eso mismo hay que aportar”. Botero cree que esta es la razón por la que se puede pensar que así es que “llegan a un cifra fantasmagórica y fantástica”. “No creo en el estudio”, reafirma Botero.