Entrevista con María Lorena Gutiérrez
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“Corficolombiana no ha recibido un solo peso por la Ruta del Sol 2”

La presidenta de Corficolombiana de la sociedad asegura que el Estado debe pagar por las obras construidas y de ahí sacar los recursos para saldar deudas con los terceros de buena fe, pues se trata de una situación que pone en riesgo la financiación de grandes proyectos de infraestructura en el país.

María Lorena Gutiérrez es la presidenta de Corficolombiana desde hace un año./ Gustavo Torrijos

En medio de la polémica por la negociación para pagar las deudas de la Ruta del Sol 2 que adelantaba el Ministerio de Transporte con los siete bancos que financiaron el proyecto, El Espectador habló con María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval que se asoció a través de su filial Episol con Odebrecht y terminó envuelta en el escándalo de corrupción. Gutiérrez señaló que no se trató en ningún momento de un acuerdo para beneficiar al Grupo Aval ni que permita un ajuste de cuentas dentro de la organización.

En cinco días, un Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá definirá el futuro del contrato de la Ruta del Sol 2, tendrá que decidir qué pasará con las deudas con los bancos y si el Estado debe pagar o no por el 52 % de las obras construidas. María Lorena Gutiérrez precisó que Corficolombiana no ha recibido un peso por la construcción de la vía, tampoco ha utilizado un céntimo del Estado para saldar deudas pendientes y que todo se hizo con lo que había en el fidecomiso de la concesionaria. Agregó que sería un desastre financiero si a Corficolombiana le toca responder por todas las deudas.

(En contexto sobre la situación del tribunal de arbitramento: Cuenta regresiva para saber quién pagará las deudas de la Ruta del Sol 2)

Hace más de una semana se conoció sobre un supuesto acuerdo al que estaba llegando el Ministerio de Transporte con los siete bancos —entre ellos cuatro del Grupo Aval— que le prestaron plata a la Concesionaria de la Ruta del Sol. ¿Por qué se dijo que eso se saldaría con la plata de los colombianos?

Se estaba cumpliendo la ley. Tanto la Ley 80 como la Ley 1882 dicen que el Gobierno recibió un bien que no ha pagado —el 52 % de las obras de la Ruta del Sol 2— y que hay que liquidar ese contrato dentro de un tribunal de arbitramento, por lo que hay que reconocer esa deuda. La ministra, antes de que saliera el laudo el próximo 6 de agosto, estaba negociando con los bancos un pago en el que estos renunciaban a los intereses.

¿Cuál era la intención del acuerdo?

Lo que quería el Gobierno eran dos cosas. Lo primero es que, con la situación fiscal del país, cuando se reconocieran las deudas a terceros de buena fe, que son los empleados, la DIAN, los proveedores y los financiadores (bancos), se debía buscar una alternativa para pagar la deuda. El Gobierno quiso negociar con los bancos para pagarles en diez años el capital a través de bonos de deuda pública. Lo segundo que buscaba era que los bancos condonaran los intereses de esa deuda, que estaban rondando los $300.000 millones. Ese acuerdo no era a escondidas y era claro en lo que se alcanzó a discutir: exigía el visto bueno de la Procuraduría y luego del tribunal de arbitramento, cuando saliera la liquidación del contrato. Lo que se estaba haciendo era cumplir la ley, liquidando un contrato y pagando por una obra de la que se recibió el 52 %. Invías va a sacar una licitación por lo que falta por construir en la Ruta del Sol 2 por un valor de $3,6 billones. Estamos hablando de una carretera que costó casi $8 billones al país.

Si bien el tribunal de arbitramento es el que debe definir el costo de la obra, la forma en que se liquidará el contrato y si se debe pagar o no, ¿fue este acuerdo una presión indebida para el tribunal al establecer una cifra que era favorable para los bancos del mismo grupo accionista (Grupo Aval) de la Ruta del Sol 2?

Hay que dejar claro que el acuerdo no se había firmado, se estaba hablando. ¿Y por qué no se podía hacer después del laudo? Porque en el momento en el que el laudo estableciera una cifra, los bancos no podían condonarle los intereses al Gobierno. El comentario sobre el supuesto beneficio a los bancos del Grupo Aval es pescar en río revuelto. Acá son siete bancos y es un préstamo sindicado. Es decir, que es un mismo contrato para todos los bancos que, además, son los financiadores de parte del crecimiento de Colombia.

¿Este acuerdo no se podría ver como un ajuste de cuentas dentro del Grupo Aval por los dineros que perdió Corficolombiana y las deudas que se les pagarían a los cuatro bancos del mismo conglomerado?

En Corficolombiana ya castigamos el recurso invertido en la Ruta del Sol en los estados financieros. Corficolombiana es una empresa con muchas inversiones. Tenemos concesiones, aeropuertos, Promigás y negocios en el sector turismo. Lo que significa Ruta del Sol es poco. Además, que nosotros nunca recibimos un solo peso, porque es un cuento que nos dieron dividendos o utilidades. No es un cruce de cuentas, porque los bancos son otras empresas y otro negocio.

Otra posibilidad que existe es que el tribunal decrete una nulidad ilícita, por lo que se decida no pagar nada. ¿Cuál es el riesgo para Corficolombiana de esa decisión?

Nos tocaría responder por todas las acreencias o deudas que tendría la Concesionaria Ruta del Sol. Ahí están los bancos y proveedores, entre otros. Ese sería el riesgo y sería un desastre financiero.

¿Un desastre financiero para Corficolombiana?

Aparte de que perdimos la inversión, nos tocaría responder por acreencias en una obra que se ejecutó en un 52 %. Sería un doble costo.

¿Y por qué no cobrarle a Odebrecht?

Ustedes han visto el patrón de comportamiento financiero de Odebrecht en los últimos años. Ya existe el fallo de la acción popular en el Tribunal de Cundinamarca que dice que todos los accionistas y responsables somos solidarios. Pero me gustaría ver qué tan solidarios van a ser.

¿Qué precedente sentaría para la financiación de proyectos de infraestructura en Colombia a futuro?

Hay dos mensajes que quiero decir: hay leyes y una institucionalidad. Están la Corte Constitucional, el tribunal de arbitramento, la Ley 80 y la Ley 1882. El papel del acuerdo, de la conciliación de la que se habla ahora, tiene que pasar por unas instancias legales y por la institucionalidad. También me preocupa el esfuerzo que están haciendo este Gobierno y la ministra para destrabar todos estos asuntos que están buscando cierres financieros actualmente. Los mayores generadores de empleo son petróleo y gas, vivienda e infraestructura, y aportan mucho al crecimiento del PIB. Si no evitamos que los bancos se cierren a prestar por el riesgo que corren, estamos haciendo un daño a la economía.

¿Cómo explicarles a los colombianos que no se está pagando con su plata la corrupción de Odebrecht?

Porque nadie ha pagado por el 52 % de la carretera que se construyó.

¿Y lo que se ha pagado a bancos de dónde ha salido?

De la plata que había en la fiducia de la concesionaria.

Es decir, todavía no había plata del Estado en esos pagos.

No.

¿Hay algún temor en el Grupo Aval frente a que sus bancos no sean declarados terceros de buena fe en el tribunal de arbitramento o en la segunda instancia de la acción popular?

En la acción popular el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya dijo quiénes eran los terceros de buena fe. Y no creo que alguien le pidiera al Consejo de Estado que revisara eso en segunda instancia. Uno espera que se falle en derecho y que el tribunal de arbitramento no debería ponerse a fijar quiénes son de buena o mala fe en este momento, porque no tienen pruebas y ya están declarados. Lo único que hace la Ley 1882, la que declaró exequible la Corte Constitucional hace poco, es decir que solo se les puede pagar a los terceros de buena fe con los recursos que faltan para pagar obras construidas. Eso no lo tenía la Ley 80. Por eso digo que esta ley (1882) protege mucho al Estado, porque no se puede pagar a la gente por contratos que no hizo y menos si incurrió en temas de corrupción. Además, tiene un máximo que puede pagar.

Si bien las sentencias no están en firme porque fueron apeladas, los jueces han demostrado responsabilidad de Corficolombiana con la condena del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, y el fallo de la acción popular. ¿Podría el Grupo Aval ser declarado responsable por los hechos que envuelven a Corficolombiana al ser de su principal accionista?

Contra Melo la prueba principal es el testimonio de un directivo de Odebrecht. Segundo, Aval y Corficolombiana se están defendiendo, porque adentro de la organización los pagos que hizo Odebrecht no llegaron hasta las instancias de las que todo el mundo habla, ni se aprobó algo relacionado. Es más, en el momento se pensó que esto era un problema con un socio y no un caso de sobornos.

¿Para demostrar la responsabilidad del Grupo Aval, incluyendo a sus bancos, se debe establecer qué juntas directivas y ejecutivos de todas estas empresas estaban enterados de los sobornos?

Es que cuando dicen que los bancos son responsables es como si sus juntas, o hasta el mismo accionista mayoritario, hubieran participado en la aprobación del soborno al exviceministro Gabriel García. Eso no sucedió.

La imagen de Corficolombiana ante la opinión pública sigue cuestionada por lo que sucedió en la Ruta del Sol 2 y se ha agudizado por todo lo que ha sucedido con los bancos. ¿Cómo se está trabajando para reconstruir su imagen?

Hay que mostrar que Corficolombiana les apuesta a los cuatro sectores más importantes de este país y que estamos financiando $14 billones en proyectos de infraestructura. Eso no lo está haciendo nadie y cabe resaltar que no son recursos del Estado.

¿Cómo están evitando asociarse con una empresa que termine siendo como Odebrecht?

Aprendimos la lección: nunca ser el socio minoritario. Ese fue el dolor más grande del grupo. Pero cabe recordar qué sucedía en 2009. La Ruta del Sol era el primer proyecto de concesión grande del país. Ahora hablamos de más de quince concesiones, pero hace diez años no existían. Si ven los pliegos de condiciones de este proyecto en 2009, la exigencia era que tenía que venir alguien con experiencia, porque en Colombia no existía. Creo que el país aprendió y ya hay grandes empresas de construcción.

¿Hay alguna conciliación con Odebrecht o se han vuelto a sentar los socios?

Desde Corficolombiana podemos decirles que todas las decisiones de la junta directiva de la Concesionaria Ruta del Sol han sido solamente con el voto de Odebrecht, y nosotros tenemos constancias de que en la mayoría nos hemos negado o abstenido. Un ejemplo es el caso de las demandas internacionales que no acompañamos ni apoyamos. Odebrecht decidió, hace como dos años, iniciar una demanda internacional en España y ahora otra ante el Tribunal de París. Pero como los de Odebrecht son mayoría, se iniciaron los procesos.

¿Qué ha pasado con el proceso de disolución que iniciará la Concesionaria ante la Superintendencia de Sociedades?

Una liquidación para nosotros es pasar la página.

Pero ¿esta situación no los ha limitado para seguir invirtiendo en infraestructura?

Corficolombiana sigue muy comprometida con los proyectos que está desarrollando como Pacífico. Estamos esperando que Mulaló-Loboguerrero salga. Tenemos la concesión de los aeropuertos. Otra cosa es que anteriormente el Gobierno pagaba por los proyectos antes de que empezaran, pero, desde que se quitaron los anticipos, las empresas deben ver cómo se financian y al final el Estado les paga en un futuro por las obras. Lo que suceda es muy importante para el Gobierno, en el sentido de que saben que no tienen plata para gestionar proyectos y por eso no pueden perder a los financiadores. Antes eran los problemas porque se robaban los anticipos, pero ahora les toca a las empresas construir para que les paguen. La gente debe entender que estos dineros no son recursos que se robaron del Estado.

¿Hay amenazas desde el sector financiero, incluyendo a Corficolombiana y el Grupo Aval, de no seguir financiando si no les pagan sus deudas?

No. Pero esto es un tema que afecta a todo el país. ¿De quiénes son los recursos que hay en los bancos? De los ahorradores. Y usted tiene que ser responsable de proteger esos recursos, que solo se deberían invertir en negocios en los que exista seguridad jurídica, porque quiénes estarían perdiendo ahí. Por eso hay que responderles a los terceros de buena fe. El mensaje que se le está enviando es que invertir en obras del Estado o infraestructura es de alto riesgo, por lo que el sector privado no se arriesgaría e invertiría en lo seguro.

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2019-08-01T21:00:00-05:00

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2019-08-01T17:19:03-05:00

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Redacción Investigación y Negocios

Economía

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