Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Se sigue calentando el tema de la adjudicación del tercer canal privado de televisión. Crece luego de conocerse el concepto del Consejo de Estado sobre una consulta elevada por la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), María del Rosario Guerra de la Espriella, y por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), sobre el mecanismo que se debería utilizar en la adjudicación y sobre la posibilidad de que quienes integran los consorcios participantes y que tienen en la actualidad espacios de televisión puedan concursar.
La manifestación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado respaldó la fórmula originalmente propuesta por la CNTV y el Ministerio, según la cual el proceso se llevaría a cabo a través de una subasta económica, con valor de 50%, y otra de contenido, también con 50%.
En su pronunciamiento el órgano de consulta señaló que el criterio económico no debe ser el único en la adjudicación, por considerar que quedaría sujeta únicamente al poder económico, “lo cual va en contravía de la Constitución Política”.
Además, el alto tribunal señaló que los integrantes de los consorcios participantes, que en la actualidad tengan espacios de televisión, puedan intervenir. Y si son favorecidos, deberán devolver los espacios adjudicados. Es el caso de Citytv, con el Grupo Planeta y de CM&, con el Grupo Prisa. El tercer participante es el Grupo Cisneros de Venezuela.
Pero la Procuraduría General de la Nación había señalado con anterioridad que el mecanismo idóneo sería la subasta económica y que los actuales concesionarios de espacios de televisión podían participar en la licitación, siempre y cuando renunciaran a los espacios que tienen actualmente, antes del 31 de diciembre de este año, y que debían indemnizar al Estado por entregar las concesiones antes de lo contemplado en los contratos suscritos.
Pero la ministra de TIC, escudada en el pronunciamiento del Consejo de Estado, que no es de obligatorio cumplimiento, sigue sosteniendo que la fórmula de subasta económica y de contenido es transparente, porque la valoración de la calidad de la programación también debe ser evaluada. Aunque el último punto ha tenido reparos por considerarse que se trata de una valoración subjetiva. Incluso, la recientemente aprobada Ley de TIC incluye la subasta como el mecanismo de adjudicación.
Una de las voces que se ha mostrado en contra del proceso que han adoptado la CNTV y el Ministerio es la del director del diario El Nuevo Siglo, Juan Gabriel Uribe, quien ha sostenido que en este caso los intereses nacionales sólo quedan salvaguardados en el mayor precio de la concesión y los dineros que por estos efectos entren a las arcas del Estado. “Una situación en contrario tendría claros visos de detrimento fiscal e igualmente podría bordear el prevaricato”.
Uribe también critica el concepto del Consejo de Estado, porque según él en ningún caso la Ley 182 de 1995 permite consideraciones subjetivas como “la programación más ventajosa para el interés público, la pluralidad de ideas y la diversificación de informaciones”.
El director de El Nuevo Siglo ha sostenido en los editoriales de su periódico que semejantes conceptos, totalmente subjetivos y casi imposibles de evaluar en el tiempo y en el espacio, y que sólo corresponden a un juicio de valor sin referentes jurídicos, no están contemplados en esa Ley.
Otro de los que han mostrado reparos al procedimiento avalado por el Consejo de Estado es el ex comisionado de televisión Eduardo Noriega, quien ayer en entrevista a la emisora W Radio manifestó que se está haciendo todo lo posible para que los colombianos no tengamos un tercer canal y para que los empresarios que legítimamente están aspirando, no lo puedan ganar. Según Noriega, “la CNTV no ha querido asumir con seriedad y rigor la adjudicación del tercer canal”.
Entre los inconvenientes también señaló que la desventaja entre los tres canales se verá en temas de contenido y este proceso será un empujón al abismo a la televisión pública, de por sí ya en estado crítico. Y agregó que las condiciones de contenido que se impondrán al nuevo canal le harán imposible competir con los otros dos.
Otro de los cuestionamientos que se hacen es la oportunidad del proceso, en plena época preelectoral. El cronograma establece que la semana entrante se publicarán los pliegos definitivos, en diciembre se evaluarán las propuestas y la adjudicación se realizará en febrero del próximo año.