Crisis de Air-e: gremios exigen al Gobierno evitar un apagón

Tras un año, Air-e sigue en problemas.

Foto: Pixabay

Continúan los desafíos en torno a Air-e, reconocida empresa de energía de la que se abastecen más de 1,3 millones de usuarios en el Caribe Colombiano.

Producto de diversos desafíos financieros (entre los cuales resalta el desbalance que ha traído la denominada “opción tarifaria”), Air-e fue intervenida en septiembre del año pasado. En su momento, la jugada anunciada por el Ministerio de Minas y Energía se anunció como la manera en que el Gobierno iba a garantizar la continuidad de la prestación de este servicio público esencial.

Tras un año, Air-e sigue en problemas. Ante este panorama, los gremios de Atlántico, Magdalena, y La Guajira, representados en la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, interpusieron una acción de cumplimiento (mecanismo judicial que le permitía las personas exigirle a las autoridades cumplir con sus deberes legales o administrativos).

Las Instauraron una acción de cumplimiento con la que buscan ejercer presión para que el Gobierno dé soluciones alrededor de Air-e.obre las que se genera presión por medio de esta acción de cumplimiento son la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía. Se les pide gestionar los recursos en favor del fondo empresarial para así mantener a flote la operación de las que se benefician millones de personas.

“En la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, se advirtió que la acción de cumplimiento es procedente porque los recursos pueden conseguirse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, y que no implican un gasto presupuestal no previsto”, informaron las organizaciones.

Esta es la lista de hechos con la que los gremios justifican la demanda:

1. El estado de iliquidez de Air-e Intervenida, por el Gobierno Nacional a través de la Superservicios, ha llevado a incumplimientos en el pago de sus obligaciones, lo cual erosiona la estabilidad de todo el sistema de energía eléctrica nacional y compromete la continuidad y eficiencia de este servicio público esencial.
2. Las deudas totales de Air-e suman $3,6 billones de pesos, incluyendo las de antes de la intervención, que eran de $1,9 billones, y las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión, que alcanzan $1,7 billones.
3. Antes de la toma de posesión las deudas con las generadoras de energía sumaban $825.000 millones de pesos. Ahora superan los $2,4 billones, lo que significa que prácticamente se triplicaron en sólo un año de intervención.
4. Durante este primer año de administración de Air-e por parte de la Superservicios, la deuda con las generadoras térmicas alcanza aproximadamente $1 billón de pesos. Tal situación pone en riesgo la operación de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental del sector eléctrico del país y necesitan ingresos constantes para pagarles a sus proveedores de combustibles.
5. Air-e atiende alrededor del 11% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional, SIN, por lo que es responsable del recaudo de aproximadamente $41.000 millones de pesos mensuales para remunerar la actividad de transmisión. La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte en el que representa el 44% de la demanda.

Sumado a lo anterior, los gremios cuestionan que, en 12 meses de intervención, nunca se conoció el plan trazado para Air-e; el plan de inversiones de la empresa se encuentra paralizado, lo que se traduce en el deterioro de la calidad del servicio; la amenaza de un apagón sigue latente; en el año 2026 la compañía estará expuesta a comprar en la bolsa el 70% de la energía que necesita para atender el mercado de Atlántico, Magdalena y La Guajira, porque no tiene asegurado el suministro mediante contratos de largo plazo (eso significa que tendrá que comprar energía más cara y que ese mayor costo lo trasladará a los usuarios con nuevos incrementos de la tarifa).

Para los gremios, agrava la situación que en los últimos 12 meses el Gobierno ha tenido dos ministros de Minas y Energía, 3 superintendentes de servicios públicos y 4 agentes interventores.

“La Veeduría Ciudadana ha presentado solicitudes de información y realizado diálogos infructuosos con los agentes interventores de Air-e y las autoridades nacionales, sin que se le haya dado acceso a lo requerido para ejercer un control social efectivo al proceso de intervención y a la forma como el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes dependencias y entidades, debe dar una solución articulada y de fondo a la prestación del servicio público esencial de energía eléctrica, en términos de continuidad, calidad, eficiencia y plena cobertura a los usuarios de Atlántico, La Guajira y Magdalena”, detallaron.

Entre las acciones implementadas también figura la radicación, ante el Consejo de Estado, una acción de tutela en pro de garantizar los derechos al debido proceso, el derecho de petición, y el acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

“Si bien esperamos resultados favorables de todas estas acciones, seguimos dispuestos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para buscar las garantías necesarias que eviten un apagón en estos departamentos y se asegure la prestación de un servicio estable y de calidad”, concluyeron.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.