El reglamento que les da vía libre a los compradores de casas y apartamentos nuevos para escoger libremente a su operador de telefonía, internet y televisión, tiene enfrentadas a las cabezas máximas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en una pelea tan fuerte que adentro, en el “ring”, ya hay dos ministros del alto gobierno defendiendo a capa y espada los sectores que representan, porque están en juego $1 billón y, ni más ni menos, parte del crecimiento económico de este año.
La discordia salió a relucir públicamente esta semana cuando la CRC confirmó que el Reglamento Técnico para las Redes Internas de Telecomunicaciones (Ritel) entraba en vigencia y desde el 15 de julio todos los constructores de inmuebles nuevos debían cumplirlo. Hasta ahí, todo sonaba muy bien. Colombia se ponía a la altura de la legislación que hoy tienen Estados Unidos, Australia, Francia y España.
“Esta medida contribuye a solucionar los problemas que históricamente se presentaban cuando los operadores desplegaban redes en las edificaciones y establecían contratos de exclusividad con la constructora o la copropiedad, lo cual generaba barreras de entrada a otros operadores interesados en prestar el servicio a los usuarios”, dijo la CRC en el comunicado de prensa con el que informaba la entrada en vigencia de la medida.
Y todo estalló. Camacol se pronunció y advirtió que el Ritel ponía en riesgo la actividad constructora en Colombia y la vivienda social que hoy se desarrolla por parte del Gobierno en asocio con los grandes constructores del país. Sandra Forero, su presidenta, en conversación con El Espectador, fue clara y enfática sobre el reglamento en cuestión: “Es una norma sobredimensionada a la que no se le quiso medir el impacto”.
Pero, ¿qué es lo que los tiene con los pelos de punta y mostrándose los dientes? Resulta que el Ritel establece especificaciones técnicas en materia de ductos, canalizaciones, condiciones de ventilación, ampliación de tableros eléctricos, interruptores, contadores por inmueble, dice qué requisitos deben cumplir los ingenieros encargados de las redes de telecomunicaciones, especifica las certificaciones internas por cumplir y hasta detalla sobre el diseño y la instalación del cableado que debería llegar, básicamente, hasta su televisor.
Entonces, hacer esa serie de ajustes implica nuevos recursos que no estaban en los planes de nadie. Ni en los de los constructores, ni en los del Gobierno que, finalmente, es el que está pagando las casas gratis que les da a los colombianos con menos ingresos y, claro, también a quienes edifican en estratos medio y alto, porque por obvias razones les va a pegar en las cuentas. Mejor dicho, a todo el que quiera comprar un apartamento o casa nueva, le va a tocar pagar más de lo que hoy vale. Y ya, de entrada, siguen los precios por las nubes.
Los protagonistas
¿Qué estudios de fondo hubo antes de poner en marcha el Ritel? Juan Manuel Wilches, director Ejecutivo de la CRC, le dijo a El Espectador que desde el 2011 se hizo el análisis y la primera propuesta regulatoria sobre ese tema. Vinieron tres borradores antes de la expedición y todo el proceso de discusión con la industria y los agentes interesados. “Debía entrar en vigencia en enero de 2014. Sin embargo, hubo comentarios adicionales de Camacol, el Ministerio de Vivienda, algunos proveedores de equipos y fabricantes. Después de eso ya van cinco aplazamientos, el último fue con fecha de julio de 2015, cuando entró en vigencia”.
Pero Forero le respondió que “en cuatro años de trabajo se cometió el error de desconocer los impactos (del Ritel). Nosotros terminamos siendo quienes los medimos y se los presentamos, y esa era una labor del ente regulador. A pesar de hacerlo, ellos sacaron la norma”. Con cifras en mano, dice cuánto se van a encarecer cada una de esas viviendas: “Entre 1,9 y 2,8 millones de pesos”. Así las cosas, “el país necesita recursos adicionales por $1 billón para cumplir con la meta de las 400.000 viviendas de interés social, incorporando las exigencias del Ritel. Esto es inviable en las actuales condiciones económicas del país”.
Wilches, desde su esquina, tiene otras cuentas en sus haberes. Asegura que en las viviendas de interés social prioritario (VIP) el impacto de la medida asciende aproximadamente a $286.000, mientras que para viviendas de interés social (VIS) será de $526.000. “No hemos recibido información detallada de ellos sobre esas estimaciones. Nosotros, por el contrario, sí les entregamos a ellos nuestras estimaciones durante la discusión que tuvimos en los últimos meses”, responde Wilches.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, tiene una posición contundente en medio de la pelea. “Ese reglamento de la CRC llega en el peor momento, la Comisión tiene que salir un poquito más a mirar qué está pasando en la economía. Yo creo que se tiene que modificar, porque no es bueno para el sector. Va a impactar a todos lo operadores de vivienda del Ritel, los materiales que impone ni siquiera están en el mercado. Esto genera costos muy altos para la producción. Impacta la VIS y le da el acta de defunción a la VIP, que es la que va hasta $43 millones. Lo que demuestra la CRC es un gran desconocimiento, generará una parálisis en el sector desconociendo la orden del presidente Santos de emitir reglamentos que hagan que el país sea más competitivo”.
¿Quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo mentiras? ¿Quién le dio información a quién? La CRC, al final, está buscando defender los derechos de los usuarios en la libertad de escoger el operador que más les convenga, pero Camacol está defendiendo la sostenibilidad de un nicho de su sector que ha sido uno de los que más han jalonado el empleo y, por la misma ruta, el crecimiento de la economía.
Justo en medio del acalorado debate, El Espectador conoció la carta que el ministro de Vivienda le envió al de las TIC, David Luna, pidiéndole que suspenda indefinidamente la vigencia del Ritel. Allí, palabras más, palabras menos, se esgrimen cinco argumentos que sustentan la solicitud: 1. Las viviendas serán más caras. 2. Los insumos para cumplir con el Ritel deben importarse porque no se hacen en Colombia, lo que subirá los costos. 3. El mantenimiento de las redes lo deben hacer los propietarios de los apartamentos, cuando lo deberían hacer los operadores. 4. No hay personal certificado que domine el tema en Colombia. 5. Los mismos operadores de telecomunicaciones pidieron mantener en sus obligaciones el mantenimiento de dichas redes. En manos de David Luna, ministro de las TIC, está la decisión de mantener la medida apoyando a la CRC, o dar el brazo a torcer y darle la razón al sector que más viene creciendo en el país.