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Un camión con leche tiene dos días. Después, deja de ser alimento y se vuelve pérdida.
Desde el 9 de abril, ese reloj corre más rápido en Santander y Boyacá. Los bloqueos por el alza del impuesto predial, detonados por la actualización catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), empezaron a cerrar rutas clave en dos de las principales cuencas lecheras del país.
Según Asoleche, “estos bloqueos han interrumpido de manera significativa los corredores logísticos”, afectando la recolección, el procesamiento y la distribución. En Santander, la situación ya es crítica. Hay rutas donde la recolección está completamente detenida. En Boyacá, el paso intermitente apenas alcanza para retrasar lo inevitable.
La cadena no tiene margen. Cada hora de cierre es una hora menos dentro de ese límite de 48 horas. Algunos transportadores han optado por rutas alternas, con fletes más caros y tiempos más largos.
Quienes protestan son, en muchos casos, los mismos productores que se quedan sin vender. “El bloqueo total o intermitente de vías impide que esos mismos productores puedan vender su ordeño”, advirtió el gremio. La tensión entre el reclamo tributario y la supervivencia económica aparece sin filtros.
Los bloqueos, además, no responden a una sola voz. Aunque la Gobernación de Santander anunció acuerdos iniciales tras cuatro días de paro, en puntos como Lebrija la protesta siguió por decisión de grupos que no se sintieron representados en la negociación. “Nos estamos haciendo daño los santandereanos; si bien los campesinos están afectados por un aumento desmesurado del avalúo catastral, también hay otros santandereanos afectados”, dijo el gobernador Juvenal Díaz. En ese mismo corredor, clave para el acceso al aeropuerto Palonegro, los cierres se mantienen de forma esporádica mientras avanzan conversaciones con el Gobierno nacional.
En el sector avícola, los números ya dejaron de pasar desapercibidos. Hay millones de unidades detenidas. “Tenemos en este momento 10 millones de huevos represados y 1.500 toneladas de carne de pollo que no están pudiendo llegar”, dijo Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, en entrevista con Caracol Radio.
Por otro lado, en los gremios circula una cifra más grande: 12 millones de huevos acumulados y una exportación cancelada de tres millones de unidades hacia Cuba.
El problema no es solo sacar el producto. Es sostenerlo vivo. En Santander, unas 57 millones de aves dependen de un flujo diario de alimento que ya no está llegando con normalidad. Se requieren cerca de 7.000 toneladas diarias. “Tenemos provisiones solo para dos o tres días”, reconoció Moreno. En algunas granjas ya hay restricciones en la alimentación.
La cadena se empieza a doblar por varios puntos al mismo tiempo.
Las pérdidas diarias en el departamento rondan los COP 120.000 millones, según la Alianza por Santander.
Hay 800 camiones diarios afectados en corredores como la Ruta 45. Más de COP 5.000 millones en pérdidas solo en transporte de carga. En Lebrija, uno de los nodos de distribución, el bloqueo dejó sin salida productos por entre COP 6.000 y COP 7.000 millones.
Todo empieza a conectarse
El transporte aéreo tampoco quedó al margen. El aeropuerto Palonegro, en Bucaramanga, opera bajo presión. El acceso del personal en tierra y el abastecimiento de combustible están comprometidos. El gremio de las aerolíneas, IATA, alertó que “los hechos recientes han dificultado el acceso del personal en tierra al aeropuerto y el abastecimiento de combustible, poniendo en riesgo la continuidad de la operación”.
La demanda cayó 44 %. Unas 14.000 personas afectadas. Más de 120 vuelos cancelados.
Latam Airlines activó un plan de protección para vuelos desde y hacia Bucaramanga entre el 10 y el 15 de abril, con cambios de fecha sin multa y sin diferencia tarifaria, sujetos a disponibilidad. La compañía confirmó afectaciones en su operación y señaló que se mantiene a la espera de la reapertura plena del aeropuerto. “Lamentamos los inconvenientes que esta situación, ajena a nuestra voluntad, está generando a nuestros pasajeros”, indicó.
En tierra, la situación es peor. El transporte intermunicipal se redujo cerca de 90 %. Más de 100.000 pasajeros diarios quedaron atrapados.
El origen del conflicto sigue ahí
El incremento del impuesto predial, impulsado por la actualización catastral, golpea con más fuerza en zonas rurales donde la capacidad de pago no crece al mismo ritmo que el avalúo. Asoleche dijo que los reclamos “son legítimos”.
El punto de quiebre tiene nombre propio: la Resolución 2057 de 2025 del IGAC, que elevó los avalúos catastrales en cientos de municipios, en algunos casos hasta triplicarlos. El movimiento Unidos por un Catastro Justo pide suspender sus efectos, frenar cobros e intereses y revisar una actualización que, alegan, quedó desconectada de la capacidad de pago rural. “Mucha gente no está en desacuerdo con las actualizaciones; está en desacuerdo con la forma tan desproporcionada en la que se está realizando”, advirtió el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla.
Desde el Gobierno, la lectura es distinta. El Ministerio de Transporte sostuvo que el avalúo catastral no equivale automáticamente a un aumento en la misma proporción del impuesto predial. Recordó que el valor final depende de tarifas definidas por el Concejo Municipal, el Estatuto Tributario municipal y los límites que fija la ley.
En predios rurales, el incremento anual generalmente no puede superar el 50 % frente al año anterior, según la Ley 1995 de 2019, con topes mayores para extensiones superiores a 100 hectáreas. “No se dejen engañar: una cosa es el ajuste del avalúo y otra cosa es la liquidación del impuesto”, señaló la entidad.
Pero el malestar, como los gremios explicaron, ha generado una especie de efecto dominó.
Los gremios coinciden en la necesidad de abrir las carreteras. Aunque suene a obviedad que nadie logra ejecutar: abrir las carreteras. “No podemos permitir el bloqueo de vías, porque todos los consumidores terminamos pagando”, dijo Moreno, de Fenavi.
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