6 Jul 2022 - 2:00 a. m.

¿Cuáles serán los retos de la política digital del próximo gobierno?

Desde el cierre de brechas digitales, pasando por despliegue para vigilancia de la sociedad, la próxima administración deberá definir el camino a seguir en un espectro de la realidad que terminará por determinar buena parte de la experiencia vital de todos, aunque se hable poco de ello.

Fundación Karisma

Foto de referencia. / Getty Images
Foto de referencia. / Getty Images

Esta pregunta que nos hacen a quienes trabajamos en temas de tecnología no es fácil de responder, porque es un tema transversal que afecta múltiples espacios. El recorrido en cualquier escenario empieza por hablar de brecha digital.

Son varias las brechas digitales. No solo se trata de conectar a las personas a internet, sino de generar las condiciones para que el acceso a la tecnología sea de calidad y equitativo, y que las personas cuenten con los conocimientos necesarios para usarlo y aprovecharlo.

La conectividad sigue aumentando en el país y supera el 70 % propuesto en el gobierno Duque, pero eso está lejos de ofrecer un entorno digital garante de derechos y apropiado para el desarrollo económico y social. La conectividad crece esencialmente de la mano de los celulares en planes prepago, lo que quiere decir que no es permanente ni de calidad.

Como lo constatamos en la pandemia, la brecha digital en uno de los países más inequitativos de la región y del mundo castiga con más fuerza a la ruralidad, a las mujeres, a la población empobrecida, racializada y aislada. En general, todavía no se dan las condiciones para que la población en sentido amplio pueda hacer uso significativo de la tecnología digital.

Abordar la complejidad de la brecha digital es central para enfrentar los problemas estructurales de nuestra sociedad. Pensemos en el hambre, que tiene para el gobierno Petro-Márquez especial centralidad. El Estado deposita cada vez más su confianza en la tecnología para hacer llegar las ayudas a las personas más necesitadas. En la pandemia la solución de urgencia para contactar a quienes seleccionaron como beneficiarios de programas sociales fue pedir a las empresas proveedoras de los servicios celulares que le dieran al Departamento Nacional de Planeación sus números de celular, pero hubo errores y apenas funcionó en la emergencia para contactar y llegar a esas personas.

Sin embargo, lo que pudo servir como una respuesta de emergencia no puede ser la solución final, pues desconoce la realidad de las comunidades. El celular no es un número de identificación, es un servicio en el mercado que -entre las personas empobrecidas, especialmente- usualmente es compartido, responde a planes prepago y tiene un alto nivel de rotación. Las personas empobrecidas no mantienen el número del celular que quedó asociado y al que le llega la información sobre los programas, y sin eso muchos subsidios quedan en el limbo o sin reclamar. Si no se trabaja en entender las conectividades intermitentes de la brecha digital y en ofrecer mecanismos de atención que no dependan de la tecnología y de empresas privadas, la capacidad del Estado para llevar los servicios a las comunidades y, por lo tanto, garantizar los derechos fundamentales a la población más vulnerable será una constante falla.

Algo parecido pasa con los servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Para solicitar un trámite se debe suministrar un correo electrónico. Para las poblaciones más afectadas por la brecha digital esta no es una forma de comunicación -mucho menos un canal de notificación formal-. Los correos se crean en un café internet o lo hace alguien de la familia, y muchas personas no sabrán cómo consultarlo luego. ¿Puede el Estado colombiano seguir desplegando servicios digitales en una sociedad dividida, en la que una buena parte de la población sigue desconectada a muchos niveles? Y todo esto sin mencionar que existen personas que no quieren tener presencia en línea.

A nivel internacional la discusión sobre la explotación de datos que se deriva de la digitalización es muy amplia y no se limita al uso de nuestros datos por las empresas, así como se discute cómo debe ser el uso por parte de los Estados, tanto de los datos que le entregamos para que nos provea servicios, como de los que produce, pero también de los que obtiene pidiéndolos a las empresas privadas con los que tenemos contratados servicios.

Así, por ejemplo, durante los próximos años habrá que regular el registro de identificación de la RNEC. El alcance de la gestión que hace esta de los datos biométricos de nuestra identificación, que es centralizada y obligatoria, debe establecerse legalmente para definir cómo son usados por la Fuerza Pública, vendido su acceso para autenticación a privados -como bancos y notarias- o hablar de los riesgos de que lo integre cualquier tipo de información biométrica.

El uso que hará el Estado de los datos que tienen los privados es un importante desafío de política pública que no puede depender de autorizaciones legales sin límites ni garantías. Habrá que discutir el proyecto de ley de estadísticas nacionales, que permite el uso de datos alternativos -los que se producen en nuestra relación con las telefónicas o con las redes sociales- por parte del DANE. Seguiremos cuestionando, además, la autorización de la ley de seguridad ciudadana para el acceso de la Policía a las cámaras de vigilancia de privados. En cualquier caso, es urgente que la Procuraduría asuma su responsabilidad como autoridad de protección de datos del sector público, algo que aún no ha pasado.

En otros terrenos, la política pública debe vigilar que la datificación de la sociedad no impacte negativamente la calidad de vida y la dignidad. Se deberán abordar los retos que implica el trabajo en plataformas digitales como Rappi, Uber o Youtube, no solo porque hay que pensar en cómo trasladar los derechos laborales a estos espacios en la era digital, sino además porque la datificación define el espacio de trabajo, así como otras dimensiones de nuestra vida individual y compartida. La plataforma es la que les cancela servicios sin explicación, les incentiva a trabajar más tiempo o define los lugares donde pueden trabajar, por ejemplo, controlando sin explicación ni garantías su trabajo.

Otros retos de esta digitalización para la política pública se refieren a problemas antiguos que se vuelven muy actuales. Por ejemplo, tenemos la necesidad de reevaluar la visión hegemónica de la propiedad intelectual exclusivamente como una herramienta de extracción de valor. Esta visión ignora completamente el rol de la cultura, la ciencia y el conocimiento como un proceso colectivo y frecuentemente más asociado con la creación de un bien común que a la producción de una mercancía. Se requiere equilibrar la regulación del derecho de autor para repensar el acceso al conocimiento y la cultura, para buscar el balance en la relación entre autor-titular-audiencias.

La reciente entrega del informe de la Comisión de la Verdad resaltó la importancia de pensar los procesos de memoria desde lo digital. Hay que pensar en el patrimonio histórico que nace en formatos físicos, en cómo llevarlo al formato digital aumentando las posibilidades de acceder a él, pero también pensar en la memoria del país que nace en formato digital.

Nos preocupa que en las redes sociales pasa la vida política del país -el presidente interviene en política, los políticos renuncian a su partido o las Farc reconocen errores, o los funcionarios toman decisiones desde su cuenta personal- sin que la estemos preservando sistemáticamente. Algunos esbozos de esta problemática han dejado los dos gobiernos anteriores, pero ninguna medida concreta que permita su resguardo real más allá de los esfuerzos de la Biblioteca Nacional.

El Estado debe asegurar que las tecnologías digitales promuevan la libertad de expresión y protejan la intimidad. Con este fin debe trabajar para combatir la violencia que ocurre en espacios digitales, como un problema en crecimiento que afecta especialmente a poblaciones vulnerables como mujeres, poblaciones étnicas, personas con discapacidades y población LGBTI. Habría que trabajar más en los problemas que les dan origen a esas violencias y no solo a respuestas de moderación de contenidos. Asimismo, el Estado debe respetar el derecho a la protesta social y regular el uso de tecnologías por parte del Estado en el espacio público -tanto físico como digital-, por ejemplo, regular los drones y evitar el despliegue de bloqueadores de señal.

En cuanto al uso de tecnología para restringir derechos hay muchos ejemplos que requieren revisión. Autoridades como la SIC, el Ministerio de las TIC o la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) tienen funciones relacionadas con bloqueos de contenidos en internet que van desde protección de datos, contenidos de explotación sexual de menores, apuestas ilegales o propiedad intelectual, y con frecuencia realizan esas funciones sin ajustarse a estándares de derechos humanos, que obligan a que haya decisiones públicas, ajustadas a principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. También está el caso del uso del reconocimiento facial por la Fuerza Pública, un uso que debería estar prohibido o como mínimo se debería implementar la moratoria propuesta por las Naciones Unidas mientras no haya claridad sobre su impacto.

Las amenazas de ciberseguridad siguen en aumento y pueden representar una importante amenaza a la seguridad nacional, pero sobre todo afectan a las personas. Por eso es clave que una regulación sobre ciberseguridad cuente con una gobernanza de múltiples partes interesadas, en la que la sociedad civil tiene un rol importante, y se desarrolle el principio de corresponsabilidad, creando canales seguros y confiables de reporte y respuesta a vulnerabilidades e incidentes.

Finalmente, aunque no menos importante, están la reflexión y resistencia al despliegue de tecnología para diseñar sociedades altamente vigiladas. Los Estados necesitan tener capacidades de vigilancia para combatir la criminalidad y proteger a las personas, pero son facultades que implican una importante responsabilidad y, por lo tanto, la necesidad de pensar el uso de la tecnología en forma cuidadosa.

Durante los próximos años deberemos revaluar la ley de inteligencia, la de seguridad ciudadana y otras normas similares, con el propósito de refinar conceptos como el de interceptación de comunicaciones que, con autorizaciones legales para acceso directo a la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones o monitoreo del espectro, se saltan las garantías propias de los estándares internacionales en esta materia (cada vez extrañamos más las órdenes judiciales previas).

Queda claro que retos es lo que hay en materia de política digital. Pensémoslo como una gran oportunidad de construir un mejor país, más incluyente, más respetuoso con los derechos, que avance hacia la justicia social y donde se permita ser y hacer, también desde lo digital.

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