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El aumento salarial de 2026 para buena parte de los servidores públicos será de 7 %, según el Decreto 312 de 2026 y el paquete de decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional el pasado 25 de marzo. La medida cobija a servidores públicos de entidades nacionales de las ramas Ejecutiva y Judicial, así como a docentes.
El aumento de 2026 salió de la fórmula acordada un año atrás en la Mesa de Negociación del Sector Público: tomar la inflación de 2025, que fue de 5,1 %, y agregarle 1,9 puntos porcentuales, y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero.
Según explicó Función Pública en un comunicado publicado el 27 de marzo, el incremento deberá pagarse con retroactivo a enero de 2026. Eso significa que las entidades tendrán que reconocer la diferencia entre el salario que cada trabajador venía recibiendo y el nuevo monto ajustado con el alza de este año.
En ese mismo comunicado, sin embargo, Función Pública no señaló una fecha exacta para el pago del retroactivo. Lo que indicó fue que el aumento deberá aplicarse y pagarse desde enero de 2026, por lo que el giro dependerá de cuándo cada entidad ajuste su nómina.
Así funciona el aumento salarial de empleados públicos
El monto del retroactivo no será igual para todos, porque depende del salario de cada empleado. Por ejemplo, si un trabajador ganaba COP 3.000.000 mensuales, un aumento de 7 % equivale a COP 210.000 más al mes. Si su entidad le reconoce ese ajuste después de varios meses, el retroactivo corresponderá a la suma acumulada de esa diferencia desde enero.
Si ese ajuste retroactivo se paga, por ejemplo, en abril, el retroactivo acumulado desde enero sería de COP 630.000, correspondientes a enero, febrero y marzo. Si se reconoce más adelante, la suma seguiría creciendo con cada mes pendiente.
Función Pública agregó que el aumento de la Rama Legislativa, así como el de uniformados, empleados oficiales y servidores de entidades territoriales, se fijará de acuerdo con la autonomía de cada caso, aunque deberá tomar como referencia lo acordado en la Mesa de Negociación del Sector Público (el aumento del 7 %).
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