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El lunes se inició formalmente la discusión para definir el incremento que tendrá el salario mínimo el próximo año. Centrales obreras, Gobierno y empresarios tienen hasta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo.
El inicio de esta discusión ha estado marcado por tensiones. Por un lado, la anticipación de las posturas que presentarán las centrales obreras (y que respaldaría el Gobierno) —que le apuestan a un aumento de dos dígitos, lo que llevaría el salario mínimo a cerca de COP $1.800.000 incluyendo el auxilio de transporte—. Y por otro, la decisión del presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, de no participar este año en la mesa de concertación al considerar que no existen las garantías necesarias para la concertación.
Llegar a un acuerdo no es fácil porque, tradicionalmente, los empresarios y trabajadores se paran sobre teorías económicas distantes.
Según lo han expresado en los últimos años los empresarios, subir demasiado el salario mínimo puede ser contraproducente, ya que aumenta los costos de contratación. Esto, a su vez, limita la capacidad de las empresas para vincular más personal o, en algunos casos, las lleva a reducir su planta. Además, advierten que, para compensar ese incremento en los costos, muchas veces se ven obligadas a subir los precios de sus productos y servicios, lo que termina alimentando la inflación.
Se espera que este año ese argumento tome más fuerza, ya que al aumento del salario mínimo se sumarán los costos que traerá la reforma laboral, como la ampliación de la jornada nocturna y el incremento en los recargos por trabajo en días de descanso.
Las centrales obreras, por su parte, señalan que un buen incremento del salario mínimo se traduce en empleados con un mayor poder adquisitivo, lo cual deriva en un crecimiento en el consumo y, por ende, más ventas e ingresos para las empresas que, para atender la creciente demanda, tendrán que contratar a más trabajadores.
Como lo ha plasmado en diversas intervenciones, la postura del presidente Petro se alinea con la de los sindicatos. Recientemente destacó que, aún con las considerables alzas que ha tenido el mínimo en los últimos años, el desempleo ha retrocedido (en septiembre alcanzó la tasa más baja que se ha registrado para ese mes desde el año 2001, al consolidar un 8,2 %).
En palabras más coloquiales, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El alza del salario mínimo no puede ser una cifra tomada a la ligera, sino más bien el resultado de un cálculo minucioso.
La semana pasada, Fedesarrollo señaló que un aumento razonable para el salario mínimo sería del 6 % o del 6,5 %. La base técnica para esto es la suma de la inflación estimada para el cierre de este año, que es del 5,2 %, y la productividad que independiente de su medición fluctúa entre -0,3 % y +0,9 %.
¿Cuántos trabajadores ganan un salario mínimo?
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de enero a octubre del presente año el mercado laboral colombiano registró más de 23,71 millones de ocupados.
De estos, la mayoría devenga menos de un salario mínimo, que son 11,38 millones de personas, o el 47,99 % de los trabajadores en Colombia.
Los que ganan un salario mínimo son 2,40 millones de ocupados, o el 10,12 % de esta población; mientras que los que ganan más de un salario mínimo se cuentan en 9,93 millones, lo que se traduce en una participación del 41,88 %.
Al comparar estas cifras con las del año pasado, se observa que el número de ocupados aumentó en 790.000 personas. Sin embargo, también creció el grupo que gana menos de un salario mínimo, con 1,28 millones de personas adicionales, mientras que el número de quienes reciben exactamente un salario mínimo disminuyó en 1,31 millones. Por su parte, los trabajadores que devengan más de un salario mínimo aumentaron en 820.000.
Una discusión que impacta directamente a sólo uno de cada diez trabajadores podría parecer irrelevante, pero no lo es, ya que del salario mínimo se desprenden otros temas que impactan el bolsillo de la mayoría de la población.
Por ejemplo, en materia de vivienda, lo que se considera una de tipo VIS o VIP se calcula con base en salarios mínimos, así como los subsidios que se otorgan para la compra de estas. También las administraciones de los conjuntos residenciales suelen echar mano de este dato para calcular el incremento de las cuotas.
También sube juntamente con el salario mínimo el auxilio de transporte que, en Colombia, es obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos; las cuotas moderadoras y copagos en salud; y algunas sanciones y multas.
Entendiendo el argumento de que si sube el salario mínimo “sube todo”, la mesa de concertación ha trabajado en los últimos años para desindexar de este ingreso la mayoría de cobros. Ya se ha logrado desvincular cerca de 200, y para este año se buscará avanzar en temas de vivienda. Quedan también en la lista temas de combustible y servicios públicos.
Con las desindexaciones se busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente de aquellos que no devengan un salario mínimo, pues el aumento de sus ingresos suele ser inferior.
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