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Como una manera de darle una actualización al sistema socialista de Cuba, la Asamblea Nacional de ese país dará un debate este sábado en un pleno extraordinario para tramitar la nueva Ley de Inversión Extranjera la cual forma funcionaría como complemento de una serie de reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro. Uno de los puntos clave de esta iniciativa, es el otorgamiento de beneficios fiscales.
De acuerdo con los medios oficiales de la isla, el objetivo del gobierno cubano consiste en dar incentivos a los inversionistas extranjeros lo cual contribuiría "eficazmente al desarrollo del país". Según el proyecto de ley, las iniciativas se orientarán en diversificar y ampliar los mercados de exportación, en acceso a tecnologías avanzadas y en sustitución de importaciones (este último aspecto tiene énfasis en priorizar la producción de alimentos).
Otro de los puntos destacados de este proyecto es un régimen especial de impuestos que incluye una exención tributaria sobre los ingresos personales de los inversionistas extranjeros que sean socios en empresas mixtas o parte de contratos de asociación económica internacional. Asimismo, está sobre la mesa un objetivo que radica en eximir por ocho años del impuesto sobre utilidades a quienes inviertan en el país.
El gobierno cubano aprovecharía los recursos de la inversión extranjera para inyectar capital en todos los sectores de la economía, salvo en salud, educación e instituciones militares. Adicionalmente, la iniciativa plantea que la contratación de trabajadores locales –aspecto que preocupa a los empresarios extranjeros-, se seguirá haciendo a través de una agencia de empleo que maneja el Estado.
Sin embargo, conocedores de la iniciativa sostienen que la nueva ley –que busca cambiar la legislación vigente desde 1995-, pretende dar protección y seguridad jurídica a los capitales foráneos al tiempo que garantiza que esas inversiones no podrán ser expropiadas salvo por motivos de utilidad pública o interés social declarados por el Consejo de Ministros.
Hasta el momento, de acuerdo con el diario oficialista cubano Granma, en los últimos días se han realizado reuniones en los que los miembros de la Asamblea Nacional han venido resolviendo interrogantes asociados a la nueva ley y realizaron sugerencias de modificaciones. Las principales preocupaciones han girado en torno al régimen laboral asociado a la inversión extranjera, a las condiciones tributarias, a la protección del medio ambiente y a los intereses de los trabajadores.
Actualmente, en la isla existen tres modalidades de inversión extranjera: compañías de carácter mixto (en las que el Estado tiene al menos un 51% de las acciones), contratos de asociación económica internacional y pocas empresas de capital totalmente foráneo.