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Aunque los decretos no se han dado a conocer de manera oficial, se sabe que contemplan la obligación para las entidades financieras de ofrecer cuentas de bajo monto (dos salarios mínimos) gratuitas al estrato uno y desplazados, sin costo por dos transacciones y una consulta y exención tributaria a créditos de hasta $2 millones, en especial para las zonas más afectadas por pirámides. Las cuentas estarían exentas del 4x1.000.
Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), ha manifestado que “preocupa que al sector financiero se le obligue a prestar servicios poco rentables, utilizando un estado de excepción como la emergencia social”.
Otra medida tiene que ver con la implantación de cerca de 50 mil datáfonos y cajeros automáticos en zonas marginadas. Para ello, el Gobierno daría facilidades tributarias para su importación, como aranceles e IVA.
Para mitigar el impacto de los descalabros causados por las captadoras ilegales, el Presidente firmó un tercer decreto relacionado con el traslado a Acción Social de $140 mil millones, no ejecutados, para fortalecer los programas de créditos y recursos de Familias Guardabosques y Familias en Acción.