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El pasado 9 de diciembre se adjudicó uno de los procesos de licitación más ambiciosos de este Gobierno: el que buscaba conectar a internet 10.000 sitios, principalmente escuelas rurales, durante por lo menos 10 años. El resultado estuvo por encima de las expectativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), pues los ganadores —que fueron dos, cada uno a cargo de regiones distintas: Claro y una unión temporal denominada Centros Poblados— finalmente se comprometieron a conectar más de 14.700 puntos por 11,5 años.
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La audiencia de adjudicación, en su momento, también duró más de lo esperado. Una recusación contra la ministra Karen Abudinen frenó el proceso. La razón fue que el apoderado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería, que finalmente no ganó), el abogado Camilo Valencia, también prestó servicios de asesoría jurídica a la ministra en el marco de un contrato que vencía el 31 de diciembre del año pasado.
La recusación, que apuntaba a un conflicto de intereses, finalmente fue rechazada por el consejo de ministros y el proceso de licitación concluyó. Sin embargo, una nueva polémica, de mayores dimensiones si se quiere, rodea el proyecto para el cual se destinó una inversión de $2,1 billones. En medio de un proceso que se abrió contra Centros Poblados por un aparente incumplimiento (retrasos en la ejecución), se conoció de una supuesta falsedad en la garantía bancaria que el hoy contratista presentó durante el proceso de licitación.
La Unión Temporal Centros Poblados, vale la pena recordar, recibió en licitación un contrato por $1,07 billones para cubrir la región denominada “B”, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada. Para ganar, Centros Poblados ofreció 2.526 puntos conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales de velocidad (es decir, 12 mbps como mínimo), para un total de 7.277 centros conectados durante 11,5 años.
Según le contó a este diario la ministra Abudinen, en el marco del proceso de incumplimiento fue llamado el banco Itaú, que se suponía que había emitido la garantía bancaria. Fue entonces que la entidad financiera le hizo saber al Ministerio que no le había otorgado eso a Centros Poblados. “Le confirmo que el banco Itaú Corpbanca Colombia S. A. no está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto la garantía bancaria N° 2020-1156-01002 no fue expedida por el banco”, dijo por escrito Claudia Mercedes Cifuentes, representante legal de Itaú, y agregó que darían “noticia de esta situación a las autoridades penales”.
Así también lo hizo el Mintic, que el 25 de junio pasado informó: “El Ministerio TIC procedió de manera inmediata a presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación”. Además, llevó a cabo una audiencia para declarar la caducidad del contrato con Centros Poblados, es decir, la sanción más drástica que hay en materia contractual en el país. En medio de esa audiencia, Centros Poblados sostuvo que actuó de buena fe.
El argumento del contratista es que a través de la firma Rave gestionó la garantía bancaria en cuestión. El apoderado de Centros Poblados, entonces, contó que también denunciaron lo sucedido y que piden que se esclarezca si la garantía es falsa o no, por lo cual también solicitan que se investigue si algún funcionario de Itaú obró indebidamente o sin autorización. Itaú le explicó por escrito a este diario: “Las garantías en mención son falsas y en ningún caso han sido emitidas por el banco. Itaú ha puesto en conocimiento de las autoridades la falsificación de los documentos y les ha solicitado investigar la situación hasta llegar a los responsables. El banco ha entregado a la Fiscalía todos los documentos que prueban la falsedad de las garantías presentadas”.
La audiencia citada para la caducidad fue suspendida para analizar todo lo presentado. La ministra de TIC también le dijo a este diario que solicitaron un concepto a la firma SES Colombia, que fue la que en su momento recomendó aceptar la garantía para el proceso. “Remitimos (a SES Colombia) para que nos dijeran bajo qué entendido nos habían avalado la respectiva garantía (…) Dice que cumplía con todos los requisitos para una garantía y que tenía todas las condiciones para ser aprobado”, le dijo la funcionaria a El Espectador.
El próximo miércoles, 7 de julio, se reanudará la diligencia. Por el momento, según Abudinen, existen varios escenarios. No descarta que Centros Poblados haya actuado de buena fe, como tampoco la posibilidad de una terminación o caducidad del contrato. “Estamos haciendo los análisis para determinar cuáles serían las implicaciones”, dijo la funcionaria. Durante la audiencia, por cierto, Centros Poblados manifestó su intención de presentar una nueva garantía, para poder continuar con la ejecución del contrato, mientras la Fiscalía actúa.
¿En qué va el proyecto?
En el proceso de licitación de los 10.000 centros digitales (que terminaron siendo más de 14.700), Claro obtuvo la región “A”, conformada por los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. El entonces proponente ofreció 2.800 centros conectados adicionales, por 18 meses adicionales y 6 mbps adicionales (la velocidad mínima era inicialmente de 6 mbps), para un total de 7.468 centros conectados por 11,5 años y un valor de $1,06 billones.
Según datos del Mintic, Comcel (comercialmente Claro) reporta 1.280 centros instalados, en tanto que la Unión Temporal reporta 500. Pese a que esto es lo reportado, agrega el Ministerio, no significa que estén aprobados, pues el proceso que sigue es ir a verificar la instalación y que el interventor apruebe. La ministra de TIC agregó que en el seguimiento a la ejecución de Claro también hay programada una audiencia, pues habría registrado incumplimientos.
Por el lado de Centros Poblados, el argumento ha sido que dificultades derivadas del COVID-19, de los bloqueos y hasta de lo sucedido en el canal del Suez han impactado su ejecución. Fueron esos retrasos los que en un primer momento motivaron la audiencia en la que se destapó la supuesta falsedad en la garantía. El próximo miércoles se espera que se empiece a despejar el panorama sobre el futuro de este contrato, considerado estratégico para el Gobierno.
Se trata de una nueva controversia en la que se ve envuelto el Ministerio de las TIC en relación con grandes y cruciales procesos para el país. Entre esos se cuenta la subasta del espectro a través de la cual Wom entró a Colombia luego de haber cometido un “error” (ofreciendo 10 veces el valor de un bloque de espectro), que finalmente le costó al entrante operador $42.000 millones de penalidad. Por otro lado, el proceso que asignó la operación del dominio .co también recibió críticas por parte del otro oferente en la competencia (que alegó que el Ministerio no siguió los criterios establecidos en los pliegos).
“(En procesos tan grandes) siempre tendremos situaciones de dificultad. Lo que hay que tener claro es que siempre hay que actuar, y eso es un principio del funcionario público (…). Cuando las cosas no se están ejecutando o haciendo de la mejor manera porque hay fallas, es que el Ministerio actúa y actúa como se debe para que se ejecuten los programas. El dominio .co tuvo su situación, pero hemos recaudado, a abril de este año, más de $50.000 millones. El objetivo de la ejecución del dominio .co se está llevando a cabo. El objetivo de la subasta, de tener las 954 localidades, se está ejecutando. En este contrato (centros digitales) no se estaban cumpliendo las metas y por eso hay que actuar”, agregó la ministra Abudinen.