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El Ministerio de las TIC presentó una denuncia por presunta falsedad tras conocer información que pone en duda la autenticidad de uno de los documentos financieros entregados por el contratista.
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Se trata de la firma Unión Temporal Centros Poblados, seleccionada en un proceso de licitación para adecuar varios centros digitales que presten el servicio de internet en los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada por un valor de $1,07 billones.
El proyecto de Centros Digitales se creó para conectar a 14.745 instituciones educativas rurales y tuvo una inversión total de $2,1 billones divididos en dos contratos.
El proceso comenzó cuando el supervisor del contrato solicitó desarrollar un proceso por presunto incumplimiento a la Unión Temporal Centros Poblados dados los atrasos en sus obligaciones. El seguimiento al contrato permitió detectar que había irregularidades de fondo.
Según la entidad, la Unión dijo que su garantía única de cumplimiento había sido expedida por Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A. Sin embargo, la apoderada de la entidad financiera negó esta versión durante la audiencia que hace parte del proceso.
“(El banco) no está legitimado para obrar como garante dentro del proceso de la referencia, por cuanto la Garantía Bancaria N°. 2020-1156-01002, no fue expedida por el Banco. Daremos noticia de esta situación a las autoridades penales y, en fecha posterior, ampliaremos nuestra manifestación al respecto”, señaló Itaú.
En consecuencia, el Ministerio TIC procedió de manera inmediata a presentar las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación y dijo que desplegará todas las acciones administrativas y judiciales que permitan sancionar a los responsables.
“¡El país merece respeto! No vamos a permitir que los recursos destinados para conectar a los niños y niñas de este país se los roben inescrupulosos”, dijo la ministra Karen Abudinen en referencia al contrato que quedó suspendido.
La cartera destacó que desde la asignación del contrato en diciembre del 2020, se han realizado más de 30 reuniones con el objetivo de mantener un control permanente sobre la ejecución de los recursos públicos y el avance hacia la meta de conectar el 70 % del país antes de agosto de 2022.