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El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) anunció que trabaja en el restablecimiento jurídico de los derechos a beneficiarios de reforma agraria que por culpa de la violencia abandonaron sus predios ubicados en los municipios de Chivolo, Plato y San Ángel en Magdalena.
Las acciones que adelanta el Incoder en este caso no son de adjudicación, titulación, formalización o restitución de predios, sino de la definición del instrumento jurídico o administrativo para reivindicar los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado, la cual fue despojada de sus títulos por actuaciones administrativas del Instituto, dice el comunicado de prensa de la entidad estatal.
En 1997, en los tres municipios citados se presentó una alteración del orden público como resultado de la presencia de grupos armados al margen de la ley, además del desplazamiento forzado de las familias beneficiarias de los programas de reforma agraria del extinto Incora.
Con respecto a los casos mencionados, el Instituto encontró los predios El Encanto; Bejuco Prieto; El Radio; Santa Martica; La Boquilla; Parapeto; Planadas; Mulero; Mulas Altamaceras; Margaritas; Villa Luz; Santa Rosa y La Tolúa. En estos se dio la presunta influencia de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, por intermedio de administradores, trabajadores y presuntos testaferros.
Con la desmovilización de las AUC en 2006, varios campesinos desplazados forzosamente desde 1997 y quienes eran beneficiarios de programas de reforma agraria retornaron a sus predios.
Ante la situación el Instituto adelantó fases de diagnóstico y determinó diversas rutas jurídicas a seguir sobre los casos mencionados e inició 108 procesos administrativos de revocatoria directa respecto a los predios El Encanto, Bejuco Prieto y Margaritas. De ellos, 77 ya han culminado trámite.
La entidad logró determinar las situaciones jurídicas y fácticas, las rutas jurídicas e iniciar los procesos agrarios necesarios sobre los casos El Radio; Santa Martica; La Boquilla; Parapeto; Planadas; Villa Luz; Santa Rosa y La Tolúa, dice el informe.
En los casos mencionados, ya se han iniciado tres procesos de extinción de dominio, 22 caducidades administrativas y se realizaron 149 reconstrucciones de expedientes.
El Incoder inició las gestiones respectivas ante las fiscalías delegadas para Justicia y Paz, además de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
Por El Espectador
