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La advertencia fue hecha por el contralor general de la República, Julio César Turbay, al explicar que en la contabilidad pública, hasta diciembre del año pasado, los registros daban cuentas de pretensiones por parte de los demandantes contra el Estado por $55 billones.
A esa cifra habría que sumarle el valor que se tiene registrado como provisión ante la posibilidad de que existan fallos en contra, la cual a la fecha ascendió a $7.3 billones.
El contralor indicó que el impacto fiscal de las demandas contra el Estado sería superior a los $102 billones.
Turbay explicó que en el orden nacional, las entidades más demandas son Defensa, Justicia y Seguridad con $33 billones, seguida por la de Infraestructura Telecomunicaciones y Comercio Exterior con $21 billones y las del sector Minas y Energía con $15 billones.
El contralor General advirtió que de fallarse en contra del Estado las demandas por expropiaciones de tierra del año 1967, las demandas en contra del Estado podrían ascender $689 billones, es decir, cerca 340 mil millones de dólares, lo que equivaldría a cerca de más de tres presupuestos anuales de la Nación, teniendo en cuenta que el de 2010 es de $148.3 billones.
Sin embargo, Turbay aclaró que el Tribunal Administrativo de Antioquia determinó en fallo de primera instancia que no existen fundamentos razonables para la demanda por los $595 billones que pretenden los demandantes por el caso de las tierras de oriente.
Insistió en que de todas formas esa suma no se puede sacar de las cuentas del Estado.
Por El Espectador
