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El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) dio concepto previo desfavorable a la propuesta de modificar el plan fiscal de 2026, que es la base del Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año.
La iniciativa es del Ministerio de Hacienda y posteriormente fue decisión del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
Vale recordar que el gobierno Petro presentó un presupuesto por $557 billones. Para financiarlo faltan $26,3 billones que esta administración espera conseguir con la reforma tributaria.
A juicio del CARF, no existe una justificación válida para que, apenas un mes después de la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), se incremente el nivel de gasto y de déficit primario en 2026.
El 28 de julio el CONFIS decidió ajustar el plan financiero de 2026. Según el Ministerio la decisión se debe a la necesidad de incrementar el gasto proyectado para ese año, en vista de la identificación de nuevas inflexibilidades presupuestales y la intención de elevar los recursos para la inversión.
El nuevo escenario aprobado por el CONFIS para 2026 mantiene inalterado el déficit fiscal (6,2% del PIB), pero incrementa el déficit primario (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo los intereses) a 2 % del PIB, desde 1,4 % proyectado hace pocas semanas.
El gasto primario es todo lo que el Gobierno gasta en funcionamiento, inversión y transferencias, pero no cuenta lo que se paga por el servicio de la deuda. Con la decisión, el CARF advierte que el monto se incrementa en $18,2 billones (1 % del PIB) frente al estimado en el MFMP.
De acuerdo con el Minhacienda, se distribuye así:
- $7,2 billones del aumento de gasto estaría orientado al aseguramiento de la salud
- $5,7 billones a subsidios de energía y gas
- $5,9 billones a inversión
- Otras partidas se reducirían en $0,6 billones
“El escenario fiscal modificado por el CONFIS y consistente con el PGN 2026 puesto a consideración del Congreso de la República, también contempla mayores ingresos frente a MFMP por $8,2 billones y menor gasto en intereses por $10 billones”, dice el Comité.
En el caso de los ingresos, ahora el Gobierno prevé la aprobación de una ley de financiamiento por $26,3 billones, recursos de capital más elevados por $1,8 billones, y una revisión a la baja del recaudo tributario no petrolero de $0,3 billones.
En cuanto a la estimación del gasto de intereses, el Minhacienda argumenta que la reducción frente a MFMP se explica por cambios en la estrategia de colocaciones de títulos de deuda soberana y operaciones de manejo de deuda.
El CARF considera que modificar el plan fiscal de 2026, tan solo un mes después de publicar el MFMP, refleja serios y nuevos problemas en el proceso de planeación fiscal del país.
“Lo anterior es especialmente preocupante porque ocurre en medio de una situación fiscal crítica y sin precedentes. La discrepancia entre el gasto primario establecido en el MFMP y el aprobado en el escenario del PGN ha sido atípicamente alta en 2025 y 2026″, dice la entidad.
Para el CARF, los cambios de la estrategia fiscal de 2026, sin que se presente ningún evento extraordinario ajeno al control del Gobierno, exige explicaciones transparentes. “Lo contrario mina la confianza en la institucionalidad, en los instrumentos de planeación fiscal y en el plan de ajuste de las finanzas públicas”.
Además, el Comité rescata la necesidad de recuperar la confianza tras la suspensión de la Regla Fiscal para las vigencias 2025 a 2027. Para ello se necesitan medidas más contundentes y un compromiso firme con las metas establecidas por el CONFIS en el MFMP.
“Que la primera decisión de política fiscal sea incrementar el desequilibrio de las finanzas públicas en 2026, va en contravía de ese propósito”, asegura el CARF.
La entidad también critica que el cumplimiento del Minhacienda del Plan Nacional de Desarrollo no puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal, que es un principio constitucional.
Ahora se espera que el Congreso examine en detalle el monto del PGN 2026, a la luz del principio constitucional de sostenibilidad fiscal, y que el Gobierno y el Congreso evalúen las medidas para incrementar los ingresos y reducir el gasto a partir de 2026.
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