Desfalco por $100 mil millones

”Estaríamos ante un escándalo de la misma magnitud de Foncolpuertos”: María del Rosario Guerra, ministra de TIC. Con tutelas fueron cobradas fraudulentamente pensiones e indemnizaciones que ya habían sido pagadas.

Una vez más los tentáculos de la corrupción se han extendido sobre el dinero de los colombianos, tal como ocurrió en el pasado reciente con el sonado caso de Foncolpuertos, que significó una defraudación de por lo menos $2 billones al erario. En esta oportunidad los protagonistas son ex trabajadores de las extintas Telecom y sus teleasociadas, que han cobrado a través de tutelas acreencias laborales inexistentes por $100 mil millones en los últimos dos años, en Antioquia, Córdoba y Bolívar.

Así lo denunció el miércoles María del Rosario Guerra, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien advirtió que “estaríamos ante un escándalo de la misma magnitud que el de Foncolpuertos”.

Asesorados por abogados, y con el beneplácito de los jueces, los ex funcionarios han logrado llenar sus bolsillos al cobrar fraudulentamente pensiones sin el lleno de los requisitos legales, indemnizaciones que ya habían sido canceladas y, más irregular aún, el pago doble e ilegal en virtud de acciones de tutela alegando el derecho a la igualdad, según la denuncia efectuada por la Ministra.

En la mayoría de los casos detectados se trata de antiguos profesionales y trabajadores técnicos que aunque residen en distintas ciudades, presentan procesos en un mismo juzgado por las mismas pretensiones y hechos que ya habían sido demandadas con anterioridad, circunstancia que para algunos expertos en derecho procesal denota una grave irregularidad, ya que los jueces debieron haberse declarado inhibidos para fallar, con sólo consultar la base de datos de la entidad demandada para verificar que los pagos reclamados ya habían sido efectuados.

Según detalló la Ministra, el 90% de las tutelas son falladas a favor de los peticionarios, que en muchos casos no cumplen con los requisitos para reclamar pensiones o acreencias. En ocasiones los jueces han ordenado, por medio de embargos judiciales a las cuentas del Ministerio, pagos por más de $500 millones.

En sus decisiones, los togados han hecho caso omiso a la sentencia T-538 de agosto de 2009, proferida por la Corte Constitucional, que ordena reversar estas decisiones.

Los $100 mil millones cobrados irregularmente hasta ahora, han sido pagados con recursos del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR), creado por el Ministerio para hacer frente a posibles demandas de sus ex funcionarios.

En 2008, el PAR desembolsó $10 mil millones por concepto de fallos de tutela relacionados con reclamos sobre fuero sindical y de beneficios para  madres y padres cabeza de familia, entre otras pretensiones.

La ministra Guerra señaló que su despacho ya interpuso las acciones pertinentes ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.