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De acuerdo con la Contraloría, los terraplenes 8 y 10 del Aeropuerto del Café son inestables, de ahí que no serán utilizados para conformar la pista de la etapa 1 del proyecto. El órgano de control profirió un fallo con responsabilidad fiscal por $82.329 millones contra los constructores, interventores y supervisores de estas obras que se contrataron en 2009.
Sin embargo, este no es el único problema (ni el más reciente) de una obra que promete ser un eje para la competitividad y conectividad del departamento de Caldas, pero que lleva cuatro décadas sin despegar. Un tribunal de arbitramento; una denuncia penal contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, miembro de la Asociación Aeropuerto del Café; la terminación unilateral del contrato con la firma española Obrascón Huarte Laín (OHL) y la antesala de nuevos y millonarios pleitos están en la lista.
Contratos de 2009
Según el fallo de primera instancia que se conoció este lunes, se invirtieron recursos “en estructuras que no revisten utilidad” y que tampoco cumplen con su finalidad: hacer parte funcional del Aeropuerto del Café. El daño patrimonial se deriva de la inversión de recursos públicos en el marco del convenio entre la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y la Asociación Aeropuerto del Café (Aerocafé).
Para conocer más sobre el fallo lea: Fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por obras en Aerocafé
La Contraloría dijo que los Consorcios DICO-IDT y DICO IDT2 no cumplieron con las obligaciones y responsabilidades a su cargo, pues permitieron la ejecución de algunas obras y actividades en los terraplenes, aunque los estudios y diseños presentaban deficiencias y contradicciones. Durante la etapa constructiva modificaron los diseños, pero eso no garantizó la estabilidad de las estructuras.
El órgano de control también dijo que el desempeño de las interventorías “tuvo graves deficiencias e implicó un abierto incumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo”.
Respecto a los consorcios Palestina II y PQM, señaló que, a pesar de ser constructores expertos, “no advirtieron que los diseños no garantizaban la estabilidad de esas estructuras”.
Además, ante las recomendaciones de contratar la validación de los diseños y de suspender las obras (emitidas en marzo de 2011 por el panel de expertos y por el asesor en geotecnia de la Asociación), Aerocafé solicitó a las interventorías diseñar y definir las obras de protección que se requirieran mientras durara la suspensión. Frente a ello, los Consorcios Palestina II y PQM se limitaron a acatar las instrucciones sin advertir la inconveniencia teniendo en cuenta la inestabilidad de las estructuras.
El monto del detrimento patrimonial determinado por la Contraloría para los contratos de obra e interventoría de los terraplenes 8 y 10 suma más de $57.223 millones sin indexar ($82.329 millones indexados).
Aeropuerto del Café: una lista de problemas
Desde 1977 se ha hablado del Aeropuerto del Café y de su importancia para la región. En 2002 se dieron los primeros avances reales y tres años después, en 2005, se inició la construcción de los primeros terraplenes.
En medio de retrasos y polémicas, el Gobierno de Iván Duque prometió entregar parte de la primera fase y dejar adjudicadas las otras dos de este proyecto, pero esos objetivos no se cumplieron y hoy la obra, ubicada en el municipio de Palestina (Caldas), sigue enredada.
El Aeropuerto del Café (Aerocafé) está compuesto por tres fases: la primera, para el movimiento de seis millones de metros cúbicos, la segunda y la tercera, que incluyen la construcción de la pista y de la terminal aérea.
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“Espero como presidente aterrizar en el Aeropuerto del Café. Ese aeropuerto será una puerta de ingreso para el turismo, para fomentar el desarrollo empresarial, educativo, de ciencia y tecnología”, dijo en su momento Duque. Incluso, el entonces presidente lo incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y destinó una partida presupuestal para sacarlo adelante.
Tras una licitación, la construcción de la primera etapa se adjudicó a OHL. El negocio por $141.000 millones, básicamente, consistía en adecuar el terreno para construir la pista principal.
Para el trabajo se destinó un anticipo de $17.479 millones. Pero, nuevamente, hubo problemas. La interventoría, compuesta por Conurma Ingenieros Consultores y Geotecnia y Cimientos, alertó en agosto del año pasado que el contratista no estaba cumpliendo con el cronograma. La Aerocivil conoció el caso y multó a OHL por las demoras.
El interventor encontró que había un retraso en la extracción de las tierras, pues para marzo de 2022 el contratista tenía que haber sacado dos millones de metros cúbicos y para ese momento solo había sacado la cuarta parte.
La multa fue de $1.834 millones, pero OHL reclamó que el incumplimiento era de los interesados en el proyecto, pues nunca les entregaron el terreno donde debían acomodar y disponer la tierra extraída. Así, en medio de las acusaciones entre la firma española y el Gobierno, la obra fue quedando a medio camino.
Los abogados de Aerocafé hicieron efectiva una cláusula penal de $28.000 millones. A la larga, como no se llegó a ningún acuerdo, en julio se anunció la terminación unilateral del contrato.
Según las declaraciones del Ministerio de Transporte, “ante los múltiples casos de incumplimiento, retraso en las obras e intentos fallidos por llegar a acuerdos que permitieran la viabilidad del proyecto, el patrimonio autónomo (contratante) notificó al constructor la terminación del contrato”. La Contraloría ya había advertido sobre el riesgo de que las obras quedaran inconclusas, otra vez.
Lea: Lo que se sabe sobre la liquidación del contrato para el Aeropuerto del Café
La firma española, paralelamente, convocó a un tribunal de arbitramento para controvertir la primera multa y lo más probable es que invoque causales para obtener una indemnización. OHL reclama $6.644 millones argumentando que las demoras que causó la terminación del contrato y la imposición de la multa les generaron unos costos económicos no contemplados. Es decir, la empresa no aceptó la culpa, todavía hay muchas dudas respecto a qué pasó con el anticipo y el de más de $6.000 millones podría ser solo la cuota inicial de lo que vendrá. En noviembre de este año las partes están citadas a una audiencia de conciliación.
Esto no es todo. Como lo informó este diario a finales de septiembre, también está en la mesa la denuncia por el delito de prevaricato por omisión que instauró contra el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, la fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna (DILO). De acuerdo con el documento, las declaraciones de Marín al presidente Gustavo Petro hace un par de semanas, en las que señaló que este proyecto no tiene “apoyo popular”, que la gente no lo está deseando y que además es un proyecto “de la élite”, pusieron en riesgo el desarrollo del aeropuerto.
DILO sostiene que como el alcalde Marín es miembro del consejo directivo de la Asociación de Aeropuerto del Café tenía la obligación de obrar “de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” y que sus palabras fueron en contravía de ese mandato. Para DILO, el alcalde “está entorpeciendo y dilatando la destinación de los recursos” que ya se habían comprometido y, por tanto, el destino final de la obra.
El alcalde Marín ha dicho que “no hay entorpecimiento alguno y mucho menos dilatación” y que su conversación con el presidente fue editada y sacada a propósito de todo contexto.
Por ahora, no se sabe qué va a pasar con el anhelado Aeropuerto del Café. Preocupa que no hay pronunciamientos contundentes por parte de este Gobierno. En la reunión con autoridades, gremios y empresarios de Caldas, el pasado 31 de agosto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que buscarán una solución definitiva y que el presidente evaluará el futuro del proyecto.
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