A cinco cuadras del comando de policía de Buriticá (Antioquia), el pasado miércoles 5 de septiembre asesinaron a Óscar Alarcón, ingeniero del área de Formalización y Control Minero de la compañía canadiense Continental Gold, quien era miembro del equipo que apoya a los mineros informales para legalizar su actividad productiva.
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Este hecho revivió la discusión en torno a la realidad de este municipio que por años ha sido testigo de la maldición del oro.
La investigación preliminar apunta a que los responsables del crimen serían miembros del Clan del Golfo, quienes, según información de inteligencia, rechazan los cierres técnicos de las minas ilegales en la zona, pues intentan controlar el negocio.
Aunque se cuentan versiones diferentes –en unas Alarcón es víctima de quienes se oponen a la presencia de la multinacional y en otras lo señalan de hacer parte de una red de corrupción que cobraba por tener un trato preferencial–, es seguro que al ingeniero, oriundo de Boyacá, lo mataron por su papel de intermediador.
Ya hay cuatro personas detenidas por el hecho, una de ellas es alias Dabeiba, presunto líder del bloque occidente antioqueño de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que operan también como el Clan del Golfo, y quien sería responsable de extorsiones y de la construcción de socavones ilegales en la zona de explotación de Continental Gold. Sin embargo, más recientemente, en un operativo murió otro líder de la organización a quien se le atribuyó el crimen: Neil Antonio Acosta Manga, alias Colé. Según la Policía, era uno de los zares de la minería ilegal y controlaba el negocio en 12 municipios del departamento.
Este episodio criminal refleja cómo es la vida en Buriticá, un municipio de un poco más de 360 kilómetros cuadrados, en el occidente antioqueño, donde, en apariencia, los días transcurren con calma, pero en el fondo permanentemente se pone en juego la vida.
La tradición del municipio es agrícola, no minera. Buriticá es 80% rural y hasta hace seis años la fuerza laboral se dividía entre quienes cultivaban fríjol o café y quienes criaban ganado. Sin embargo, ha sido una actividad más de sobrevivencia que empresarial, a muy pequeña escala.
La minería se había ejercido de manera intermitente y en 5% del suelo, pero con la llegada de Continental Gold a Buriticá, en el 2007, se vivió un verdadero auge de esta actividad que tomó aún más fuerza en el 2010 cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció el inicio de una locomotora minera. Hoy es una opción de vida para muchos.
“No hemos aceptado que este es un pueblo mineroenergético desde siempre, aunque antes no lo sabíamos”, dice Freddy Díaz, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (Asocomunal). Para el líder social “al campesino en sí no le interesa la minería, pero ha entrado en ella por necesidad, por pobreza”. Los productores llevan años trabajando a pérdida y responsabilizan al gobierno por su falta de apoyo.
Lo cierto es que la agricultura y la minería coexisten en Buriticá, muchas personas tienen ambas ocupaciones, pues con frecuencia los campesinos buscan oportunidades en la minería cuando no están cultivando o cosechando.
Pero el mayor problema en el municipio es la informalidad y lo que ella acarrea. La fama minera de Buriticá se extendió por Latinoamérica al punto que en la época de bonanza se alcanzaron a contar hasta 14.000 mineros, especialmente del nordeste antioqueño, pero también de Perú, Venezuela y Chile, aunque no hubo una cifra oficial. Al mismo tiempo, la población total no superaba los 7.600 habitantes y, según el Censo Nacional Agropecuario del 2014, solo había 243 productores agropecuarios.
En el 2012, la llegada de una población flotante que ejercía en la informalidad desató un colapso de orden público: el respeto al medio ambiente quedó en el pasado, se empezó a trabajar la minería con cianuro y mercurio, práctica que provocó la contaminación de quebradas y la deforestación; se consolidaron plazas de expendio de drogas y esquinas de microtráfico; el relleno sanitario colapsó por la cantidad de basura generada y se rompieron récords nacionales en índices como muertes violentas, que en 2014 fue de 143 por cada 100.000 habitantes, cuando el promedio nacional era de 26,49. Es decir, cinco veces más.
“Somos un municipio con una comunidad muy pacífica y llegaron personas con una identidad muy diferente, la descomposición del tejido social fue enorme”, cuenta el alcalde de Buriticá, Humberto Castaño.
La multinacional y sus detractores
El proyecto bandera de Continental Gold no es el que hoy está en producción (7.000 onzas anuales, en promedio), sino el que está por venir. Buriticá tendrá la primera mina subterránea de oro a gran escala en el país y una de las más importantes de América Latina. La construcción comenzó en el 2017 y estará lista en el 2020, cuando se pasará de extraer 30 toneladas de material (roca) por día a cerca de 3.000 toneladas, lo que significa un promedio de producción de 253.000 onzas de oro anuales por alrededor de 14 años de vida útil.
“Hoy tenemos 3,7 millones de onzas de oro de reservas probadas, lo cual duplicaría la producción nacional actual de Colombia”, señaló la compañía en un documento. Esta mina, en la que se invirtieron 1,2 billones de pesos, fue declarada Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) por su alto impacto en el crecimiento económico y social del país (aporta en productividad, competitividad, generación de empleo, sostenibilidad, inversión, capacidad exportadora, entre otros).
Pero Continental no es la única que ejerce la actividad. En otras áreas libres, empresas más pequeñas tramitan solicitudes de explotación permanentemente. Aunque nadie se opone abiertamente a que se les dé la oportunidad, se les imponen exigentes condiciones para hacerlo, lo que se ha interpretado como “trabas deliberadas”.
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Al respecto hay voces contrarias. Por un lado, los líderes mineros hablan de desplazamiento, abandono y falta de apoyo económico. Por otro, mineros que han atravesado el proceso de formalización defienden la buena voluntad de Continental Gold.
Para el líder minero Carlos Valera “todo lo que hace el pequeño minero es malo y lo de la gran minería es bueno. A nosotros nos dicen que destruimos el medio ambiente, pero a ellos no les dicen nada por talar a gran escala y utilizar maquinaria de gran tamaño, esa si no hace daño”.
Por su parte, Freddy Díaz cree que el problema está en que la multinacional no reconoció a los mineros ancestrales a su llegada. “Hay una pequeña minería que no ha sido tenida en cuenta, a pesar de que con ella se desarrolló el municipio. El gobierno le entregó el negocio a uno solo que no genera empleo y los demás nos quedamos viendo para arriba, a los demás no nos han dado la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacer minería bien hecha”, lamentó.
Por el contrario, Hugo Valle, representante legal de la Sociedad Minera San Román, aunque reconoce que no fue fácil que los sacaran y les dijeran que no podían trabajar en ciertas zonas porque no eran los titulares, se adaptó con éxito. “Teníamos que acogernos a una normatividad que favorece al grande, fue un proceso dispendioso, duro y de paciencia, pero lo logramos”, contó. Actualmente tienen 50 empleados, 90% de ellos buritiqueños.
Esta sociedad tiene un subcontrato de formalización minera con Continental Gold, desde el 2014, que vence este año, y ya están en proceso de prórroga para extender su operación dentro del título de la multinacional. De hecho, están tan comprometidos con la causa que vienen tramitando hace dos años una licencia ambiental ante Corantioquia, que esperan les sea entregada antes de que acabe el 2018. “Queremos ser un ejemplo para Buriticá y para el país, de que la formalización minera y la legalidad son posibles. Hubo errores en el pasado que se tienen que corregir o la informalidad nos va a ganar terreno”, dijo Valle.
Otras tres asociaciones mineras (Sakae, Higabra y Naranjo Gold Mine) iniciaron el proceso en el 2016 y hace un mes obtuvieron la licencia ambiental, convirtiéndose en las primeras del país en lograrlo. “Estamos demostrando claramente que la minería tradicional puede coexistir con la minería industrial”, dijo Mateo Restrepo, presidente de Continental Gold.
Según el balance de la empresa, el programa de formalización empezó cobijando a ocho asociaciones con siete unidades de producción, a los que se les ha prestado apoyo técnico y económico por 4.500 millones de pesos, desde el 2014. Pero se tuvieron que cancelar siete contratos por incumplimientos; y nuevamente en el 2017 se suscribieron otros seis con organizaciones diferentes entre el 2017 y el 2018, que representan 200 personas beneficiadas directamente y 500 indirectas.
En el país hay 88 asociaciones mineras formalizadas, 85 de ellas trabajan con Guía Mineroambiental y solo las 3 de Buriticá con licencia ambiental.
Que unos lo hayan logrado no significa que sea fácil. “Al principio fue un choque. A través de conocidos logramos ese acompañamiento, pero quedaron faltando por formalizarse algunos mineros tradicionales, de arraigo que sienten que se vulneraron sus derechos”, cuenta Valle. A San Román, por ejemplo, le tomó dos años constituir la empresa con los lineamientos que exige la formalización –legales, ambientales, laborales–, luego de horas de estudios, redacción de documentos y trámites, sin contar los costos monetarios –legales, ambientales, laborales–, luego de horas de estudios, redacción de documentos y trámites, sin contar los costos monetarios.
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Pero ninguna de estas experiencias exitosas o el discurso de la empresa han calmado las protestas y paros cívicos que se repiten mínimo dos veces por año, alegando que Continental los traicionó y les terminó los contratos. La duda es: cuando se desata la violencia, ¿quién jala los hilos detrás de los manifestantes y quién tiene demandas genuinas?
El alcalde de Buriticá sabe que se trata de una comunidad que ha subsistido por años de la minería y “no sabe hacer otra cosa”. “Lo único que me queda es buscar la forma de que la empresa ayude a los pequeños, hay que orientarlos para que no fracasen ni reciban sanciones de las autoridades o incumplan cláusulas de un contrato”, dice Castaño, pero bien sabe que no es tarea fácil, pues la gente se ha acostumbrado a recibir dinero de inmediato, de lo contrario creen que se trata de un engaño; desvirtúan la paciencia, la inversión y el sacrificio. “Es difícil hacerlos entender que trabajar en la legalidad no es así”, declaró Castaño.
La presión de la criminalidad
Otro actor se suma a esta fórmula: los grupos criminales. Según cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM), la minería ilegal –no artesanal ni tradicional– producía 70.000 onzas de oro al año por un valor de 100 millones de dólares, un negocio lucrativo para el Clan del Golfo.
El panorama social y de orden público que tuvo su punto culminante en el 2015 se mitigó en el 2016 con la Operación Creta. En el municipio y fuera de él todos reconocen el éxito del procedimiento, uno de los más contundentes contra la minería ilegal.
A través de la Operación Creta, en la que participaron más de 1.300 efectivos de la Policía y el Ejército, se intervinieron 241 minas y 100 plantas de beneficio, se destruyeron 10.000 metros de túneles y se incautaron 1.931 molinos y 22.000 metros de manguera.
“Ese día se desalojaron prácticamente todas las bocaminas ilegales y se ha venido recuperando lentamente la tranquilidad. Es difícil erradicar la actividad totalmente, pero hoy podemos decir que en Buriticá no alcanzan a ser 1.000 mineros”, contó el alcalde. Y para mantener el control se hacen monitoreos constantes y desalojos. Algunos túneles se han cerrado hasta ocho veces y los vuelven a abrir.
Los grupos armados no volvieron a tomarse el territorio, pero aún hacen presencia en él. “Donde hay riqueza ellos son los primeros que llegan a beneficiarse y también son quienes representan mayor riesgo para el medio ambiente, la seguridad y la población y se vuelven un gran riesgo”, sentenció el mandatario local.
Pero la minería no es el cáncer en esta historia, es más bien un equivalente a ganarse la lotería: genera riqueza, pero si fue bien manejada. Es por ello que el gobierno local tiene sus esperanzas puestas en Continental Gold, incluso el alcalde parece sorprendido: “se dice que es el (proyecto) más grande y moderno de Latinoamérica en explotación de oro”. Para él la empresa va a generar mucho bienestar a Buriticá y a otros tres municipios del área de influencia (Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo); de hecho, en su opinión, ya lo hace.
Entre los pobladores del municipio es famosa una historia que dice que el reconocimiento de la riqueza del suelo viene desde La Colonia, cuando los españoles desplazaron a los indígenas para ocupar sus tierras porque identificaron el potencial aurífero. Para algunos la experiencia se repite con una multinacional, para otros esta es su oportunidad de entrar en la cadena con todas las de la ley.
¿Hacia dónde va Buriticá?
La iniciativa conjunta entre Continental Gold y la Alcaldía municipal, ‘Siembra futuro’, vienen apoyando e incentivando a los campesinos para que trabajen otros cultivos y de forma más productiva, conscientes de que el oro no es un recurso renovable y algún día se extraerá por completo.
“Cuando el oro se acabe, ¿qué va a ser de Buriticá si no tomamos otras estrategias para que sea una economía sostenible en el tiempo? Y este es uno de los municipios más atrasados en el tema social, acá hay muchas necesidades”, reconoce el alcalde, Humberto Castaño.
A través de un fondo, ‘Siembra futuro’ cofinancia la asesoría y materia prima a los campesinos en diferentes proyectos de productos de calidad con precios agregados. De hecho, actualmente trabaja en la renovación de dos millones de árboles de café y en siembras nuevas de tomate de árbol y papa capira. Como hitos a destacar están la implementación de invernaderos para siembra de hortalizas y la adecuación de peceras para producción piscícola, dos métodos que antes no se habían adoptado por los productores del municipio.
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“La idea es inducir a estas familias, enseñarles y, en un tiempo prudente, soltarlas. Este proyecto busca dejar conocimiento instalado en las comunidades para que cuando se vaya la empresa haya otras opciones. La idea es que estas iniciativas permanezcan, pero para eso hay que demostrarle a las comunidades que son exitosas”, enfatizó el alcalde.