Detrimento por $33.000 millones

En obras a medio construir, en edificaciones que nunca han servido y en promesas de soluciones de vivienda para personas de escasos recursos se han ido algunos de los dineros de las regalías de vigencias que van desde 2003 hasta 2010. Conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República en un informe que da cuenta del despilfarro en departamentos como Atlántico, César, Magdalena y Meta. Una mirada con espejo retrovisor.

Mientras que el gobierno nacional espera conciliar la nueva ley de regalías -en la primera legislatura del Congreso para 2012-, con el objetivo de redistribuir equitativamente la “mermelada” de tal manera que el dinero alcance para invertirse en ciencia y tecnología, las irregularidades siguen saliendo a flote. La educación, la salud, los sistemas de agua potable y saneamiento básico como la vivienda para los damnificados por el invierno se han convertido en el fortín político de administraciones locales.  Frente a los hallazgos arrojados por la auditoría, Sandra Morelli Rico, Contralora General de la República, cuestiona si la "bonanza de regalías, ¿es una lección aprendida o historias repetidas?".

Obras inconclusas y otras inservibles ejecutadas con recursos de regalías le representan  al Estado un detrimento patrimonial de $33.930 millones. Los hallazgos de esta  auditoría, realizada a 28 proyectos puestos en marcha con  recursos directos y otros del Fondo Nacional de Regalías,  se deben a un lineamiento establecido por la Contralora General de la República a través de una alianza entre la Contraloría Delegada para Minas y Energía y su Dirección de Vigilancia Fiscal con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación y su Subdirección de Regalías.

Leonardo Arbeláez Lamus, contralor delegado para Minas y Energía, explicó que “las irregularidades se dan por carencia de planeación en la ejecución de los recursos o por la modificación en los estudios y diseños de las obras, un control deficiente por parte de las interventorías o la falta de idoneidad de los contratistas favorecidos, dando como resultado en la mayoría de los casos  proyectos  inconclusos. Por otra parte hay entes territoriales que ejecutan las obras y las entregan pero no planean la consecución de los recursos para su mantenimiento y terminan siendo inservibles para la comunidad”.

Del total de los proyectos auditados, la Contraloría Delegada para Minas y Energía halló 20 casos que tienen alcance fiscal,  en Puerto Gaitán, Cabuyaro y Barranca de Upía  (Meta), Becerril, Chiriguaná (Cesar), Juan de Acosta, Candelaria  (Atlántico) y Ciénaga (Magdalena).

En el caso de Puerto Gaitán se identificaron dos proyectos  por un valor total de $6.734 millones con recursos comprometidos por un valor de $5.333 millones provenientes de las regalías directas del municipio. Ambos tenían por objeto realizar estudios y diseños para la construcción  del colegio internado Horizontes en donde la inversión sólo beneficiaría a 18 niños que estudian en el plantel,  y del centro educativo San Pedro de Arimena, obras que no se han terminado y el municipio se niega a recibirlas.

Al otro lado del país, en Chiriguaná (Cesar) se halló un detrimento por  $21.477 millones en la construcción del proyecto de Agua Potable y Saneamiento Básico. En Candelaria (Atlántico) se encontró un menoscabo por  $1.209 millones en la edificación de 100 viviendas de interés prioritario en las que vivirían familias damnificadas por la Ola invernal. Sin embrago es imposible establecer cuándo tendrán sus casas ya que el lote donde se están construyendo está inundado. Además el municipio no ha podido dar con el paradero del contratista, Corporación Vida Digna,  y del anticipo recibido por éste ($335’407.500) .

De la totalidad de los proyectos auditados, la contraloría delegada para minas y energía adelantara tres indagaciones preliminares por un valor de $1.963 millones en el departamento de Magdalena en municipios como Santa Marta y Ciénaga. Sumado a lo anterior, el ente de control advirtió a las administraciones locales de Barranca de Upía, Puerto Gaitán, Puerto López (Meta), Valledupar, Chiriguaná (Cesar) y Candelaria (Atlántico) que de no vigilar el desarrollo de diez proyectos se podrían perder recursos por $26.943 millones.