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Es incierto lo que pueda pasar con más de 58.000 usuarios de internet que han quedado en la mitad de un pleito contractual entre dos compañías: ATP y Azteca.
A inicios de agosto, El Espectador conoció que entre estas dos compañías hay un conflicto más de COP 10.000 millones, ya que ATP señala que Azteca ha incumplido con los pagos que le debe por la prestación de sus servicios.
Para entender bien las implicaciones de esta disputa, hay que saber quién es quién.
Aunque, comercialmente hablando, Azteca puede no ser una empresa tan conocida, tiene un peso considerable en las telecomunicaciones de Colombia. La compañía, de origen mexicano, tiene una posición de liderazgo en el transporte de datos e internet, con una notoria red de fibra óptica que cubre más de 900 municipios y alcanza el 83 % del territorio nacional.
Uno de sus proveedores es Andean Tower Partners Colombia S.A.S. (ATP), compañía que le brinda infraestructura pasiva, es decir, antenas y espacios de torres. Esta firma señaló que por incumplimiento en los pagos le terminará dos contratos marco de arrendamiento a Azteca, de los cuales se derivan 419 contratos de arrendamiento.
“Estos contratos brindan acceso a Azteca a los espacios y antenas necesarias para soportar parte de su infraestructura de telecomunicaciones, relacionada con la operación de la red del Proyecto Nacional de Fibra Óptica”, detalló en su momento ATP.
Con corte a julio, según lo explicado por ATP, las obligaciones pendientes de Azteca superan los COP 10.336 millones, además de intereses de mora que rondan los COP 567 millones. Tras la notificación, a la empresa de origen mexicano se le dio un plazo de 30 días para el retiro de sus equipos en los lugares arrendados.
TV Azteca ha controvertido la existencia y exigibilidad de la deuda, así como la validez de la terminación del contrato. Señala que este asunto debe resolverse en el marco del proceso de reorganización, y mediante un arbitraje.
La alerta de la CRC
Recientemente, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC) le ha puesto la lupa a este caso. Para tener una mirada más detallada de lo que podría ocurrir, días atrás le solicitó información a ambas compañías.
En las últimas horas, el regulador publicó los resultados de su análisis, resaltando que lo que pase con este conflicto contractual podría afectar a 57.780 usuarios de internet.
“El análisis identifica 419 sitios y 500 clientes de TV Azteca potencialmente involucrados. Entre ellos se encuentran 245 pequeños proveedores de internet que atienden 57.780 accesos fijos en 261 municipios de 23 departamentos”, detalla.
La información disponible muestra que TV Azteca dispone de una red nacional compuesta por 842 nodos, los cuales están ubicados en 834 municipios. De estos, están en disputa 419, que son los sitios arrendados por ATP.
Hay que tener en cuenta que TV Azteca, a su vez, provee servicios a pequeños operadores de telecomunicaciones, que son los que se encargan de distribuir internet en las regiones de Colombia.
La información aportada a la CRC deja en evidencia que esta situación podría impactar a 500 clientes de TV Azteca, de los cuales 345 son pequeños proveedores de servicios de internet; 14 son prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones; 149 son negocios y 92 son empresas, donde se incluyen entidades públicas, centros hospitalarios, EPS y entidades educativas, entre otras.
“La mayor concentración de infraestructura potencialmente involucrada se encuentra en Boyacá, con 72 nodos; Nariño, con 47; Cundinamarca, con 46; y Santander, con 45”, puntualiza la CRC.
El regulador resalta las dimensiones de esta posible afectación al señalar que los accesos a internet que podrían verse impactados por esta disputa contractual representan el 25 % de las conexiones de internet registradas en los municipios. Es decir, uno de cada cuatro accesos es atendido por estos pequeños proveedores.
“En 70 municipios representan más de la mitad de las conexiones de internet fijo. Este resultado evidencia la importancia de estos actores para llevar conectividad a comunidades en las que pueden existir pocas alternativas de servicio. La presencia de estos pequeños proveedores es especialmente amplia en Boyacá, donde prestan servicio en 54 municipios, y Cundinamarca, en 36”, detalla la comisión.
La región más afectada podría ser Chocó, donde la red de TV Azteca representa cerca de 15.000 accesos.
En el marco de las afectaciones causadas por el terremoto, ATP informó que inició una revisión de las medidas aplicables para reducir cualquier posible afectación sobre la conectividad de las comunidades damnificadas.
“Como resultado de este análisis, Azteca fue informada oportunamente el pasado viernes 14 de agosto de la extensión de los plazos hasta octubre de 2026, exclusivamente para los sitios ubicados en los territorios afectados por la emergencia. En las zonas no afectadas, los procesos contractuales y legales continuarán conforme a los términos correspondientes”, comunicó, al detallar que esta es una decisión excepcional y que no se modifica ni suspende las consecuencias derivadas de los incumplimientos en los pagos.
Más allá de un pleito entre dos empresas
El reporte de la CRC pone sobre la mesa las posibles consecuencias de esta disputa contractual, especialmente en territorios con pocas alternativas de conectividad, donde los pequeños operadores desempeñan un papel clave para garantizar el acceso a internet.
Sobre esto hay que tener encuenta que, pese a las advertencias de ATP, hasta la fecha no se ha confirmado una interrupción de los servicios.
“Este análisis muestra que una controversia entre empresas puede trascender elámbito contractual cuando la infraestructura involucrada soporta servicios esenciales para pequeños proveedores, empresas y comunidades. Por eso insistimos en que cualquier actuación debe priorizar la continuidad de las comunicaciones y la protección de los usuarios”, señaló Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.
Aunque el regulador no puede realizar juicios o demás actuaciones, más allá de monitorear la situación y lanzar advertencias, pide que se adelanten planes de contingencia en los que se evalúen rutas alternativas para impedir las afectaciones en los clientes que pudieran verse involucrados.
La información que ha sido analizada será remitida a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que, en Colombia, es la autoridad encargada en proteger a los usuarios ante este tipo de disputas empresariales.
Estas situaciones también evidencian la necesidad de que el país diversifique su infraestructura y los actores que participan en el mercado de las telecomunicaciones, pues la alta dependencia de unos pocos operadores puede poner en riesgo la conectividad de poblaciones enteras cuando se presentan este tipo de situaciones.
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