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En el año 2002, la Alcaldía de Santa Marta entregó en concesión a una empresa privada tres inmuebles de uso público –prohibido por la Constitución del 91- que pertenecían a la ciudad para que allí se construyera el mercado público. El alcalde de la iniciativa, Hugo Gnecco, fue suspendido y retirado del cargo. Llegaron nuevas elecciones, y nuevos alcaldes, pero ninguno dio la cara y la obra se construyó a medias, convirtiéndose para los samarios en un nuevo elefante blanco.
Durante más de una década los vendedores y compradores comercializaron los productos prácticamente en la calle, sin las condiciones de higiene, salubridad y seguridad, con lo cual ponían en riesgo su salud y el medio ambiente del sector.
Con la llegada al gobierno de Carlos Caicedo Omar, el caso del mercado público volvió a un primer plano, en el año 2015 el mandatario emprendió las acciones legales en contra de la concesión del mercado y logró que la justicia decretará medidas cautelares con lo que se permitió tomar posesión de los inmuebles y la infraestructura de la empresa contratista. Finalmente, luego de un largo debate judicial en el curso de una acción popular se logró que los bienes de uso público se reintegraran al Distrito, que recuperó su propiedad y de paso puso fin al contrato de concesión.
La empresa concesionaria, no se quedó quieta, y demando al Distrito de Santa Marta, y pidió el pago de una indemnización por perjuicios por la no despreciable suma de $32 mil millones.
La Alcaldía y sus abogados lograron que la indemnización finalmente fuera reconocida por la justicia arbitral por una suma cercana a los $5.000 millones, como un reconocimiento a los costos en que incurrió el contratista en el diseño y construcción de la edificación donde actualmente funciona el centro de abastos, pero además se descontó lo pagado por el Distrito por cuenta de otro fallo arbitral proferido en el año 2005 y por el que se canceló en el año 2009 una cifra actualizada de $12.000 millones.
La prolongada disputa jurídico-administrativa, ha llegado hasta el actual gobierno de Rafael Martínez y en las últimas horas se conoció de un nuevo fallo que da cuenta que el Distrito ha vuelto a ganar y la decisión judicial señala que el Distrito se ahorra más de $28.000 millones de pesos que pretendía el contratista concesionario del mercado en una nueva demanda.
Ante el final feliz, Santa Marta no solo se ahorra ese dinero, sino que recupera la propiedad de los tres predios en manos de particulares, así mismo se lograron hacer las adecuaciones necesarias para poner en funcionamiento el mercado público al servicio de todos los samarios.
Por Redacción Economía.
