Dos caras de una misma América

La indignación no tardó en darle la vuelta al mundo. Su motor fue el enfado de los medios de comunicación españoles, quienes reaccionaron tan pronto se supo que Argentina, aquella díscola excolonia, había expropiado el 57% del capital que la petrolera Repsol había consolidado en su filial Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Fue un golpe hondo al orgullo herido de la otrora potencia colonial, que había emprendido una reconquista económica y financiera con el cambio de milenio y que nuevamente se encontraba herida de muerte por cuenta de la imprudencia con que sus funcionarios y empresarios administraron aquella mina de oro neocolonial.

Un golpe que también se hizo merecedor del rechazo y la indignación de todo el mundo económico, que le permitió al presidente español, Mariano Rajoy, iniciar su primera visita oficial a Colombia, otra excolonia, con aclamaciones del alto gobierno indicando que “aquí no expropiamos”.

Un golpe que mereció todo el sentido de condolencia para con Madrid y muy poco entendimiento para las razones de Buenos Aires en asestarlo. Poco les importó a los comentaristas mediáticos que Argentina haya tenido que invertir desde 2010 un promedio de US$10.000 millones en la compra de crudo tras perder su autosuficiencia petrolera porque, tal como lo afirmó la presidenta Cristina Fernández, las inversiones españolas no se ajustaron al plan aprobado en un principio y los pocos recursos se esfumaron entre los accionistas.

Bajo la vista de los analistas económicos, esta expropiación es simplemente la corrección de una política que no debió haberse tomado: “Argentina está volviendo al esquema de los países latinoamericanos, donde la mayor parte de las petroleras importantes son estatales y funcionan en asocio con inversiones privadas”, explica César Ferrari, Ph.D. en Economía y catedrático de la Universidad Javeriana, quien, además, rechaza críticas como la de un editorial del diario estadounidense The Washington Post, según el cual se trata de una medida “populista del pasado”.

“¿Por qué nacionalizar una empresa que no funcionó es una medida populista? ¿Acaso se le da plata a la gente para que vaya a votar y tuerza sus preferencias electorales? Populismo es lo que hacía Álvaro Uribe al repartir cheques a diestra y siniestra para conseguir adeptos electorales. Es lo que hacía Alberto Fujimori y lo que hace Hugo Chávez”, comenta.

Lo que es cierto es que palabras como “nacionalización” o “expropiación” tienden a incomodar a muchas personas hoy en día. Porque son ‘zombies’, seres que nunca debieron haber despertado de aquel destino diseñados para ellas en los primeros días de los años 90 cuando el Consenso de Washington determinó que debían desaparecer del léxico de los gobernantes latinoamericanos.

“Los países más endeudados de la región tuvieron que aceptar las políticas de ajuste estructural que les planteaban las instituciones de capital internacional”. Es la explicación técnica que ofrece Germán Umaña Mendoza, catedrático de Economía de la Universidad Nacional, para referirse a las recetas formuladas desde la capital estadounidense por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro para corregir el rumbo de la economía al sur del continente, plagada de inflaciones de más de tres ceros, profundos déficits fiscales, corrupción enquistada e inoperancia de las empresas públicas.

Pero ante todo, el recetario incluía un elemento que inclinaría la balanza hacia las empresas del chef: “Propuso la desregulación, es decir, la ausencia de políticas de control de abuso de la posición dominante del mercado, generando una oleada de privatizaciones y la centralización de beneficios en las empresas privadas y en la inversión extranjera directa”, explica.

En síntesis, el escenario perfecto para darle paso a una táctica que seguiría aplicándose en los años sucesivos: la socialización de las pérdidas. Como ocurrió en la ciudad boliviana de Cochabamba en 1999, cuando el Estado le entregó al consorcio Aguas del Tuanri (conformado por españoles, italianos, ingleses, estadounidenses y bolivianos) la administración del acueducto local.

Para quedarse con el negocio, los privados se ofrecieron a pagar US$30 millones en deuda acumulada por el antiguo operador estatal y a extender la red, y aceptaron construir una nueva presa promovida por el gobierno local que fue criticada fuertemente como “innecesaria” por estudios técnicos y por el propio Banco Mundial, que se negó a aportar dinero para su construcción. El costo se extendió a las facturas del servicio, pues la eliminación del subsidio público ocasionó un alza del 35% en los cobros. Los campesinos pobres, los principales beneficiarios, salieron a las calles para protestar porque sus ingresos (en promedio US$70 al mes) no daban para pagar una cuenta de US$20.

Las protestas derivaron en disturbios y en la intervención del gobierno central, que tuvo que sacar adelante un motín interno de la Policía. Es a todas luces un ejemplo escandaloso, pero no el único de la baraja. Otro más silencioso se dio con la concesión de las operaciones aéreas en toda la región, una decisión que derivó en el alza de tarifas más altas para las aerolíneas por los servicios que se les prestan, las cuales son debidamente transmitidas a los viajeros.

“Cuando las empresas estaban bajo el Estado eran monopólicas, había corrupción, mala administración y perdieron a los usuarios porque los precios no eran correctos; cuando se privatizaron siguieron siendo monopolios, en este caso privados, y quienes perdieron de nuevo fueron los usuarios”, comenta Umaña.

Esta disparidad fue lo que permitió la llegada de un nuevo tipo de gobiernos al continente que propuso reversar las decisiones promovidas desde el Norte y expandir el poder del Estado. Algunos lo hicieron frente a las cámaras, con órdenes directas, mientras otros fueron pagando sucesivamente sus deudas con los organismos multilaterales para después liberarse de su yugo y expedir decretos de nacionalización.

El resultado termina siendo el mismo y representa las distintas caras de los intereses que han depositado sus capitales por toda la región. “Ninguna empresa multinacional expropiada está disgustada con el gobierno de Chávez, porque les pagan muy bien, más de lo que es. Pero la nacionalización de YPF les dolió mucho a los españoles porque consideran que no se les está pagando justamente y porque es la punta de lanza de los argentinos para tener productos en sectores de recursos naturales, donde la inversión española es muy importante”, añade.

De allí nace el enfado. En tiempos en que la economía peninsular sufre de graves reveses, con rebajas en calificaciones de crédito y bancos comprados por el fisco para no desaparecer, es seguro que las autoridades de Madrid se estén lamentando por no haber cerrado, con la compra de YPF en 1999, un tratado de libre comercio que cimentara su actuación en suelo argentino.

Fue el camino que, en su lugar, sí vieron los funcionarios de Washington. “Colombia y Perú negociaron acuerdos de protección de inversiones con Estados Unidos. Por eso los países que recobraron su manejo macroeconómico, pagaron sus deudas y renunciaron al sistema multilateral de solución de diferencias, inician procesos de regionalización —unos mejor, otros peor—, mientras en Bogotá y Lima se fortalece la propiedad privada”, asegura Umaña.

La estrategia madrileña es acorralar al gobierno argentino contra un tribunal de Nueva York para recuperar buena parte del dinero expropiado y, por qué no, lograr que la decisión se reverse. Mientras tanto, muy al sur, Miguel Galuccio, el nuevo gerente general de la petrolera estatal YPF, estudia las mejores ofertas, entre ellas las provenientes de China, para explorar yacimientos de crudo de cara al futuro.

Estar fuera de un negocio de tales proporciones causa mucho malestar. “El escándalo de Rajoy sobre el tema sí es para tapar un escándalo gravísimo de la economía española, que está francamente quebrada”, indica Ferrari.