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Ecopetrol alerta que empleos e inversión están en riesgo por ola de delitos en el Catatumbo

Los robos de equipos asociados a la infraestructura están a punto de hacer inviable la producción de 700.000 pies cúbicos diarios de gas.

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30 de octubre de 2020 - 08:48 p. m.
Tan solo el campo Tibú produce en la actualidad alrededor de 2.000 barriles de petróleo por día.
Tan solo el campo Tibú produce en la actualidad alrededor de 2.000 barriles de petróleo por día.
Foto: Cortesía Ecopetrol
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Ecopetrol alertó que empleos, inversión y la operación de la petrolera están en riesgo por ola de delitos en el Catatumbo. Tan solo en lo corrido del año se han registrado un total de 122 hurtos de equipos y el robo de 31 camionetas al servicio de la operación para la realización de las inspecciones a los campos.

En total hay en riesgo alrededor de 520 empleos, la adquisición de bienes y servicios a los empresarios locales por $19.000 millones anuales e impuestos por más de $7.000 millones que aportan los campos Tibú y Sardinata al municipio de Tibú (Norte de Santander).

De hecho la petrolera alerta que los robos de equipos asociados a la infraestructura están a punto de hacer inviable la producción de 700.000 pies cúbicos diarios de gas de los campos Tibú y Sardinata.

En algunos de los casos, los trabajadores han sido víctimas de intimidaciones con armas de fuego e incluso han sido retenidos y posteriormente despojados de sus dotaciones, equipos, herramientas de trabajo y bienes personales.

Tan solo el campo Tibú produce en la actualidad alrededor de 2.000 barriles de petróleo por día y gracias a ello se generan 520 empleos al mes, de los cuales el 86% es mano de obra local. Además, en el 2019 la operación de Ecopetrol generó regalías al municipio por más de $3.900 millones.

Por esto, Ecopetrol hace un nuevo llamado a las autoridades gubernamentales, judiciales, policiales y militares del orden nacional para que refuercen las acciones que se vienen implementando desde la región. Además, hace un llamado a la ciudadanía a denunciar para proteger inversiones socio ambientales en la región del orden de $40.000 millones hasta el 2022.

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