Ecuador cierra batalla con Chevron ¿qué significa para la guerra?

Ecuador le pagó la semana a Chevron Corp. US$112 millones en un caso de arbitraje que se remonta a la década de 1970. El acuerdo, que versa sobre oscuras cuestiones contractuales, podría tener ramificaciones para otras batallas judiciales mayores que libran los dos adversarios.

El gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa ha adoptado una posición en extremo hostil en otros enfrentamientos legales por montos mayores con la empresa de energía estadounidense. La pregunta obvia es si el pago indica que Ecuador está moderando su posición.

En primer lugar, algunos antecedentes de un panorama legal en extremo enrevesado: un panel internacional de arbitraje con sede en La Haya otorgó a Chevron, que tiene sede en San Ramon, California, US$96 millones en 2011 en un caso relacionado con un acuerdo de cuatro décadas antes por el cual Texaco (que luego Chevron adquirió) desarrolló yacimientos de petróleos en la región amazónica. El acuerdo le permitía a Ecuador obtener petróleo a precios por debajo de los del mercado. El país latinoamericano apeló el arbitraje, pero no tuvo éxito. Con intereses acumulados, el monto aumentó a US$112 millones.

Ambas partes confirmaron que Ecuador pagó la totalidad. “A Chevron le complace que la República de Ecuador haya cumplido con la obligación internacional de pagar”, dijo la compañía en una declaración por correo electrónico. Diego Martínez, que está al frente del banco central ecuatoriano, dijo en una entrevista de una radio local: “No estamos de acuerdo con la forma en que esos mecanismos internacionales funcionan”. Pero, agregó, “somos respetuosos y cumplimos con las obligaciones internacionales”.

Llamemos Caso A al primero. Ecuador le paga a Chevron en momentos en que el país petrolero andino enfrenta una reducción de sus ingresos debido a la caída de los precios del crudo. El pago casi sin duda apunta a transmitir a los inversores externos el mensaje de que Ecuador quiere tener una actitud amistosa en relación con las empresas. (En otro caso, que llamaremos B, Ecuador aceptó este año pagar a Occidental Petroleum Corp. casi US$1.000 millones como compensación por la expropiación de un yacimiento de petróleo en 2006.)

Pasemos ahora a un caso C: otra batalla legal en la cual miles de miembros de tribus y poblaciones de Ecuador acusan a Texaco de haber dejado una enorme contaminación petrolera desde fines de la década de 1960 hasta principios de los años 90. El caso C llevó a un juicio de 2011 en Ecuador en el que se responsabilizaba a Chevron por daños que ahora suman más de US$9.000 millones. El gobierno de Correa ha proporcionado fuerte apoyo a los demandantes y se ha mostrado en extremo crítico de Chevron en el caso C.

Chevron, por su parte, se ha negado a pagar el juicio por contaminación y sostiene que el caso C está viciado de coerción y pruebas falsas. En 2014, la empresa de energía ganó en los Estados Unidos una demanda contra el principal abogado de los demandantes ecuatorianos, Steven Donziger. Llamémoslo caso D. Donziger rechaza las acusaciones de Chevron y ha apelado el veredicto.

Para complicar aún más las cosas, Chevron ha presentado el caso E: otro pedido de arbitraje contra el gobierno de Ecuador. El caso E, que aún está pendiente, sostiene, entre otras cosas, que el país le negó justicia a Chevron en el caso C, el caso de contaminación más prolongado.

De vuelta, entonces, a la pregunta suscitada por el pago de US$112 millones del caso A: ¿La acción de Ecuador sugiere la posibilidad de algún tipo de acuerdo global de las otras disputas pendientes relacionadas con Chevron y la contaminación petrolera?

Tal vez, pero no necesariamente. En parte, ello se debe a que Donziger y sus aliados aún quieren que Chevron pague la totalidad.

Karen Hinton, la portavoz de Donziger y sus clientes en los Estados Unidos, indicó en un correo electrónico que, independientemente de lo que pueda querer el Gobierno de Ecuador, su equipo no está dispuesto a llegar a un acuerdo. “Si Ecuador “acata la ley” como describe el panel de arbitraje, entonces Chevron debería hacer lo mismo y pagar los US$9.000 millones de compensación por daño ambiental, tal como sostuvo la corte ecuatoriana”, dijo. “Los ecuatorianos merecen el mismo tratamiento, pero hasta ahora se los ha tratado como si su sufrimiento y su pérdida no tuvieran importancia legal ni moral”.

Para obtener lo que consideran les corresponde, los clientes de Donziger buscan la ayuda del sistema judicial canadiense. Han pedido a Canadá que obligue a Chevron a acatar el fallo ecuatoriano mediante la venta de activos canadienses de la compañía para pagar a Ecuador. Para quienes siguen las alternativas paso a paso, ese sería el caso F.

Ecuador le pagó la semana a Chevron Corp. US$112 millones en un caso de arbitraje que se remonta a la década de 1970. El acuerdo, que versa sobre oscuras cuestiones contractuales, podría tener ramificaciones para otras batallas judiciales mayores que libran los dos adversarios.

El gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa ha adoptado una posición en extremo hostil en otros enfrentamientos legales por montos mayores con la empresa de energía estadounidense. La pregunta obvia es si el pago indica que Ecuador está moderando su posición.

En primer lugar, algunos antecedentes de un panorama legal en extremo enrevesado: un panel internacional de arbitraje con sede en La Haya otorgó a Chevron, que tiene sede en San Ramon, California, US$96 millones en 2011 en un caso relacionado con un acuerdo de cuatro décadas antes por el cual Texaco (que luego Chevron adquirió) desarrolló yacimientos de petróleos en la región amazónica. El acuerdo le permitía a Ecuador obtener petróleo a precios por debajo de los del mercado. El país latinoamericano apeló el arbitraje, pero no tuvo éxito. Con intereses acumulados, el monto aumentó a US$112 millones.

Ambas partes confirmaron que Ecuador pagó la totalidad. “A Chevron le complace que la República de Ecuador haya cumplido con la obligación internacional de pagar”, dijo la compañía en una declaración por correo electrónico. Diego Martínez, que está al frente del banco central ecuatoriano, dijo en una entrevista de una radio local: “No estamos de acuerdo con la forma en que esos mecanismos internacionales funcionan”. Pero, agregó, “somos respetuosos y cumplimos con las obligaciones internacionales”.

Llamemos Caso A al primero. Ecuador le paga a Chevron en momentos en que el país petrolero andino enfrenta una reducción de sus ingresos debido a la caída de los precios del crudo. El pago casi sin duda apunta a transmitir a los inversores externos el mensaje de que Ecuador quiere tener una actitud amistosa en relación con las empresas. (En otro caso, que llamaremos B, Ecuador aceptó este año pagar a Occidental Petroleum Corp. casi US$1.000 millones como compensación por la expropiación de un yacimiento de petróleo en 2006.)

Pasemos ahora a un caso C: otra batalla legal en la cual miles de miembros de tribus y poblaciones de Ecuador acusan a Texaco de haber dejado una enorme contaminación petrolera desde fines de la década de 1960 hasta principios de los años 90. El caso C llevó a un juicio de 2011 en Ecuador en el que se responsabilizaba a Chevron por daños que ahora suman más de US$9.000 millones. El gobierno de Correa ha proporcionado fuerte apoyo a los demandantes y se ha mostrado en extremo crítico de Chevron en el caso C.

Chevron, por su parte, se ha negado a pagar el juicio por contaminación y sostiene que el caso C está viciado de coerción y pruebas falsas. En 2014, la empresa de energía ganó en los Estados Unidos una demanda contra el principal abogado de los demandantes ecuatorianos, Steven Donziger. Llamémoslo caso D. Donziger rechaza las acusaciones de Chevron y ha apelado el veredicto.

Para complicar aún más las cosas, Chevron ha presentado el caso E: otro pedido de arbitraje contra el gobierno de Ecuador. El caso E, que aún está pendiente, sostiene, entre otras cosas, que el país le negó justicia a Chevron en el caso C, el caso de contaminación más prolongado.

De vuelta, entonces, a la pregunta suscitada por el pago de US$112 millones del caso A: ¿La acción de Ecuador sugiere la posibilidad de algún tipo de acuerdo global de las otras disputas pendientes relacionadas con Chevron y la contaminación petrolera?

Tal vez, pero no necesariamente. En parte, ello se debe a que Donziger y sus aliados aún quieren que Chevron pague la totalidad.

Karen Hinton, la portavoz de Donziger y sus clientes en los Estados Unidos, indicó en un correo electrónico que, independientemente de lo que pueda querer el Gobierno de Ecuador, su equipo no está dispuesto a llegar a un acuerdo. “Si Ecuador “acata la ley” como describe el panel de arbitraje, entonces Chevron debería hacer lo mismo y pagar los US$9.000 millones de compensación por daño ambiental, tal como sostuvo la corte ecuatoriana”, dijo. “Los ecuatorianos merecen el mismo tratamiento, pero hasta ahora se los ha tratado como si su sufrimiento y su pérdida no tuvieran importancia legal ni moral”.

Para obtener lo que consideran les corresponde, los clientes de Donziger buscan la ayuda del sistema judicial canadiense. Han pedido a Canadá que obligue a Chevron a acatar el fallo ecuatoriano mediante la venta de activos canadienses de la compañía para pagar a Ecuador. Para quienes siguen las alternativas paso a paso, ese sería el caso F.