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Por primera vez desde 1996 el gobierno de Estados Unidos cerraría algunos segmentos si no se halla una forma de lidiar con el impasse entre el Congreso y la Casa Blanca con respecto a la política fiscal.
Luego de un fin de semana de drama político, angustia y mutuos señalamientos, todos los trabajadores no esenciales del gobierno federal podrían ser puestos en un despido sin paga, con agencias que cerrarían muchos de sus servicios.
Un análisis del Financial Times puso de relieve el costo del enfrentamiento político con respecto a los planes fiscales de Estados Unidos, y muestra los efectos que desde marzo han tenido los recortes al gasto, que están generando la mayor cantidad de daño en las regiones que superaron la recesión mejor que el resto del país.
Los recortes que se han realizado bajo el llamado “secuestro”, han golpeado la financiación federal para la investigación científica, forzaron que los empleados del gobierno civil entraran en despido sin paga y redujeron los programas para combatir la pobreza, que incluyen beneficios para desempleados, bonos de vivienda y educación en la primera infancia.
Según datos que fueron reunidos por el FT y el Centro para la Integridad Pública, con sede en Washington, y que se basaron en las cifras del censo de Estados Unidos para 2010, el secuestro ha golpeado la billetera de cada uno de los estadounidenses por poco más de US$240 durante este año. Los recortes han comenzado a afectar comunidades que antes habían estado protegidas de la crisis económica gracias a la entrada de dineros federales.
A comienzos del día domingo, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, votó a favor de renovar el financiamiento del gobierno hasta diciembre 15, pero mantuvo una línea dura al atar la medida al aplazamiento durante un año de la ley de salud “Obamacare”.
La reforma para la salud de 2010, cuyos principales puntos entrarán en efecto el próximo año, es profundamente impopular entre los conservadores. El domingo los republicanos también votaron para derogar un impuesto sobre salud, cuya intención era ayudar a pagar para la expansión en el cubrimiento de salud que contempla la ley.
Los demócratas del Senado inmediatamente dijeron que la legislación aprobada por la Cámara de Representantes era inaceptable y estaba motivada por el ala profundamente conservadora del Partido Republicano, el Tea Party. La Casa Blanca señaló que sería vetada por el presidente Barack Obama.
Los economistas de Goldman Sachs han estimado que un cierre del gobierno podría generarle un golpe de US$8.000 millones a la economía de Estados Unidos, según la experiencia que sobrellevaron a mediados de los años 90.
A medida que se aproxima la hora límite, los republicanos en la Cámara de Representantes procuraron evadir la culpa por un posible cierre del gobierno, y la desplazaron hacia el partido del presidente Barack Obama.
No se esperaba que hasta la tarde del día lunes el Senado entrara de nuevo en sesión para rechazar formalmente lo que dice el texto aprobado por la Cámara de Representantes y enviarlo de nuevo a la Cámara baja para cambiarlo.
John Boehner, el vocero republicano de la Cámara de Representantes, dijo el domingo en un comunicado que la Cámara alta estaba actuando con una “arrogancia insólita” al no reunirse ayer lunes en las horas de la tarde-noche.
Por James Politi (Washington) / Financial Times
