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La propuesta del Congreso de no desmontar el 4x1.000, gravamen que aplica para los giros o retiros que hace un usuario que gane más de un millón pesos, empieza a cobrar fuerza como opción del Gobierno para dar solución a la crisis campesina, pues de concretarse, el fisco obtendría $2,7 billones adicionales al año.
Aunque el presidente Juan Manuel Santos había prometido durante su campaña desmontar de manera gradual dicho impuesto hasta reducirlo en un 50% para 2014, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo el anuncio y advirtió que con la radicación de un proyecto de ley se buscaría la financiación para el campo y el posible posconflicto.
Para el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, es necesario sostener “el equilibrio fiscal por el que atraviesa el país” para mantener la inversión extranjera. Sin embargo, considera que “las fuentes de financiación no necesariamente tienen que venir del 4x1.000, pues un impuesto con vocación transitoria no se puede convertir en permanente”.
La medida fue concebida durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002), cuando la pobreza alcanzaba un índice del 62% y la economía entró en crisis. Pero los empresarios no se muestran preocupados por su extensión, pues, de un lado, se han acostumbrado a pagar ese gravamen, y del otro, coinciden en que la realidad actual así lo exige.
El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, José Miguel González Campo, asegura que “en realidad tenemos problemas mucho mayores, como el de infraestructura y la recuperación de las relaciones económicas con Venezuela”.
A pesar de que algunos piensan distinto, también consideran que las protestas originadas en el paro agrario hacen pertinente mantenerlo en el corto plazo. Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, aunque es una manera fácil de recaudar, hace más costosa la formalización del empleo y desincentiva la entrada del dinero al sistema financiero: “Es un costo que no nos gusta. Preferiría su desmonte gradual como lo había prometido el Gobierno, pero aceptamos la coyuntura especial que atravesamos”.
En el mismo sentido se pronunció la presidenta de la Cámara de Comercio de Barranquilla, María José Vengoechea, quien aseguró que “respaldamos cualquier iniciativa del Gobierno para solucionar los problemas que hay a nivel nacional”.
Pero otra realidad se vive en el sistema financiero. “Es un impuesto inconveniente. Los problemas que atraviesa el país no son de financiación, son más agudos. Requerimos una negociación de largo plazo que abarque una agenda prioritaria para la nación”, manifestó Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia, la semana pasada durante el congreso de Asobolsa.
oguesguan@elespectador.com
Por Óscar Güesguán
