El campo de Colombia se está envejeciendo

De la deuda histórica con el campo, la que este Gobierno en repetidas ocasiones ha dicho que quiere saldar, finalmente se sabe a cuánto asciende la factura. Los más recientes resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario dan cuenta de situaciones que empíricamente se sabían y que la Misión Rural había anticipado, como que el acceso a servicios públicos es, por decir lo menos, precario.

Ocho de cada diez viviendas ocupadas en el área rural dispersa, aquella que no pertenece a la cabecera municipal o sus veredas y centros poblados aledaños, tienen conexión al servicio de energía eléctrica, mientras que cuatro de cada diez tienen acueducto. Pero sólo seis de cada cien viviendas ocupadas en el rural disperso tienen alcantarillado. En total, la cantidad de viviendas que no tienen acceso a ningún servicio público es el 16,5%.

Para Mauricio Perfetti, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es positivo el resultado de las calidades de las viviendas. Cada vez menos en las paredes de las casas se usan guadua, caña y otros vegetales. En cambio, cada vez más se echa mano del ladrillo, la piedra o la madera pulida, con un paso de 41,3 a 49% de viviendas hechas con esos materiales al comparar los resultados del Censo Poblacional de 2005 con estos resultados.

Mejores condiciones de vivienda son consecuentes con el descenso de la pobreza en el campo que el DANE había anunciado hace cerca de un mes: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el rural disperso pasó de 73,7% en 2005 al 44,7% en esta reciente medición. Aun así, ese IPM es el doble de la tasa nacional, que es del 21%.

Pero, sin duda, en donde más “cara” está saliendo la factura es en el ámbito demográfico. Mientras que según el censo de 2005 la población rural era cercana a los siete millones de personas, hoy son aproximadamente cinco millones. De fondo se puede interpretar una migración hacia las ciudades que, de acuerdo con Perfetti, “amerita estudios más profundos”, también al ver que los hogares unipersonales han pasado de ser el 11,1% del total al 19,1% en esta medición.

El movimiento hacia los centros urbanos podría ir de la mano con que el número de viviendas desocupadas en el campo haya aumentado, de 11,5 a 13,5%, al tiempo que las ocupadas disminuyen, de 87,1 a 76,7%. Las viviendas de uso temporal dieron un salto de ser el 1,4% a casi el 10% del total.

Además, hace diez años en el 64,2% de los hogares había niños menores de 15 años. Hoy el censo agropecuario dice que apenas el 50% de los hogares los tienen. Además, según esta última medición, en el 39,5% de los hogares hay uno o más adultos mayores, mientras que hace diez años era el 30%. Cada vez menos niños, pero cada vez más ancianos.

“Los jóvenes están saliendo porque no hay un sistema educativo que funcione. No hay educación secundaria y ni hablar de la terciaria. Tienen que desplazarse a centros urbanos para terminar la educación básica”, asegura la exministra y exsenadora Cecilia López. Por su parte, Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, explica que “a medida que las niñas crecen van asumiendo responsabilidades en el hogar y se van desescolarizando. Pero además no hay incentivos para continuar los estudios. No hay oportunidad de saltar a estudios universitarios ni de encontrar un empleo digno”.

López cree que el sector agropecuario tiene que mejorar para generar oportunidades de trabajo dignas. Por un lado, dice, la solución puede ser fomentar la asociatividad entre productores. “Que la gente que tiene tierra o que se la van a dar se asocie. Es mejor que se asocien los pequeños con los medianos, porque la asociación de los chiquitos con los grandes ya sabemos cómo va: los grandes con la crema y los chiquitos con el suero”.

En un sentido similar opina la directora de Oxfam. “Nos hablan de la atracción de inversión extranjera, que más industria es más empleo, pero eso se ha demostrado como falso. La inversión ha incrementado, pero no ha habido empleos de calidad”. Un primer paso para la exministra López es “que se cree el trabajo asalariado que cumpla las leyes. Ahí (en el campo) no se cumple el salario mínimo. Quieren que lo bajemos, lo que me parece inadecuado porque ahí sí no les van a pagar nada, y que tengan seguridad social”.

Los resultados del DANE también revelaron información de territorios de grupos étnicos. El autorreconocimiento indígena aumentó del 12,9 en 2005 a 16,4% en la medición del año pasado. El de negros, mulatos o afrocolombianos, en cambio, pasó de 8,4 a 7,7%. De la población rom, raizal y palenquera se pasó de tener 0% de autorreconocimiento en 2005 a 0,2, 0,1% y 0,3% respectivamente.

Algo que llama la atención es la pirámide poblacional en los territorios con grupos étnicos. Mientras que en el rural disperso en general la figura para ilustrar las edades de la población se está convirtiendo cada vez más en un rombo, con menos gente joven en la base, en los grupos étnicos esa pirámide aún tiene una base ancha. La mayoría de las personas están entre las edades de cero a 19 años.

Lo anterior, para Aída Pesquera, se puede interpretar como que las comunidades indígenas tienen mayor arraigo a sus territorios, por lo que se quedan allí, a diferencia de la población campesina censada que está migrando. “Tratan de buscar en su red social más inmediata y en las autoridades locales las soluciones a sus problemas. Trasladarse al centro urbano es una posibilidad más lejana”. Asimismo, de fondo puede haber menor acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos.

Lo que distintos sectores sociales y productivos han resaltado es que estos resultados son finalmente una guía, actualizada después de 45 años, para la formulación de políticas con conocimiento de causa. Según Perfetti, el DANE hace entrega de estos insumos “para que las causalidades (de los resultados) puedan ser planteadas”. Las cifras y las caracterizaciones son apenas el primer paso.

De la deuda histórica con el campo, la que este Gobierno en repetidas ocasiones ha dicho que quiere saldar, finalmente se sabe a cuánto asciende la factura. Los más recientes resultados del Tercer Censo Nacional Agropecuario dan cuenta de situaciones que empíricamente se sabían y que la Misión Rural había anticipado, como que el acceso a servicios públicos es, por decir lo menos, precario.

Ocho de cada diez viviendas ocupadas en el área rural dispersa, aquella que no pertenece a la cabecera municipal o sus veredas y centros poblados aledaños, tienen conexión al servicio de energía eléctrica, mientras que cuatro de cada diez tienen acueducto. Pero sólo seis de cada cien viviendas ocupadas en el rural disperso tienen alcantarillado. En total, la cantidad de viviendas que no tienen acceso a ningún servicio público es el 16,5%.

Para Mauricio Perfetti, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es positivo el resultado de las calidades de las viviendas. Cada vez menos en las paredes de las casas se usan guadua, caña y otros vegetales. En cambio, cada vez más se echa mano del ladrillo, la piedra o la madera pulida, con un paso de 41,3 a 49% de viviendas hechas con esos materiales al comparar los resultados del Censo Poblacional de 2005 con estos resultados.

Mejores condiciones de vivienda son consecuentes con el descenso de la pobreza en el campo que el DANE había anunciado hace cerca de un mes: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en el rural disperso pasó de 73,7% en 2005 al 44,7% en esta reciente medición. Aun así, ese IPM es el doble de la tasa nacional, que es del 21%.

Pero, sin duda, en donde más “cara” está saliendo la factura es en el ámbito demográfico. Mientras que según el censo de 2005 la población rural era cercana a los siete millones de personas, hoy son aproximadamente cinco millones. De fondo se puede interpretar una migración hacia las ciudades que, de acuerdo con Perfetti, “amerita estudios más profundos”, también al ver que los hogares unipersonales han pasado de ser el 11,1% del total al 19,1% en esta medición.

El movimiento hacia los centros urbanos podría ir de la mano con que el número de viviendas desocupadas en el campo haya aumentado, de 11,5 a 13,5%, al tiempo que las ocupadas disminuyen, de 87,1 a 76,7%. Las viviendas de uso temporal dieron un salto de ser el 1,4% a casi el 10% del total.

Además, hace diez años en el 64,2% de los hogares había niños menores de 15 años. Hoy el censo agropecuario dice que apenas el 50% de los hogares los tienen. Además, según esta última medición, en el 39,5% de los hogares hay uno o más adultos mayores, mientras que hace diez años era el 30%. Cada vez menos niños, pero cada vez más ancianos.

“Los jóvenes están saliendo porque no hay un sistema educativo que funcione. No hay educación secundaria y ni hablar de la terciaria. Tienen que desplazarse a centros urbanos para terminar la educación básica”, asegura la exministra y exsenadora Cecilia López. Por su parte, Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, explica que “a medida que las niñas crecen van asumiendo responsabilidades en el hogar y se van desescolarizando. Pero además no hay incentivos para continuar los estudios. No hay oportunidad de saltar a estudios universitarios ni de encontrar un empleo digno”.

López cree que el sector agropecuario tiene que mejorar para generar oportunidades de trabajo dignas. Por un lado, dice, la solución puede ser fomentar la asociatividad entre productores. “Que la gente que tiene tierra o que se la van a dar se asocie. Es mejor que se asocien los pequeños con los medianos, porque la asociación de los chiquitos con los grandes ya sabemos cómo va: los grandes con la crema y los chiquitos con el suero”.

En un sentido similar opina la directora de Oxfam. “Nos hablan de la atracción de inversión extranjera, que más industria es más empleo, pero eso se ha demostrado como falso. La inversión ha incrementado, pero no ha habido empleos de calidad”. Un primer paso para la exministra López es “que se cree el trabajo asalariado que cumpla las leyes. Ahí (en el campo) no se cumple el salario mínimo. Quieren que lo bajemos, lo que me parece inadecuado porque ahí sí no les van a pagar nada, y que tengan seguridad social”.

Los resultados del DANE también revelaron información de territorios de grupos étnicos. El autorreconocimiento indígena aumentó del 12,9 en 2005 a 16,4% en la medición del año pasado. El de negros, mulatos o afrocolombianos, en cambio, pasó de 8,4 a 7,7%. De la población rom, raizal y palenquera se pasó de tener 0% de autorreconocimiento en 2005 a 0,2, 0,1% y 0,3% respectivamente.

Algo que llama la atención es la pirámide poblacional en los territorios con grupos étnicos. Mientras que en el rural disperso en general la figura para ilustrar las edades de la población se está convirtiendo cada vez más en un rombo, con menos gente joven en la base, en los grupos étnicos esa pirámide aún tiene una base ancha. La mayoría de las personas están entre las edades de cero a 19 años.

Lo anterior, para Aída Pesquera, se puede interpretar como que las comunidades indígenas tienen mayor arraigo a sus territorios, por lo que se quedan allí, a diferencia de la población campesina censada que está migrando. “Tratan de buscar en su red social más inmediata y en las autoridades locales las soluciones a sus problemas. Trasladarse al centro urbano es una posibilidad más lejana”. Asimismo, de fondo puede haber menor acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos.

Lo que distintos sectores sociales y productivos han resaltado es que estos resultados son finalmente una guía, actualizada después de 45 años, para la formulación de políticas con conocimiento de causa. Según Perfetti, el DANE hace entrega de estos insumos “para que las causalidades (de los resultados) puedan ser planteadas”. Las cifras y las caracterizaciones son apenas el primer paso.