El costo fiscal de bienes y servicios excluidos de IVA es de $57,5 billones

Pese a que el presidente Iván Duque ha empezado a aclarar que no llevará una reforma tributaria al Congreso sino un proyecto de financiamiento para la recuperación de la economía, los técnicos del Ministerio de Hacienda siguen trabajado en lo que será la primera reforma fiscal de la presente administración.

Lo cierto es que el país necesita con urgencia la modernización del estatuto tributario que le permita tener unos mayores ingresos, para aliviar el déficit fiscal y encaminar la economía hacia un contante crecimiento. La iniciativa tributaria que prepara el Ministerio de Hacienda en conjunto con la DIAN va a descansar sobre dos ejes principalmente: el IVA con una mayor cobertura entre los productos de la canasta familiar y un alivio en el impuesto de renta corporativo y que tenga mayor peso en las personas naturales.

El Gobierno estima que la cobertura del IVA en Colombia es muy baja, más o menos corresponde a 5 % del PIB, mientras que el promedio en América Latina es de 6,2 %. Esa diferencia implica alrededor de $15 billones menos en recaudo de IVA.

Un estimativo del Ministerio de Hacienda indica que si todos los bienes y servicios que compran los consumidores colombianos tuvieran una tasa general de IVA del 19 % se podría estar pensando en un recaudo cercano a los $66 billones, que equivalen a 7,2 % del PIB (Producto Interno Bruto).

Este menor recaudo de IVA se manifiesta en que por los bienes y servicios excluidos se dejan de percibir $57,5 billones; por los exentos $4,9 billones y por los bienes y servicios que aparecen con una tarifa del 5 % se deja de recaudar $3,2 billones. “Poner más IVA a la canasta familiar es una equivocación. Colombia ha vivido un proceso de desaceleración económica con efecto sobre el ingreso y la calidad de vida de los hogares”, señala Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria.

Exenciones y exclusiones

El viceministro de Hacienda, Andrés Pardo, señala que las exenciones y exclusiones del IVA están generando algunos beneficios desproporcionados a los hogares de mayores ingresos. Explica que por cada $100 que se están dejando de recaudar $34 se los está ahorrando un número importante de las personas más ricas de la población y apenas $2,3 la clase de menores ingresos.

“El decil (define sectores socioeconómicos según ingreso per cápita familiar) de mayores ingresos se está ahorrando casi 15 veces más de IVA que el decil de menor ingreso, pero este gasta nueve veces más, en promedio, que el de menor ingreso”, explica Pardo.

Cuanto más se aprueban reformas tributarias más crece el número de bienes y servicios excluidos y exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). A comienzos del siglo eran más o menos unos 60 que gozaban con esos privilegios y ahora son más de 100 ítems.

La filosofía de tener bienes y servicios exentos y excluidos de pagar el IVA era reducir la regresividad intrínseca que tiene ese tipo de carga tributaria. Pero ese tratamiento no ha logrado reducir esa regresividad.

A manera de argumento para gravar con IVA más bienes y servicios de la canasta familiar, Pardo considera que una persona de buenos ingresos por qué se tiene que ahorrar el IVA en bienes y servicios cuando lo puede cancelar sin problemas. Por ahora, el Gobierno estudia la forma de mitigar la regresividad del IVA explorando la mejor forma para hacer devoluciones a los hogares de menores ingresos.

El 20 % de la población con mayores ingresos recibe cerca del 50,9 % de los beneficios por exenciones y exclusiones del IVA, sostiene un informe del Ministerio de Hacienda. El decil de mayor ingreso ahorra 14,6 veces más en IVA que el de menor ingreso, mientras que el gasto medio del primero es 8,9 veces más grande que el del segundo, explica Pardo.

El presidente de ANIF, Sergio Clavijo, considera que algunas tarifas del IVA que están con cero y 5 % deberían moverse al 19 %, sin embargo, aclara que es muy inconveniente gravar el 30 % de la canasta familiar.

“No se metan a gravar el 30 % de la canasta básica que hoy no lo está. Primero porque rinde muy poco y segundo porque los esquemas de devolución que han sido exitosos en países pequeños y poco corruptos como Uruguay, en Colombia serían una invitación a la corrupción”, sostiene el presidente de ANIF.

El viceministro de Hacienda recuerda que en 2003 la Corte Constitucional no avaló la ampliación de la base del IVA a los productos de la canasta familiar porque no se estaba mitigando el tema de la regresividad. Considera que ahora existe información necesaria para realizar ese tipo de transferencias. Actualmente devolverle el IVA a la población más vulnerable se puede hacer a un costo razonable, estima Pardo.

“Si el Gobierno en verdad está preocupado por el bienestar de la población, debe buscar los recursos tributarios que necesita para el funcionamiento del Estado en la evasión, en la riqueza fugada hacia paraísos fiscales y en la eliminación de innecesarias exenciones tributarias”, sostiene Valencia.

Para Víctor Mauricio Castañeda, profesor de la Universidad Nacional, el anuncio del ministro de Hacienda sobre las devoluciones del IVA a las familias de bajos ingresos es inconveniente. Ya se tienen antecedentes de la dificultad que ha presentado Planeación Nacional para identificar con precisión a la población vulnerable que debería beneficiarse con estas ayudas, señaló.

Jorge Humberto Botero, presidente de Fasecolda, sostiene que tener una sola tasa del IVA sin ninguna excepción o exclusión “es una buena idea”. Para darle progresividad al impuesto, en otros países se usa el mecanismo de devolución a los estratos más pobres, sostiene y señala que “si no somos capaces de manejar eso, tal vez la solución adecuada sea no intentar expandir a todos los productos de la canasta familiar el gravamen, y la razón es que el esfuerzo es muy grande pero el recaudo es muy poco”.

Carga tributaria corporativa

El gobierno del presidente Duque está empeñado en aliviar la carga tributaria de las empresas y pasarla más del lado de las personas naturales. Desde hace años se viene insistiendo en que la tasa efectiva de tributación corporativa es alta. El viceministro general de Hacienda, Andrés Pardo, admite que ese nivel de tributación empresarial es “especialmente alto para las empresas pequeñas y medianas”.

Las cifras que presentó indican que 3.143 empresas consideradas grandes pagan una tasa de tributación de 29 %, unas 7.250 medianas sociedades tienen una tarifa de 32,8 % y por lo menos 6.860 empresas pequeñas responden por un impuesto de renta de 34,6 %. El estudio muestra que en promedio la tarifa del impuesto de renta en el país para las empresas es de 29,5 %. Además, las empresas son las que más contribuyen al recaudo de los impuestos directos y en una proporción excesiva, lo que afecta la competitividad, sostiene el funcionario.

En Colombia, del total del impuesto de renta un 19,1 % lo cancelan las personas y el restante 80,9 % está a cargo de las corporaciones. El promedio de los países de la OCDE (organización a la cual acaba de ingresar el país) indica que 67,4 % de ese tributo está a cargo de las personas naturales y el 32,6 % de las compañías. Esta comparación ha llevado al Gobierno a considerar que se debe mejorar el diseño del impuesto sobre la renta de personas para hacerlo más progresivo y más acorde con estándares internacionales.

El funcionario insiste en que muy pocas personas pagan impuesto de renta en el país y a esto contribuye también el alto grado de informalidad. “Parte del plan de reactivación económica pasa por la formalización del empleo”, señala.

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, admite que el sistema tributario no cumple los propósitos que define la Constitución, pero aclara que no se trata de un sistema tributario progresivo, en el sentido de que quienes tengan más dinero paguen más como proporción de sus ingresos respecto a las personas que ganan menos.

Carrasquilla advierte que nuestro sistema tributario no ayuda a bajar la desigualdad que hay en el país. “Los índices de desigualdad económica y social de nuestro país no mejoran una vez el Estado entra a cobrar impuestos y ejecuta el gasto público social. No somos buenos en redistribuir. Nuestro sistema no es bueno y el sistema tributario no resuelve ese problema y debería hacerlo”, señaló.

Reconoció que el sistema tributario actual castiga la capacidad de innovación de las empresas. “Tenemos un sistema que castiga la actividad empresarial con tasas de tributación excesivas a la luz de la experiencia internacional y cada vez más excesivas en la medida en que el mundo se está moviendo hacia tasas de tributación más bajas”, dijo.

Llamó la atención sobre otros gravámenes que afectan a las empresas, diferentes a la tributación general, como algunos impuestos de naturaleza local que no gravan las utilidades sino el ingreso, “castigando a las empresas con bajos márgenes”.

El sistema es disperso en materia de tasas, lo cual dificulta emprender la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, “esa complejidad que tiene nuestro régimen dificulta ese necesario avance”.

Carrasquilla anunció que espera materializar estas propuestas muy pronto para empezar a resolver los problemas en el frente tributario. El gobierno del presidente Duque prepara el proyecto de reforma que será llevado al Congreso en octubre de este año, para que entre en vigencia en 2019.