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El Ministerio de Transporte no ha establecido como tal fechas en las que el servicio de transporte de pasajeros vuelva a la normalidad, sin embargo, el comienzo de varios proyectos pilotos da cuenta de la prioridad que se está dando a su reanudación de operaciones. La titular de la cartera, Ángela María Orozco, dijo en entrevista con El Espectador que será una decisión conjunta entre el Gobierno Nacional y las regiones, según el comportamiento de la epidemia en cada ciudad.
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¿Cuál es el fin de establecer un plan piloto para los vuelos?
El éxito de los pilotos se va a medir verificando que todos los actores de la cadena aérea puedan cumplir los protocolos de bioseguridad: la Aeronáutica Civil, las concesiones aeroportuarias, las aerolíneas y los operarios. Esto no es una prueba para ver si la gente se enferma o no, el Gobierno expidió las instrucciones porque está convencido de que con esas medidas se puede realizar la actividad de manera segura. Esto no es distinto a los demás sectores, porque su reactivación no ha garantizado que la gente no resulte positiva, es un error pensar que no habrá contagios, lo importante es que la actividad per se no sea una fuente de la enfermedad. Hemos tenido 289 vuelos humanitarios y ninguna de las personas de la tripulación se ha contagiado; las aerolíneas han tenido gente con COVID-19, pero quienes trabajan en tierra. Varios expertos de movilidad están trabajando en el tema, porque no existe ninguna evidencia científica de que la gente esté más expuesta en medios de transporte que en otros escenarios, como en su sitio de trabajo.
¿En qué va la situación del transporte terrestre?
El protocolo de bioseguridad para el transporte terrestre existe desde el 9 de abril, cosa que no pasaba con el aéreo, que fue recientemente expedido, y en la práctica hemos tenido pilotos porque siempre ha estado garantizado el transporte para las personas exceptuadas, incluso ha habido buses humanitarios desde el primer día de este período, así que lo que viene no va a ser muy distinto. Es un sector complejo, pero su reactivación no ha sido distinta a lo que pasa con los demás sectores, el ritmo con que se logre depende de los alcaldes, por ser una actividad que involucra al mismo tiempo varios municipios.
Hemos socializado el protocolo y los requisitos que se deben tener con alcaldes y gobernadores para que logren el restablecimiento del transporte intermunicipal a manera de piloto, previo aval del Ministerio de Salud y con la autorización del Ministerio del Interior. Existe la posibilidad de que se reactive el transporte intermunicipal en alrededor de 900 municipios con cero o baja afectación. Hemos tenido avances importantes, en zonas bastante organizadas se ha permitido que se retomen operaciones y que las empresas se recuperen financieramente cada vez más, sumado a las alternativas económicas y financieras que se les han venido otorgando.
¿Quiénes han hecho solicitudes?
Algunas zonas donde las autoridades están muy interesadas en iniciar son en Huila, de hecho el mismo gobernador manifestó su intención de reactivar la actividad con varios municipios y empresas del departamento. Lo mismo sucede en Antioquia, donde la Gobernación está liderando el proceso de un grupo de municipios interesados en formar parte del plan. También Boyacá con la capital y otros municipios que quieren integrarse para ser activados como zona piloto. Y en Armenia se están organizando.
¿Ya se han girado recursos de la línea de crédito exclusiva que tiene este sector?
Esa es una medida clara que ha tenido un impacto. De los $95.000 millones que se dispusieron para una nueva línea de crédito, el pasado 16 de junio mediante un convenio entre el Ministerio de Transporte y Bancóldex, a la fecha se han girado más de $26.000 millones, hay $15.000 millones reservados y un poco más de $50.000 millones todavía pendientes. Además, estos recursos tienen amparo de hasta el 90 % del Fondo Nacional de Garantías.
Igualmente autorizamos que los fondos de reposición, donde por obligación legal las empresas de transporte ahorran para renovar sus vehículos, se puedan usar hasta en un 85 % para ayudarles a quienes viven de la explotación de su vehículo y lo afilian a una empresa para tener una renta. También la Superintendencia Financiera emitió directrices puntuales sobre los vencimientos de los créditos, la necesidad de dar plazos de gracia y dio lineamientos sobre las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual para ampliar sus vencimientos o disminuir las primas por los meses que no se ha prestado la actividad.
¿Cómo va la reactivación de obras de infraestructura?
Con corte al 3 de julio había alrededor de 830 contratos reactivados y en ejecución de los 891 que teníamos en febrero, antes de la pandemia, es decir, el 92 %. Dado que la reactivación se coordinó de la mano de las secretarías de Salud de los municipios donde queda la obra, y a pesar de que este es un sector que está abierto desde el segundo aislamiento, el proceso ha tomado tiempo. Pero los alcaldes nos han acompañado y se ha demostrado que se retomaron labores de manera exitosa.
¿Significa que casi se recupera el número de trabajadores contratados?
Hemos reactivado 91.868 empleos (86 %) y aún faltan un poco más de 14.800. En la línea base que teníamos en febrero, sin el COVID-19, se contaba con 74.455 empleos, pero hoy hemos generado más porque se han retomado proyectos que estaban paralizados por otras razones, producto del trabajo de 18 meses; por ejemplo, la vía Santana-Mocoa-Neiva, que estaba en proceso de caducidad cuando comenzó este Gobierno por dificultades en el cierre financiero, pero ahora está en manos de otra empresa. Sumando estos casos, debemos llegar a 896 contratos, generando 106.000 empleos, esto tiene un efecto jalonador en la economía en sí mismo.
¿Qué tanto retrasó esta coyuntura la entrega de grandes obras que estaban programadas?
El túnel de La Línea se iba a entregar el 31 de mayo, la primera parte, es decir, el túnel principal de 8,6 kilómetros que atraviesa la cordillera Central, más tres túneles adicionales de más de 12,5 kilómetros de doble calzada, pero el cronograma sufrió un retraso porque si bien la obra civil ya se había terminado, para la instalación de los equipos electromecánicos se requería que vinieran al país unos expertos para hacer unas capacitaciones. Fue necesario organizar videoconferencias y poner a la gente que llegaba de otras partes del país en cuarentena antes de entrar a la obra; todo ese proceso generó un retraso y por eso esa parte del proyecto Cruce de la Cordillera Central se estará entregando la primera semana de septiembre y todo el proyecto, lo restante, en el primer trimestre de 2021.
¿Tienen claridad de cuánto tiempo se perdió?
Cada obra tiene un cronograma diferente, el estimativo no es general, eso depende de la dimensión y de la dinámica de cada proyecto, con franqueza es imposible estimar un promedio general, el ritmo del proyecto depende, por ejemplo, de los tiempos de los protocolos de bioseguridad para que los trabajos se puedan hacer con el debido cuidado. La buena noticia es que ninguna obra se ha convertido en un clúster de contagios, como en otras zonas de aglomeraciones, porque de manera excepcional se han aislado las personas.
