El fantasma de la Caja Agraria

Gustavo Torrijos, Óscar Pérez - El Espectador / Luis Enrique Dussán y Francisco Solano

Ahora que se habla de posconflicto, los ojos están puestos en el campo. Estudios, censos, acuerdos, recomendaciones. La financiación del sector rural, por supuesto, no está al margen de la discusión, y por eso no es de poca monta lo que suceda con el Banco Agrario, creado en 1999 para impulsar el crédito agropecuario. En la entidad se posesionó como presidente hace dos semanas Luis Enrique Dussán, quien llega en una coyuntura de interrogantes abiertos sobre la administración del banco durante los últimos meses.

Cuando el Gobierno anunció que Miguel Samper Strouss y Carlos Eduardo Géchem estarían al frente de las nuevas entidades nacionales del sector rural, la Agencia Nacional de Tierras y la de Desarrollo Rural, respectivamente, se escucharon comentarios, por ejemplo de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), pidiendo que las entidades no se politizaran. Tanto Samper como Géchem provienen de estirpes políticas. También que siguieran el carácter técnico que recomendó una comisión de expertos en diciembre.

Algo parecido dijeron del paso de Luis Enrique Dussán, un liberal del Huila, de la presidencia de Finagro a la del Banco Agrario, entidad en la que el nombramiento lo hace el presidente de la República. Sobre las agencias hay expectativa porque prometen escindir y especializarse en funciones que estaban mezcladas en el Incoder. Sobre el único banco estatal de Colombia, nacido hace 17 años en medio de otro revolcón institucional, el Gobierno ha resaltado las buenas cifras: dio en 2015 las mayores utilidades de su historia, cerca de $450.000 millones, y llegó a todos los municipios de Colombia, entre otros logros.

Pero hay a quienes les preocupa el fantasma de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, más conocida como Caja Agraria, sepultada en junio de 1999 y reemplazada con la actual entidad, adscrita al Ministerio de Agricultura. Entonces, El Espectador escribió: “El desorden administrativo incrementó las pérdidas. El contralor Carlos Ossa Escobar denunció el jueves problemas de préstamos mal otorgados por $400.000 millones y dijo que los políticos se habían robado la entidad de crédito”.

Diversas fuentes, que pidieron no ser citadas, coincidieron en que el nuevo banco nunca había atravesado una situación como la actual. La mitad de las vicepresidencias (que son aprobadas por la junta directiva) se encuentran en interinidad; del nuevo programa de vivienda rural implementado por el ministro Aurelio Iragorri no se ha entregado ninguna casa; ha habido nombramientos criticados en altos cargos de la entidad, y se ha incurrido en lo que por lo menos pueden denominar malas prácticas, como la alteración de una certificación sobre las decisiones de la junta directiva.

Por ejemplo, en diciembre de 2014 fue creada la vicepresidencia ejecutiva, para tomar decisiones de una forma más eficiente. Sin embargo, a la fecha no se ha hecho ningún nombramiento. El saliente presidente, Francisco Solano, explicó en entrevista con este diario, antes de dejar el cargo, que el proceso de selección se hizo con la firma “head hunter” Caldwell Partners, que consiguió tres candidatos. “No logramos llegar a feliz término, nos faltó el centavo para el peso”, aseguró y agregó que el proceso se detuvo cuando se supo que llegaría Dussán, para que él participara en la decisión.

“Lo más grave (que está pasando en el Banco Agrario) es que lo están politizando otra vez, cuando cambian una junta directiva técnica y ponen una nombrada por el Gobierno o amiga del Gobierno”, opinó una persona cercana al sector. A los miembros independientes de la junta, según los estatutos, los designa la asamblea de accionistas, “previa consulta al Ministerio de Agricultura de las hojas de vida”. Recientemente salieron los independientes César Pardo, presidente de Conalgodón; el exembajador de Colombia Álvaro Villegas, y Francisco Estupiñán, quien acaba de renunciar a la presidencia de la Bolsa Mercantil de Colombia.

En su reemplazo, la asamblea aprobó la designación del exgobernador del Valle Francisco José Lourido, el industrial cafetero Gustavo Gaviria Ángel y el exministro de Agricultura Carlos Murgas, quien firmó el decreto de liquidación de la Caja Agraria.

Asimismo, en meses pasados, hizo eco en medios de comunicación que Solano había entrado en discrepancias con miembros de la junta directiva, la cual por petición del presidente del banco había aprobado remover a la vicepresidenta de Banca Agropecuaria, Magdalena Fandiño, a quien tenían en muy buen concepto. Solano luego decidió cambiar a otros dos vicepresidentes, lo cual no cayó bien en la junta.

“Hice unos cambios que creí que eran necesarios para el banco, normales. Cuando los tres cambios, al otro día salió que en Bancolombia habían cambiado a cuatro. Consideraba que había cosas por mejorar (…) que haya tenido un timing desafortunado, en una coyuntura complicada, sobre todo por los temas de la junta. Se mezclaron dos variables independientes por una decisión de la asamblea en la que no tengo nada que ver (el cambio en los miembros independientes de la junta)”, expresó Solano.

Sobre el programa de vivienda rural, un tema que incluso llegó a un debate de control político en el Congreso, el expresidente del banco explicó que no se han entregado casas del nuevo modelo debido a que apenas el Gobierno se está poniendo al día con proyectos de administraciones pasadas. “En los últimos dos años entregamos cerca de 28.000 viviendas, que equivalen al 40 % de las entregas que se han hecho en el gobierno Santos. Al ministro le preocupaban los tiempos de entrega”. El Ministerio anunció que con el nuevo esquema, aprobado en septiembre de 2015, la entrega pasa de tomarse 22 meses a cinco.

El exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo explicó que el modelo que existía antes, que él implementó, se realizaba por convocatoria, lo cual garantizaba la transparencia. “Hubo un cambio de 180 grados y se sacó la injerencia politiquera”. Aseguró que la siniestralidad pasó de presentarse en más de 500 proyectos a cero. “La convocatoria tenía un blindaje. Con criterio inmediatista se puede ahorrar, pero se corre el riesgo de tomar decisiones a dedo”.

Otra de las críticas que cayeron sobre la entidad estuvo en el nombramiento de la exgerente de la regional del banco en la Costa, Sandra Naranjo, en la Secretaría General. Según las cifras de la entidad, la oficina que dirigía Naranjo, a diciembre de 2015, registraba el índice de cartera vencida y de cartera en riesgo más altos de todas las regionales, 12,8 y 24,6 %, respectivamente. Solano reconoció que la Costa es la que más “dificultades” de cartera presenta, pero explicó que el nombramiento de igual forma se hizo con un riguroso proceso de selección con un head hunter.

Naranjo fue criticada por haber expedido una certificación sobre algo que la junta directiva realmente no aprobó en su reunión (ver facsímil). El 11 de febrero, la junta autorizó el viaje del presidente Solano a un evento en Guatemala. Por la política de austeridad, la Presidencia de la República negó los viáticos. Entonces apareció una certificación de la Secretaría General en la que aseguraba que la junta había aprobado el viaje de un delegado.

Nuevos aires

En mayo, la SAC a través de un comunicado dio la bienvenida a Luis Enrique Dussán. Sobre el nuevo presidente de la entidad hay consenso en que conoce el sector agropecuario, al haberse desempeñado, entre otras funciones, como representante a la Cámara durante 12 años en la Comisión Quinta, la encargada de los asuntos agropecuarios.

De acuerdo con Dussán, entre sus principales retos está trabajar por la “oportunidad del crédito”, adecuado para la población rural en el monto y la forma de pago. Sobre la interinidad, Dussán, que apenas se ha reunido una vez con la junta, afirmó: “Se trata de que acertemos y terminemos de estructurar el equipo de una manera sólida, no es bueno que haya un número de vacantes tan importante. Me he comprometido a que a través de la firma contratada podamos tener un cronograma que ojalá sea muy ágil, pero sin correr”.

Acerca de la supuesta politización del banco, comentó que no se puede “estigmatizar la política per se, es fundamental, es como se organiza una sociedad (…) Todo el sector público tiene algún relacionamiento con la política, pero una cosa es la política y otra, la politiquería”.

Solano dejó la entidad con una mejora evidente en el índice de cartera vencida, 6,2 % a mayo de 2016, el mejor en cinco años, y una modernización al punto de que 55 % de las transacciones se hacen por canales virtuales, entre otros. Pero, en definitiva, el llamado de las personas cercanas al sector y a la entidad es a que el banco no se politice y no siga los pasos de su antecesora, la Caja Agraria. Eso teniendo en cuenta, como el mismo Dussán lo reconoce, que el Banco Agrario desempeñará un papel de peso en un eventual posconflicto, al ser una entidad con presencia en todo el territorio y con la capacidad de impulsar con recursos el desarrollo del campo.