¿El fin de la prohibición?

La semana pasada el Congreso de Uruguay dio un paso importante al convertir a ese país en el primero que legaliza el cultivo, la venta y la posesión del cannabis. En noviembre pasado, los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, aprobaron leyes similares. Las medidas son una señal de cómo la monolítica política de drogas, basada en la prohibición, está siendo reexaminada y cambiando. Son indicadores potenciales de un nuevo y valiente mundo. Dado como las drogas tocan la vida de tantas personas, es un escenario que para muchos resulta miedoso.

Sin embargo, durante algunos años ha sido claro que las drogas han estado ganando la “guerra contra las drogas”. En los Estados Unidos, la prohibición ha tenido algunos éxitos, pero los costos han sido enormes.

Estados Unidos invierte US$50.000 millones al año en los esfuerzos contra las drogas. El uso de cocaína ha caído 40% desde 2006, pero ha sido sustituida por drogas sintéticas y por el abuso de las pastillas por prescripción médica. En Estados Unidos también se arresta a más personas que en cualquier otro lugar. Basado en la masa demográfica, son cinco veces más personas que en el Reino Unido o en China. Es sorprendente que en 2009 la mitad de los prisioneros federales de Estados Unidos, y uno de cada cinco prisioneros estatales, estaban tras las rejas por cargos relacionados con drogas.

En efecto, es una razón por la que hay una tolerancia cada vez mayor hacia la legalización del cannabis en ese país. Ahora que la marihuana no se ve como la “puerta a otras drogas”, muchos padres están más interesados en que sus hijos no tengan un prontuario criminal que preocupados por que consuman cannabis.

Los países productores enfrentan retos distintos. En América Latina, el más grande es la violencia aterradora. Unas 70.000 personas han muerto desde que México lanzó un ataque frontal a los traficantes internacionales hace siete años. Honduras padece tasas de homicidio que normalmente se ven en zonas de guerra. Incluso donde los carteles de drogas han sido sometidos, como en Colombia, el efecto sobre las exportaciones ha sido poco. Las rutas de tráfico tan sólo se desplazan.

A pesar de este débil historial, era un tabú cuestionar las políticas prohibicionistas. Sin embargo, la actitud está cambiando rápidamente. En abril, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y un cercano aliado de los Estados Unidos, solicitó que la Organización de Estados Americanos (OEA) reexaminara la política contra las drogas en un hemisferio donde se genera la mitad del consumo de cocaína y heroína, y una cuarta parte del uso de cannabis.

Como resultado, este año la OEA se convirtió en la primera organización multilateral en apoyar el estudio de nuevos enfoques, entre ellos la legalización del cannabis. Y en 2016 las Naciones Unidas probablemente realicen una asamblea general especial en torno al tema. Los opositores más fuertes a esta reforma probablemente no sean los Estados Unidos o Europa, que en buena medida han relajado la retórica de la “guerra contra las drogas”, sino China y Rusia. Podría ser una reunión muy acalorada.

Entre tanto, está bien explorar propuestas distintas para un problema que es también un negocio muy grande: las Naciones Unidas estiman que el valor del comercio de drogas ilegales es de US$330.000 millones al año, de los que el cannabis es casi la mitad. Este es el valor de los experimentos de Uruguay, Colorado y Washington. No buscan promover el consumo de drogas, sino regularlo.

Es importante no sobreestimar los beneficios potenciales. Por ejemplo, legalizar el cannabis reduciría los ingresos criminales, pero no los eliminaría. Los carteles de droga de México, por ejemplo, reciben tan sólo una tercera parte de sus ingresos del cannabis. El resto proviene de otras drogas ilegales, de la extorsión y del secuestro.

La legalización, de por sí, tampoco mejoraría la seguridad en América Latina. No lo haría si las fuerzas policiales son débiles, los jueces corruptos y los niveles de impunidad altos. No vaciaría las prisiones de Estados Unidos. La legalización tampoco aumentaría mucho los ingresos tributarios que tendrían que invertirse en tratamientos contra la adicción. Esto porque para competir con los mercados ilegales, las drogas reguladas tendrían que ofrecer buena calidad a precios competitivos, lo cual no podría hacerse si los impuestos son altos.

En resumen, la legalización no es la panacea. Tan sólo hace parte de una nueva estrategia. No obstante, que se examine la política es un avance. Todas las políticas públicas deberían someterse a escrutinio. Esto es así en especial para aquellas que se basan en las nociones de que pueden controlar un commodity lucrativo y cambiar un comportamiento básico. Por alguna razón, a los seres humanos les gusta el vértigo y embriagarse.

La semana pasada el Congreso de Uruguay dio un paso importante al convertir a ese país en el primero que legaliza el cultivo, la venta y la posesión del cannabis. En noviembre pasado, los estados de Washington y Colorado, en Estados Unidos, aprobaron leyes similares. Las medidas son una señal de cómo la monolítica política de drogas, basada en la prohibición, está siendo reexaminada y cambiando. Son indicadores potenciales de un nuevo y valiente mundo. Dado como las drogas tocan la vida de tantas personas, es un escenario que para muchos resulta miedoso.

Sin embargo, durante algunos años ha sido claro que las drogas han estado ganando la “guerra contra las drogas”. En los Estados Unidos, la prohibición ha tenido algunos éxitos, pero los costos han sido enormes.

Estados Unidos invierte US$50.000 millones al año en los esfuerzos contra las drogas. El uso de cocaína ha caído 40% desde 2006, pero ha sido sustituida por drogas sintéticas y por el abuso de las pastillas por prescripción médica. En Estados Unidos también se arresta a más personas que en cualquier otro lugar. Basado en la masa demográfica, son cinco veces más personas que en el Reino Unido o en China. Es sorprendente que en 2009 la mitad de los prisioneros federales de Estados Unidos, y uno de cada cinco prisioneros estatales, estaban tras las rejas por cargos relacionados con drogas.

En efecto, es una razón por la que hay una tolerancia cada vez mayor hacia la legalización del cannabis en ese país. Ahora que la marihuana no se ve como la “puerta a otras drogas”, muchos padres están más interesados en que sus hijos no tengan un prontuario criminal que preocupados por que consuman cannabis.

Los países productores enfrentan retos distintos. En América Latina, el más grande es la violencia aterradora. Unas 70.000 personas han muerto desde que México lanzó un ataque frontal a los traficantes internacionales hace siete años. Honduras padece tasas de homicidio que normalmente se ven en zonas de guerra. Incluso donde los carteles de drogas han sido sometidos, como en Colombia, el efecto sobre las exportaciones ha sido poco. Las rutas de tráfico tan sólo se desplazan.

A pesar de este débil historial, era un tabú cuestionar las políticas prohibicionistas. Sin embargo, la actitud está cambiando rápidamente. En abril, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y un cercano aliado de los Estados Unidos, solicitó que la Organización de Estados Americanos (OEA) reexaminara la política contra las drogas en un hemisferio donde se genera la mitad del consumo de cocaína y heroína, y una cuarta parte del uso de cannabis.

Como resultado, este año la OEA se convirtió en la primera organización multilateral en apoyar el estudio de nuevos enfoques, entre ellos la legalización del cannabis. Y en 2016 las Naciones Unidas probablemente realicen una asamblea general especial en torno al tema. Los opositores más fuertes a esta reforma probablemente no sean los Estados Unidos o Europa, que en buena medida han relajado la retórica de la “guerra contra las drogas”, sino China y Rusia. Podría ser una reunión muy acalorada.

Entre tanto, está bien explorar propuestas distintas para un problema que es también un negocio muy grande: las Naciones Unidas estiman que el valor del comercio de drogas ilegales es de US$330.000 millones al año, de los que el cannabis es casi la mitad. Este es el valor de los experimentos de Uruguay, Colorado y Washington. No buscan promover el consumo de drogas, sino regularlo.

Es importante no sobreestimar los beneficios potenciales. Por ejemplo, legalizar el cannabis reduciría los ingresos criminales, pero no los eliminaría. Los carteles de droga de México, por ejemplo, reciben tan sólo una tercera parte de sus ingresos del cannabis. El resto proviene de otras drogas ilegales, de la extorsión y del secuestro.

La legalización, de por sí, tampoco mejoraría la seguridad en América Latina. No lo haría si las fuerzas policiales son débiles, los jueces corruptos y los niveles de impunidad altos. No vaciaría las prisiones de Estados Unidos. La legalización tampoco aumentaría mucho los ingresos tributarios que tendrían que invertirse en tratamientos contra la adicción. Esto porque para competir con los mercados ilegales, las drogas reguladas tendrían que ofrecer buena calidad a precios competitivos, lo cual no podría hacerse si los impuestos son altos.

En resumen, la legalización no es la panacea. Tan sólo hace parte de una nueva estrategia. No obstante, que se examine la política es un avance. Todas las políticas públicas deberían someterse a escrutinio. Esto es así en especial para aquellas que se basan en las nociones de que pueden controlar un commodity lucrativo y cambiar un comportamiento básico. Por alguna razón, a los seres humanos les gusta el vértigo y embriagarse.