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La Contraloría General de la República configuró un hallazgo fiscal por COP 12.918 millones en el centro de innovación “Sacúdete Crea” de Girardot, una obra que, tras cuatro años, no presta servicios y ya muestra deterioro visible.
“Los recursos públicos invertidos no han materializado los beneficios sociales previstos (…) debido a que la infraestructura no se encuentra funcional y está en estado de deterioro”, concluyó el organismo de control.
El proyecto hace parte de la estrategia Sacúdete, lanzada en 2019 durante el gobierno de Iván Duque, con la promesa de impulsar talento en industrias creativas, culturales y tecnológicas. La idea era ambiciosa: espacios para formación, emprendimiento y prevención de la violencia en territorios con rezagos sociales.
“Pone a disposición de la juventud colombiana herramientas innovadoras (…) para el cierre de brechas”, se describía entonces desde el Gobierno Duque.
En Girardot, el plan tomó forma a través de un convenio entre el Ministerio del Interior y la Alcaldía por COP 17.359 millones. Hoy, la mayor parte de esos recursos ya se ejecutó.
De acuerdo con la Contraloría, se han pagado COP 12.918 millones a contratistas de obra e interventoría. Ese dinero, en las condiciones actuales del proyecto, es considerado daño patrimonial.
El plazo original vencía el 31 de diciembre de 2021. No se cumplió. El contrato acumuló ocho modificaciones, cinco prórrogas y una adición de COP 5.171 millones, que extendió la entrega hasta junio de 2025.
Aun así, el centro no funciona. La brecha entre lo construido y lo utilizable es amplia. La obra física alcanza 92,40 % de avance, pero el suministro e instalación de equipos esenciales apenas llega a 6,63 %. El retraso en esa fase supera 93 %.
“La inspección evidenció fisuras, desprendimientos superficiales y exposición de elementos estructurales por falta de mantenimiento”, detalló la Contraloría.
La infraestructura, en otras palabras, se está deteriorando sin haber sido usada.
El organismo también apuntó a fallas en la gestión pública. “El Ministerio del Interior no identificó oportunamente los incumplimientos ni adoptó acciones correctivas”, señaló, junto con debilidades en la supervisión y la interventoría.
Ese componente también creció. El contrato de interventoría pasó de COP 708 millones a COP 2.087 millones, bajo dos figuras: el Consorcio SDT Girardot y, posteriormente, la Unión Temporal INTERSAC 2023.
El caso no aparece de la nada. Ya en 2021 había advertencias sobre la estrategia Sacúdete. Una investigación de La Silla Vacía describía que estas obras se habían usado para “consentir a aliados del Gobierno” y que enfrentaban problemas de planeación y sobrecostos.
“El antídoto contra la violencia en Colombia”, definía el Gobierno a estos centros en 2021.
En Girardot, además, el proyecto tenía un peso político particular. Era una de las megainfraestructuras asociadas a la economía naranja y se desarrollaba en un municipio clave dentro de esa narrativa.
A nivel local, la expectativa también era alta. “Promover el desarrollo de actividades lúdicas, pedagógicas (…) y fomentar el emprendimiento”, planteaba el plan de desarrollo del alcalde del municipio, Francisco Lozano Sierra.
La promesa se mantuvo incluso en la transición de gobierno. En 2025, la Alcaldía de Girardot insistía en que el centro “busca convertirse en un espacio seguro y de encuentro (…) impulsando la convivencia ciudadana y el talento creativo local”.
Ese escenario todavía no existe.
La Contraloría ordenó al municipio de Girardot presentar un plan de mejoramiento a través del SIRECI para responder por el detrimento identificado. El proceso incluye incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria.
Mientras tanto, el edificio sigue ahí. Casi terminado. Sin uso.
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