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En las últimas horas se conoció una resolución del Ministerio de Agricultura que despertó la molestia de varios gremios del campo.
La medida, a grandes rasgos, le permite a la cartera vigilar de cerca a las asociaciones campesinas y agropecuarias. Es decir, podrá revisar sus cuentas, cambiar sus estatutos, remover a sus representantes legales o, incluso, suspenderlas si el Ministerio encuentra irregularidades.
La decisión no cayó bien en organizaciones como el Consejo Gremial Nacional y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que consideran que el Gobierno está yendo más allá de lo que permite la ley y viola la libertad de asociación.
ABC de la resolución
La Resolución 000052 de 2025 del Ministerio de Agricultura reglamenta cómo se ejercerán las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias.
Básicamente, esta medida define los procedimientos y alcances que tendrá el Ministerio cuando detecte que alguna de estas organizaciones incumple la ley, sus estatutos o los fines para los que fue creada.
Según la resolución, el Ministerio podrá intervenir solo si una asociación no cumple la ley, los estatutos o sus objetivos originales.
En esos casos, podrá:
- Revisar documentos y estados financieros
- Pedir que se cambien los estatutos
- Remover a los representantes legales
- Suspender actos irregulares
- Cancelar la personería jurídica (como última medida)
Esta resolución se basa en la Ley 2219 de 2022, que fue sancionada por el entonces presidente Iván Duque y que asignó de forma expresa al Ministerio estas funciones.
Según la cartera del Gobierno, esta norma busca dar aplicación a lo que ya está contemplado en la ley y no crea nuevas facultades, sino que organiza cómo se debe actuar en caso de irregularidades.
¿Qué busca el Gobierno?
El Ministerio de Agricultura explicó que no se está inventando nada. En recientes pronunciamientos a medios, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó que estas funciones ya estaban previstas desde hace más de una década, pero en su momento no se aplicaron porque faltaba una ley.
Esa ley, asegura, llegó en 2022: la Ley 2219, firmada por el entonces presidente Iván Duque.
Dicha ley le dio al Ministerio la función de hacer seguimiento a las asociaciones campesinas y agropecuarias, y también les dio ese poder a las alcaldías y gobernaciones.
Ahora, con esta nueva resolución, lo que hace el Ministerio es organizar cómo se va a aplicar esa vigilancia.
El Minagricultura también aclaró que publicó el proyecto de resolución en consulta pública dos veces, para que la ciudadanía opinara, y que todo está bajo control judicial, como cualquier decisión administrativa.
Las críticas de los gremios
La resolución no cayó bien entre varias organizaciones del sector agropecuario. Desde la publicación del documento, el Consejo Gremial Nacional y la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) mostraron su rechazo, asegurando que esta medida puede afectar derechos fundamentales como la libertad de asociación y la autonomía gremial.
El Consejo Gremial Nacional, que reúne a 33 gremios económicos del país, fue uno de los primeros en pronunciarse.
A través de un comunicado, advirtió que la resolución representa una “grave extralimitación de funciones” por parte del Ministerio y una amenaza directa al funcionamiento independiente de las asociaciones.
El Consejo Gremial añadió que esta norma abre la puerta a que el Gobierno se meta en decisiones internas de entidades privadas, así como criticaron que el Ministerio tenga la facultad de revisar información financiera, remover representantes legales o modificar estatutos sin una orden judicial de por medio.
Para ellos, esto es una forma de intervención que no corresponde a una autoridad administrativa, sino al Congreso o a los jueces.
En esa misma línea, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) señaló que, aunque la resolución se ampara en la Ley 2219 de 2022, la forma en que se reglamenta va en contra del espíritu de esa misma ley.
Específicamente, la SAC advierte que el artículo 7 de la Ley 2219 prohíbe al Ministerio intervenir en los asuntos internos de las asociaciones.
“La resolución desconoce la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y es contraria a la misma Ley 2219 de 2022”, afirmó Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC.
Según él, permitir que una entidad del Ejecutivo pueda modificar estatutos o suspender personerías jurídicas sin un proceso judicial, representa un riesgo para la seguridad jurídica de los gremios.
El gremio considera que este tipo de medidas deben pasar por el Congreso y no quedar a discreción de una entidad del Gobierno. Por eso, anunció que está analizando posibles acciones legales para frenar la aplicación de la resolución y proteger la institucionalidad gremial.
#Comunicado| La Resolución 052 del @MinAgricultura viola la libertad de asociación que protege nuestra Constitución. Permite modificar estatutos, remover representantes y suspender personerías jurídicas, excediendo las funciones del Ministerio.
— Sociedad de Agricultores de Colombia (@SAColombia) March 27, 2025
Lea aquí el comunicado completo👇🏼 pic.twitter.com/GPAHRX0OVH
La respuesta del Gobierno
La resolución del Ministerio de Agricultura volvió a poner sobre la mesa el debate sobre hasta dónde puede llegar el Gobierno en la vigilancia de asociaciones campesinas y agropecuarias.
En medio de la controversia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, defendió la resolución en una entrevista a Caracol Radio este viernes 28 de marzo.
Según explicó, el objetivo del Ministerio no es intervenir ni restringir la libertad de las asociaciones, sino aplicar una regulación que ya existe y que responde a una necesidad histórica del sector.
“Nosotros no estamos vulnerando ni la actividad económica, ni la autonomía de las organizaciones, ni estamos violando la ley”, aseguró la ministra.
Carvajalino explicó que lo que hizo el Ministerio fue reunir y organizar en una sola norma los mecanismos que ya aplican a muchas entidades sin ánimo de lucro, las cuales ya son vigiladas por las alcaldías municipales.
En ese sentido, dijo que la resolución no crea nuevas reglas, sino que establece cómo debe aplicarse una función que ya está en manos del Estado desde 2022, cuando se aprobó la Ley 2219.
“Esto es una necesidad que tenemos en el sector agropecuario. Este debate viene desde hace mucho tiempo sobre cómo se vigilan las entidades del sector agropecuario para que cumplan la ley, sus estatutos y garanticen que la actividad que realizan se ajuste al ordenamiento jurídico del país”, añadió la ministra.
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