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El sector de telecomunicaciones comienza en 2026 con grandes incertidumbres y retos. Para empezar, es necesario que el Ministerio de las TIC rediseñe sus programas sociales, teniendo en cuenta la realidad de que la caja de la entidad se verá afectada, pues la situación de la industria puede no ser la mejor. En consecuencia, el Ministerio recibirá menos recursos provenientes del arrendamiento de frecuencias y del pago de contraprestaciones por parte de los operadores.
Es preocupante el futuro de ETB en Bogotá. El alcalde y el Concejo de Bogotá deberán encontrar una solución estructural ante la situación financiera de esta empresa. El nuevo entorno de competencia que genera la fusión Tigo-Movistar dinamizará el sector. Se supone que un segundo operador más fuerte contrarrestará la posición de dominio de Comcel-Claro, lo cual depende en gran medida de que la CRC acierte en sus medidas regulatorias.
Preocupante también la idea del presidente Petro de revivir a Telecom y su faraónico propósito de tender fibra óptica en el Amazonas. La reestatización del sector sería un desperdicio de recursos públicos en contravía de las realidades del mercado.
En 2026, la CRC tiene que dimensionar seriamente el impacto de las OTT. Existe el peligro de que Colombia se convierta en un Tíbet regulatorio, alejado de la realidad. Por el lado de la televisión, causa zozobra la conducta de algunas autoridades en contra de los operadores, requisando sus contenidos e interfiriendo indebidamente en su actividad comercial. En medio de los procesos electorales que se avecinan, todas las entidades del Estado deberán garantizar el libre ejercicio de la actividad informativa.
En el contexto internacional, en 2026, seguirá en primer plano el pulso del presidente Donald Trump con la Unión Europea (UE) por la regulación de las telecomunicaciones y las sanciones en contra de empresas estadounidenses para proteger a los consumidores y a la competencia. Recientemente, empresarios como Mark Zuckerberg y Elon Musk han intensificado sus ataques contra la normatividad comunitaria que estorba sus negocios en Europa. El futuro de las emblemáticas leyes europeas sobre mercados (DMA) y servicios digitales (DSA) puede estar en vilo si Trump arrecia la guerra comercial. Frente a la vertiginosa pérdida de competitividad, la UE en 2025 se vio forzada a expedir un paquete de normas (Ómnibus) para simplificar la carga regulatoria.
En 2026, la disputa de Estados Unidos con China en el terreno tecnológico podrá tomar un rumbo inusitado. A finales del año pasado Trump, de manera sorpresiva, autorizó a Nvidia para vender chips al gigante asiático. Si bien la autorización recae sobre un producto de segundo nivel, la decisión puede tener profundos efectos comerciales y geopolíticos. Ya se sabrá si solo fue un bandazo presidencial o si detrás hay una estrategia de seguridad nacional para debilitar a fabricantes chinos o generar dependencia tecnológica.
En cuanto a la inteligencia artificial (IA), es muy probable que en 2026 se conozca si fue acertado el pronóstico del estallido de la burbuja. Como lo ha advertido Sam Altman, creador de OpenAI, hay muchas áreas de la IA que están sobrevaloradas. Muchos desarrolladores han incurrido en cuantiosísimas inversiones a punta de deuda que podría quedar impagada. El mercado es bien volátil y muchos podrían sucumbir. Incluso, están en riesgo los gigantes tecnológicos. Según lo expresó Sundar Pichai, CEO de Google, “ninguna empresa será inmune, ni siquiera nosotros”.
Cualquiera sea la suerte de las empresas de IA, esta tecnología seguirá extendiendo su dominio, redefiniendo las herramientas del conocimiento, la conducta humana y su interacción con la tecnología. Crecerá la incertidumbre acerca de si la regulación tiene la capacidad de controlar las dádivas de Prometeo.
* Consultor experto en telecomunicaciones y columnista de El Espectador
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