El debate sobre el funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) revive cada tanto, pues los motivos de discusión siguen sin resolverse.
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Esta vez, el SOAT volvió al paredón porque Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda (el gremio de aseguradores del país), propuso que este seguro sea más caro para las motos y dijo que el Gobierno cometió un error al bajar la tarifa para estos vehículos en diciembre de 2022.
En su momento, el Gobierno de Gustavo Petro argumentó que la baja del 50 % en las tarifas del SOAT para los propietarios de motos de bajo cilindraje permitiría que más personas accedieran al seguro y así bajaría la evasión, pero ocho meses después las cifras no respaldan esa hipótesis.
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Morales sostiene que el gremio apoyó la iniciativa, pero ahora sabe que fue una equivocación que se tiene que resolver. No hay que dar tantas vueltas para confirmar que, lamentablemente, la estrategia no dio resultados, por lo menos no los esperados. Antes de la medida la evasión del SOAT para las motos era del 62,5 %, con corte a mayo de 2023 la cifra es de 59,5 %. Para el caso de los demás vehículos, en el mismo periodo, la evasión pasó de 30,4 % a 28,5 %.
El seguro, que cubre los gastos inmediatos en atención en salud y servicios funerarios de los siniestros viales, se pensó como un esquema solidario, pero se ha visto lastrado por el fraude, la evasión y el aumento en la siniestralidad.
Sobre este último punto, la preocupación también recae en las motos (argumento que usa Fasecolda para proponer que se les cobre más). En 2022, seis de cada 10 fallecidos por siniestros viales fueron motociclistas, según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Este no es un dato menor: el año pasado 4.914 usuarios de motos murieron en las vías del país. Pese a las altas cifras de siniestros viales, estos vehículos siguen ganando popularidad: el número de matrículas de motocicletas nuevas en el país fue casi tres veces mayor que el de otras clases de vehículos en 2022.
Ahora bien, Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente de la Universidad Javeriana, dice que aunque el planteamiento del Gobierno era lógico, en la práctica muchos conductores optaron por no pagar. ¿Por qué? Para Hidalgo la respuesta es sencilla: “Porque el control no es efectivo. Muchos municipios del país no tienen ni siquiera autoridad de tránsito para poder hacer los comparendos e incluso en las grandes ciudades es complejo revisar moto por moto”.
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Es necesario poner sobre la mesa que probablemente algunos de los usuarios que no pagan el SOAT (al menos una pequeña parte de ese 59 %) no tienen los recursos para hacerlo. Vale recordar que el 91 % de las personas que compraron motocicletas nuevas en 2018 eran de estratos 1, 2 y 3. La mayoría lo hizo para transportarse y trabajar, de acuerdo con un estudio de la Cámara de la Industria Automotriz.
Este vehículo, pese a todos los reparos (y ahí está el dilema), suple las necesidades de miles de personas en Colombia, se considera una alternativa al transporte público, una herramienta de trabajo e incluso pueden ser la única opción en zonas rurales por el estado de las vías.
Aun teniendo en cuenta estas consideraciones, Hidalgo señala que “tener un vehículo es un privilegio y se deben cumplir los requisitos que implica tenerlo, incluyendo el SOAT”. Para el experto, poner “excusas” solo sirve para perpetuar el problema en un sistema “que está desfinanciado” y que tiene otros asuntos que se deben solucionar de manera urgente, como el fraude.
Desde el punto de vista de algunos usuarios de motos, el SOAT es el problema. Alejandro Rubio Sabogal, presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol), cuestiona por qué deben pagarlo quienes tienen un vehículo, “si ya se encuentran afiliados” a una EPS. “El SOAT debe replantearse. Hace falta una póliza transversal, todo riesgo, que cubra hurto, daños a vehículos propios y de terceros y bienes inmuebles”, sostiene.
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Mientras tanto, Fasecolda propone que el SOAT dependa del nivel de riesgo y no del costo del vehículo. Básicamente, que los usuarios de motos, que son los que más se accidentan, paguen más.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en mayo de este año por el Congreso de la República, abrió la puerta para que el Gobierno realice ajustes normativos al SOAT. Fasecolda dijo que “presentó a los ministerios de Salud, Hacienda y Transporte un abanico de propuestas” y que las mesas para “el nuevo SOAT” están por arrancar.
En un evento organizado por Fasecolda, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, señaló que en las mesas se deben plantear soluciones para muchos problemas, “entre otras cosas, procesos de engaño con la venta del SOAT y dificultades para adquirirlo”. El jefe de cartera no dio mayores detalles sobre las cartas del Gobierno, pero sí afirmó que hay que evaluar opciones como cobros mayores para las personas que ya se han accidentado.
Estrategias hay muchas. Por ejemplo, Luis Alfredo Vega, miembro de la Red Académica de Movilidad (RAM), dijo en conversación con este diario que las tarifas podrían plantearse en función del riesgo que representa el conductor, considerando elementos como la edad y el historial al volante.
Esta puede ser una oportunidad para robustecer el seguro, pero desde ya parece que llegar a acuerdos no será una tarea fácil.
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