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El próximo presidente de Colombia recibirá un sector energético en alerta roja. No se trata de una alarma ideológica ni de un debate académico, sino del resultado de tensiones acumuladas que no se corrigieron oportunamente y que hoy se materializan en problemas de abastecimiento, riesgo de apagón financiero, pérdida del rumbo en materia de transición e insuficiente avance en la reducción de la pobreza energética. Después de tres décadas de relativa estabilidad, el sistema energético tiene otra vez hoy todos los factores alineados para una crisis.
No es que el país no haya avanzado. Es que los avances del pasado son insuficientes para asegurar la estabilidad energética de un país que no repuso oportunamente sus reservas de gas, que no ha logrado que los proyectos entren a la velocidad que requiere la demanda, y que en los últimos tres años ha seguido una política de estigmatización del sector privado, incumplimiento financiero del Gobierno con las empresas y señales erráticas para tratar de hacer una transición energética a una velocidad incompatible con las necesidades socioeconómicas del país.
Análisis recientes del CREE, sobre futuros posibles del sistema energético colombiano, arrojan un mensaje incómodo, pero consistente. Los caminos divergen, pero los problemas estructurales son los mismos. Colombia debe expandir la oferta energética mucho más rápido que en los últimos años, invertir de forma sostenida en generación, redes y respaldo, enfrentar restricciones fiscales cada vez más duras y redefinir su estrategia de transición energética para hacerla social y económicamente viable.
Los electores deberán tener muy claro que en el próximo gobierno no existe una ruta hacia la suficiencia energética que esté libre de tensiones, esfuerzos y sacrificios. El próximo presidente, independientemente de su color político, va a tener que actuar con urgencia y determinación en cuatro grandes frentes.
El primero es la inclusión energética. Más de cuatro millones de colombianos no cuentan hoy con acceso efectivo a energía confiable. La transición energética no puede seguir concentrándose en grandes proyectos, mientras persisten brechas básicas de acceso. Cerrarlas requiere inversión pública sostenida, esquemas de operación adaptados a los territorios y aceptar que no todas las soluciones tecnológicamente sofisticadas son socialmente óptimas en contextos rurales y dispersos. Ignorar este frente no solo perpetúa desigualdades y condena a millones a la pobreza, sino que erosiona la legitimidad de la política energética.
El segundo frente es el de la entrada oportuna de los proyectos. La expansión de la oferta dejó de ser una discusión teórica. Los retrasos en proyectos de generación y transmisión, la incertidumbre regulatoria y los conflictos territoriales mal gestionados están reduciendo los márgenes de seguridad del sistema, al punto de generar riesgos reales de cortes en los próximos dos años. En el mismo sentido, la atención de la demanda de gas está supeditada a que entren a tiempo proyectos que aún enfrentan altos niveles de incertidumbre.
En la próxima década, Colombia necesita más generación firme, más redes y más respaldo. También necesitará más gas natural del que hoy muchos están dispuestos a admitir, y las inversiones necesarias para cerrar el hueco de 100.000 barriles por día que se estima hoy va a hacer falta para poder cumplir el marco fiscal de mediano plazo. Sin la expansión oportuna de la oferta no solo aumenta la probabilidad de que haya problemas de suministro, sino que el sistema se vuelve más vulnerable a aumentos recurrentes en las tarifas.
El tercer frente es el fiscal. El sector energético sigue siendo una fuente fundamental para financiar el gasto social. En años buenos supera los COP 63 billones en regalías, impuestos y utilidades de Ecopetrol. Ningún otro sector aporta tanto como proporción de su producción. Sin embargo, no hay hoy un plan de transición fiscal realista que permita hacer factible una salida de los combustibles fósiles.
Y a esto hay que sumarles los COP 6 billones de subsidios, alivios de la pandemia y facturas vencidas que el Gobierno les debe a las empresas comercializadoras de energía eléctrica, así como el hecho de que el país sigue destinando cerca de COP 8 billones al año en subsidios al diésel. Liberar el precio de este combustible es la mejor manera de conseguir los recursos para pagar estas deudas, financiar el cierre de las brechas de cobertura y aliviar las tensiones financieras a las que está sometido el sector.
Finalmente, debemos repensar la transición energética. La meta de descarbonización a 2030 es imposible de cumplir. El Gobierno lo reconoce al haber postergado la meta a 2035, sin que exista todavía un camino claro para lograrla. Necesitamos menos consignas y promesas vacías, y más enfoque en el realismo y la acción bajo una comprensión clara de que el sector privado es el único capaz de hacer las inversiones en la magnitud y la velocidad que se necesita.
El próximo presidente deberá tener muy claro que en política energética no decidir es también una decisión, y que esta suele ser la más costosa. No existe una estrategia para enfrentar la situación actual sin costos políticos. Así de simple. Lo que sí existe es la opción de asumirlos de forma ordenada o de pagarlos más adelante en forma de racionamientos, crisis fiscales o pérdida de confianza. A quien gane las elecciones le corresponderá decirlo con claridad, y a los colombianos respaldar las decisiones difíciles que deberán tomarse. La energía no es un sector más: es la sangre del sistema económico que permite crear empleo y reducir la pobreza.
* Director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE)
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