Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Superintendencia Financiera extendió hasta el 31 de agosto de 2021 el Programa de Acompañamiento a Deudores. La medida, que empezó a regir en el octavo mes de 2020, ordena a las entidades bancarias dar alivios focalizados (personalizados) para los millones de colombianos que no puedan pagar su créditos por la crisis del COVID-19.
También te puede interesar: ¿Qué hacer con las deudas cuando se acaben los alivios?
Las ayudas contemplan desde la reducción de las cuotas (a cambio de alargar el crédito) hasta períodos de gracia. Para aplicar o conocer los detalles del Programa de Acompañamiento a Deudores el usuario puede consultar directamente con su entidad financiera.
“Debido a la persistencia del fenómeno COVID-19 y la necesidad de continuar generando condiciones financieras para que los procesos de reapertura y reactivación económica se afiancen, esta Superintendencia considera necesario extender la aplicación del PAD y sus medidas complementarias en materia de gestión de riesgo de crédito adoptadas mediante la Circular Externa 022 de 2020. Lo anterior, con el fin de que los deudores continúen consolidando una transición ordenada en sus hábitos de pago en condiciones de viabilidad financiera, y se mantenga una oferta sostenible del crédito”, explicó la Superfinanciera.
Durante el programa 2.236.844 deudores han redefinido las condiciones de sus créditos por un valor de $36,1 billones. Y el 90,3% de esta cartera ha logrado mantenerse al día en el pago, lo que para la Superfinanciera reafirma que “el PAD es una herramienta que ha logrado mantener un balance entre la necesidad de brindar soluciones a los deudores, y la adecuada gestión y revelación del riesgo”.
Se trata de la segunda prórroga al Programa de Acompañamiento a Deudores: inicialmente terminaba en diciembre de 2020, luego se extendió hasta el 30 de junio, y ahora irá hasta el 31 de agosto de 2021.
Otras opciones para deudores
Desde 2012 existe en Colombia la Ley de Insolvencia para personas naturales, un recurso que permite negociar con los acreedores antes de sufrir las graves consecuencias de la cesación de pagos prolongada, como el embargo del salario o perder la vivienda en caso de un crédito hipotecario. Sin embargo, es una opción de última instancia, pues deja altamente limitada a la persona que la usa.
Con la Ley de Insolvencia se llega a un acuerdo de pago con los acreedores, pero por lo general implica que todos los ingresos posibles se destinarán para el pago de las deudas. Es decir, dejan a la persona con lo justo para sobrevivir. Además, se queda financieramente limitado, pues afectará el historial crediticio y no se podrá pedir nuevos créditos (a menos que sea para necesidades básicas y máximo para cubrir los gastos mensuales).
La otra opción para recurrir es la Circular 026 de 2017 de la Superintendencia Financiera, un recurso muy útil cuando se tienen deudas con una sola entidad. Se puede invocar este recurso legal por medio de un derecho de petición, que permite reestructurar los créditos a la medida del deudor. De hecho, esta opción se creó para dar la opción de mejorar las condiciones de los préstamos sin tener que usar la Ley de Insolvencia. Pero solo aplica para créditos con hasta 90 días en mora.
