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Las inspecciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a empresas del sector gasífero y al gremio Naturgás, realizadas entre el 12 y el 14 de febrero, han desatado un debate sobre la legitimidad de sus facultades de control y el alcance de sus procedimientos.
La SIC detalló que las inspecciones se basan en sus facultades constitucionales, con el objetivo de “recolectar información sobre el mercado mayorista primario y secundario del gas, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que promueven y garantizan la libre competencia”.
Esto en respuesta a las 16 conclusiones de la Procuraduría que cuestionan la manera en que se adelantaron estas visitas, mientras que la SIC ha defendido la legalidad de sus actuaciones, citando la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 92 de 2022.
“El informe de la Procuraduría que se ha difundido en redes es preliminar y no ha sido comunicado oficialmente a esta Superintendencia”, señaló la entidad.
La entidad de supervisión mencionó que “actualmente, no hay una investigación formal que involucre personas naturales o jurídicas, ya que esta fase preliminar busca recaudar información para determinar si existe mérito para formular o no un pliego de cargos”.
El trasfondo de este conflicto se enmarca en el aumento de las tarifas de gas natural en Colombia, un tema que ha enfrentado al Gobierno con las empresas del sector. Mientras que las compañías argumentan que los incrementos responden a la necesidad de importar gas, el presidente Gustavo Petro ha señalado que hay especulación en los precios, acusando a las firmas de optar por importar gas más costoso para inflar las tarifas de energía.
Pero más allá del debate energético, el choque entre la SIC y la Procuraduría ha puesto sobre la mesa un asunto clave: los límites del poder de inspección de la Superintendencia y la protección de los derechos de las entidades investigadas.
🚨 #Atención | Ante los señalamientos y declaraciones sobre la naturaleza, alcance y legitimidad de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de visitas administrativas, la entidad informa👇 pic.twitter.com/L4lpVhdqbq
— Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) February 21, 2025
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¿Qué encontró la Procuraduría?
El miércoles 12 de febrero, funcionarios de la SIC iniciaron una serie de visitas administrativas a diversas empresas del sector gasífero y a Naturgás, el gremio que agrupa a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras de gas en Colombia. Según la SIC, el objetivo era recolectar información sobre el funcionamiento del mercado mayorista primario y secundario del gas para garantizar la libre competencia.
La superintendente Cielo Rusinque, en entrevista con El Espectador, explicó que la investigación en el sector gasífero no surgió de las declaraciones recientes del presidente Petro, sino que hacía parte de las actividades de monitoreo que la entidad venía adelantando desde el año pasado.
“No se planificaron hace ocho días ni hace 15. Nosotros no obramos al calor de un mensaje, porque para las visitas se debe hacer un alistamiento y una indagación preliminar”, aseguró Rusinque.
Por su parte, la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión acompañó parte de la inspección a Naturgás y, tras el procedimiento, dejó constancia de varias preocupaciones en un acta que incluye 16 conclusiones sobre la actuación de la Superintendencia. Entre los puntos más relevantes se encuentran:
La entidad señaló que la SIC no presentó el documento que da inicio a la averiguación preliminar ni el expediente administrativo que justificara la inspección, lo que podría vulnerar el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
A eso se suma que, según el ente de control, la Superintendencia conformó el grupo de inspección con cuatro contratistas por prestación de servicios y un funcionario de nivel profesional universitario, sin que estos tuvieran conocimiento del acto administrativo que sustentaba la visita.
La SIC argumentó que la credencial de visita es suficiente para autorizar la práctica de pruebas, pero la Procuraduría cuestionó si este documento puede considerarse un acto administrativo en términos legales.
En respuesta, la Procuraduría expresó preocupación por la subjetividad con la que se determinaron las pruebas practicadas, la falta de claridad sobre la naturaleza de estas y la ausencia de evidencia de que se cumplieran las garantías probatorias de pertinencia, utilidad y conducencia.
Según el ente de control, se extrajo información de los computadores de Naturgás, incluyendo datos almacenados en la nube, así como del celular de la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas.
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La versión de Naturgás
Murgas, presidenta de Naturgás, dio detalles sobre la visita en entrevista con Caracol Radio. Según explicó, la diligencia inició el miércoles 12 de febrero a las 9:30 a. m. y se extendió hasta el sábado 15 de febrero a las 2:30 a. m. Durante este tiempo, el gremio entregó toda la información solicitada y continúa suministrando datos adicionales.
Murgas insistió en que, a lo largo del procedimiento, nunca tuvieron claridad sobre los hechos investigados ni la hipótesis de la SIC, lo que limitó su capacidad de defensa. Además, denunció que su celular estuvo bajo custodia por tres días y que la Superintendencia revisó y extrajo conversaciones de WhatsApp, bajo el argumento de que estaban relacionadas con el objeto social de Naturgás.
“Durante toda la diligencia insistimos en que no conocemos los hechos objeto de investigación ni la hipótesis para poder ejercer el derecho de defensa”, afirmó.
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