Desde 2007, cuando se adjudicó el proyecto de construcción de la hidroeléctrica El Quimbo, las autoridades departamentales de Huila, Emgesa y el Gobierno Nacional estuvieron enfrascados en una discusión que con el tiempo ha empezado a perder sentido. Ayer la empresa italiana anunció que ya entraron en operación comercial y que están generando 9 gigavatios/hora, algo así como el 5% de la demanda diaria de Colombia.
El debate por la construcción del proyecto, que implicó la inundación de 8.250 hectáreas productivas y la reubicación de 456 familias (1.755 personas), terminó por enfrentar a autoridades del orden nacional y el local. Y las preocupaciones de lado y lado no eran de poca monta.
Mientras la firma italiana aseguraba una inversión que al final fue de US$1.200 millones y el Ejecutivo pensaba en las necesidades del sistema eléctrico, las comunidades y organizaciones como Tierra Digna se oponían argumentando que con la construcción se estaba “afectando la cuenca alta del Magdalena, la estrella fluvial más importante del país”.
Este proyecto de expansión del sistema eléctrico aportará 2.216 nuevos kilovatios/hora al año y la entrada en funcionamiento de El Quimbo cae como anillo al dedo en medio de una sequía y la cuestionada reacción de los generadores térmicos que tienen al país hablando de un posible apagón. Sin embargo, las decisiones de los últimos cuatro meses para forzar su operación no han dejado muy bien paradas a las autoridades nacionales.
Si bien Emgesa asegura haber compensado a los habitantes de la zona de influencia, pues en sus cuentas están 130 familias reasentadas colectiva e individualmente y otras 230 compensadas económicamente, la última controversia, que ha tenido dos capítulos, poco tiene que ver con el impacto social. El retiro de la biomasa (árboles y plantas) pactado en la licencia ambiental no se ha cumplido, según han argumentado la Corporación Autónoma del Alto Magdalena y más recientemente el Tribunal Superior de Neiva. Por esta razón se han dictado medidas cautelares que de alguna manera se han pasado por alto.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a pesar de los llamados de las entidades, consideró a mitad de año que la empresa había cumplido con sus compromisos y que no había razón para frenar el llenado del embalse.
Para ese momento, el director de la ANLA, Fernando Iregui, aseguró que no había reducido las obligaciones de la licencia ambiental, ni había aprobado esa operación. “No es que nosotros demos autorización. Está dada desde el año 2009, cuando se entregó la licencia, y fue resultado de un estudio de impacto ambiental previo que se hizo para poder desarrollar el proyecto”.
Aunque El Espectador pidió una comunicación telefónica con Iregui para conocer los pormenores de la entrada de El Quimbo, la oficina de comunicaciones respondió que sólo podría atender al medio en diciembre y que una respuesta de la oficina jurídica tardaría entre dos y tres días.
En el caso del fallo del Tribunal Administrativo del Huila emitido la semana pasada, que ordenaba frenar el proceso de generación de energía por no haber cumplido con la totalidad del plan de compensación, se ha dado inicio a otro pulso con un decreto presidencial, que, dado el anuncio de la operación de la hidroeléctrica, ya lo ganó el Ejecutivo.
“La empresa va ejercer los recursos de ley a los que tiene derecho. El juez nos ha pedido información; hoy será contestada la información que el juez ha requerido. Somos respetuosos de las decisiones del juez, pero el decreto 1979 obliga a Emgesa a la generación de energía. Es un decreto sancionado bajo estado de excepción, de emergencia, y por lo tanto tiene toda la fuerza de ley. El juez hace una precisión sobre el retiro de madera, que son unos 210.000 metros cúbicos, pero la empresa ha retirado adicionalmente más de 260 metros cúbicos de biomasa”, explicó el director de Emgesa en Colombia, Lucio Rubio.
Mientras la italiana espera solucionar por fin las dificultades generadas por El Quimbo, ya tiene la cabeza puesta en nuevos proyectos, que, como dijo Rubio, ya no serán de la envergadura del de Huila. Aunque estén en estudio de prefactibilidad, proyectos en el río Sumapaz (Cundinamarca) y el río Upía, en la cuenca del Meta, ya están en la mira.