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La cercanía con la playa llena las carreteras de polvo. La calzada entre Santa Marta y Paraguachón, una línea de asfalto por la que circulan más de 100.000 usuarios que cada año burlan el peaje de Alto Pino, debido a vías alternas no reguladas, según la Agencia Nacional de Infraestructura. Los efectos cuestan más de $1.300 millones que no ingresan a la concesión y que hoy, por orden de un tribunal, debe pagar el Estado.
Así comenzó la gira del presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, por las concesiones del país. Lo hizo desde La Guajira, un extremo del país que suena más por las falsas promesas a los habitantes que por el cumplimiento de los actores políticos. Esta vez la verificación técnica consistió en la auditoría de los contratos, avances, incumplimientos y pasivos ocultos que, como los pasos legales, erosionan las finanzas públicas.
El tramo de Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, de 285,7 kilómetros, conecta el Caribe con la frontera venezolana. La entidad confirmó que los mantenimientos y operaciones avanzan en los tiempos pactos; sin embargo, las quejas del concesionario sobre el no cobro de los peajes fueron el foco del encuentro.
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Invías pisa el acelerador en el Eje Cafetero
Mientras en el norte se hacía conteo de vehículos fantasmas por los tramos irregulares, en el centro-occidente del país el Instituto Nacional de Vías anunció nuevas inversiones. Con el apoyo de las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca, la entidad confirmó una inyección de $39.500 millones al programa Vías del Samán, un plan de movilidad que busca reforzar los corredores estratégicos del Eje Cafetero y el norte del Valle.
El enfoque, en este caso, es complementario. Rehabilitar y mantener tramos viales, evitar el deterioro estructural y conectar a más municipios con los centros logísticos.
- $20.000 millones se destinarán al corredor Ansermanuevo–Mediacanoa, que conecta el norte del Valle con el corazón agrícola del departamento.
- $12.000 millones más financiarán la Gestión Vial Integral en corredores entre Pereira, Cartago, La Virginia, Ansermanuevo y otros municipios limítrofes.
- $7.500 millones fueron aprobados para una obra aún no definida en Risaralda, que será priorizada en las próximas sesiones.
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Además, el gobierno autorizó la cesión de la totalidad de los recursos de los peajes de Toro y Riofrío para destinarlos directamente al programa Vías del Samán. Un gesto poco común.
Cabe recordar que el Invías tiene más kilómetros de vías en su control, y depende del recaudo de los peajes y de su presupuesto general para mantenerlas en buen estado. Si unos peajes se dedican a un sector específico, por bueno o malo que parezca, quita plata del “bolsillo” que requieren otras vías por las que incluso no hay peajes que recauden su mantenimiento. A la larga, un desamparo si de paso el presupuesto vigente no se ejecuta correctamente.
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A abril, el Invías solo ha comprometido 42 % de su presupuesto de 2025, una ejecución más lenta que la del año pasado, según cifras del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda.
De los $3,9 billones asignados este año —una caída de $700.000 millones frente a 2024—, aún quedan por comprometer $2,3 billones, lo que equivale a 58 % del total.
En contraste, a la misma altura del año pasado, el Instituto ya había ejecutado 51,2 % de su presupuesto ($4,5 billones), con un saldo por comprometer de $2,2 billones.
La diferencia revela una desaceleración de casi 10 puntos porcentuales en la ejecución presupuestal del Invías entre un año y otro.
Por otro lado, se confirmó la priorización del primer tramo de la segunda calzada en el corredor La Romelia–El Pollo, una vía clave para la movilidad entre Pereira y Dosquebradas. Aunque aún falta la licencia ambiental y la liberación de predios, la decisión política ya está tomada. El cuello de botella, sin embargo, esperará su turno —un conocido cuello de botella—, como en la mayoría de proyectos de infraestructura.
Un contraste en las vías del país. Mientras la ANI supervisa las concesiones viales y ya se topó con un traspié, el Invías invierte en el Eje Cafetero, pero compromete los ingresos de un peaje a una sola promesa con el amparo de cumplir a cabalidad su presupuesto, que por ahora, en porcentajes, va peor que el del año pasado.
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