El sector eléctrico colombiano antes y después del apagón del 92


Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen).

Foto: Cortesía Acolgen

Recordar el pasado sirve para reconocer lo que se hizo bien y entender cómo debemos proyectarnos. El apagón del 92, por ejemplo, marcó un antes y un después para el sector eléctrico colombiano, pues el racionamiento dejó lecciones que dieron origen al sistema actual, el mismo que año tras año ha sabido consolidarse, superando desabastecimientos, pérdidas económicas y evitando afectaciones como las de los años noventa.


En 1992, el país enfrentó racionamientos eléctricos que cortaron un 15 % del consumo diario. En Bogotá, ese año de interrupciones fue hasta de nueve horas al día, lo que afectó la economía, el desarrollo social y la calidad de vida. El apagón impactó en el desempleo y la pobreza.

¿Qué era lo que fallaba? La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén) explica que el colapso del sector fue culpa de un sistema energético centralizado, politizado y sin capacidad de responder a retos como el fenómeno de El Niño y la creciente demanda eléctrica.

El sistema de generación dependía mayoritariamente de recursos hídricos, las condiciones climáticas de la época llevaron los niveles de los embalses a mínimos históricos y las plantas térmicas no contaban con mantenimientos adecuados, con lo que no se pudo responder a la demanda.

Según Manuel Maiguashca, exviceministro de Minas, la crisis se agravó por falta de inversión, ausencia de planificación estatal e incapacidad del Estado para coordinar funciones como la regulación, la planeación y la operación. Además, la huelga en Corelca, que presionó la operación de una de las empresas más grandes del país; demoras en el proyecto El Guavio, que tardó seis años en entrar en operación, y el mantenimiento inadecuado de infraestructura térmica reflejaron la vulnerabilidad del modelo.

El apagón obligó al país a adoptar medidas de emergencia, como adelantar una hora los relojes, con el objetivo de que las personas tuvieran más tiempo de luz solar. Para los expertos, estas soluciones fueron paliativas y la verdadera lección vino con la conciencia de que el modelo que tenía el país sería insostenible.


“Hubo una convicción de que las cosas que se venían haciendo estaban mal. El sector era manejado por el Estado, sin criterios técnicos para fijar las tarifas”, añade Maiguashca.

Vino entonces la reforma estructural del sector, con las leyes 142 y 143 de 1994. Se estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios y el de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Colombia, lo que transformó el panorama eléctrico.

Según Acolgén, estas leyes propiciaron el desarrollo de inversiones para infraestructura, el desarrollo de un régimen normativo para las personas prestadoras, un marco normativo de referencia para garantizar estabilidad y suficiencia y, finalmente, la fijación de precios tarifarios.

La reforma incluyó cambios en cuatro ejes: propiedad, institucionalidad, solidaridad y confiabilidad. En términos de propiedad, se promovió la entrada de empresas privadas, generando competencia en generación y comercialización. Acabó el monopolio estatal y permitió la diversificación de actores en el mercado.

“Gracias a esta mayor apertura al sector privado se promovió la realización de billonarias inversiones, más de $140 billones en los últimos 30 años en materia de generación, transmisión y distribución de energía, lo que atrajo capital fresco, tecnología y prácticas modernas de gestión”, precisa Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén.

A nivel institucional, el avance se concentró en la creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), lo que garantizó una separación orgánica de funciones, con la meta de mejorar la eficiencia y la transparencia.

En cuanto a solidaridad, se implementó un régimen de subsidios financiado mediante contribuciones parafiscales, para asegurar el acceso al servicio a los sectores más vulnerables. Finalmente, en confiabilidad, se estableció un marco regulatorio que incentivó a las empresas a operar con estándares económicos y técnicos, fomentando la inversión y sostenibilidad del sistema.

“Las leyes 142 y 143 son el bastión de la transformación del sector eléctrico en Colombia, y si bien en gracia de discusión pueden estar sujetas a mejoras, es gracias al diseño del mercado que trajeron estas leyes que el mundo ha puesto los ojos en Colombia”, destaca Natalia Gutiérrez.

Estas reformas hicieron posible la entrada de recursos térmicos al sistema, mitigando la dependencia hídrica y fortaleciendo la resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos, como el fenómeno de El Niño.

“Lo que permitió darles la vuelta a los problemas de confiabilidad en el suministro de energía fue la crisis (...) se abrió espacio político para la gran reforma del 94, que fue la Ley 142 de Servicios Públicos, que definió reglas de juego. Las empresas privadas cumplieron un rol importante al participar en inversiones, que se remuneraron con las tarifas, y que no se habrían hecho solo con recursos públicos”, comenta Luis F. Mejía, director de Fedesarrollo.

Aunque las medidas adoptadas en 1992-1994 estabilizaron el sistema, retos como la sostenibilidad financiera de los subsidios y la necesidad de una expansión constante quedaron pendientes. Hoy, dicen los expertos, el sector enfrenta desafíos similares a los de hace tres décadas. La expansión de la matriz energética ha sido insuficiente y la concentración en energía solar plantea riesgos de dependencia.

“Colombia debe ir ajustando ese modelo (...) en esa visión de política púbica de transición energética, en donde se trata de priorizar en las nuevas subastas las fuentes de energía renovable no convencionales, en particular la solar y la eólica. Se debe continuar incentivando la entrada de fuentes térmicas, fundamentales como respaldo en momentos de problemas de abastecimiento vía la generación hídrica”, añade Mejía.

Para Maiguashca, quien también resalta la importancia de la energía térmica, la solución pasa por fortalecer la institucionalidad de la CREG, generar un ambiente de confianza que fomente nuevas inversiones y resolver urgentemente el problema fiscal que tiene en riesgo al sector por la insuficiencia de los subsidios en el presupuesto.

El modelo actual es más robusto que el del 92, pero los retos parecen repetirse: expansión y diversificación de las fuentes de abastecimiento y, especialmente, cooperación entre gobierno y agentes del sector para, como dice Gutiérrez, de Acolgén, “construir sobre lo construido”.