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El SENA bajo la lupa: Contraloría determinó hallazgos fiscales por $2.308 millones

También hay 77 hallazgos de carácter disciplinario y dos que podrían tener incidencia penal. Esto es lo que encontró la Contraloría.

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21 de julio de 2025 - 01:25 p. m.
El SENA bajo la lupa: Contraloría determinó hallazgos fiscales por $2.308 millones
Foto: Archivo particular
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En el ejercicio de una auditoría financiera realizada al SENA en la vigencia 2024, la Contraloría General de la República informó sobre 11 hallazgos fiscales por $2.308 millones, principalmente en las regiones de Santander y Antioquia.

Según el ente de control, se encontraron deficiencias en la gestión fiscal. Se se destacan las debilidades en la supervisión y ejecución de contratos, el manejo inadecuado de los inventarios, problemas en el suministro de tiquetes y transporte de aprendices, además de la ausencia de soportes para los pagos realizados.

También hay 77 hallazgos de carácter disciplinario y dos que tendrían una incidencia penal.

“En el proyecto de ampliación del SENA - Centro Agroecológico de San Gil (Santander), se configuró un hallazgo fiscal por $1.008 millones, correspondientes a recursos entregados a un tercero para la prestación de asistencia técnica y la administración de fondos. No obstante, 70 meses después de la firma del contrato, la necesidad que se pretendía satisfacer aún no ha sido atendida. A febrero de 2025, el informe de avance de obra presentado por el contratista (Fondo Mixto para la Promoción del Deporte) reportó apenas un 1,5 % de ejecución”, detalló la Contraloría.

En la Regional de Antioquia, se determinó un hallazgo fiscal que supera los $645 millones por la ausencia de 256 elementos en bodega, sin sus respectivas resoluciones de baja.

“Esto contraviene la guía para la administración y control de bienes y evidencia una grave deficiencia de control interno, al no realizarse seguimiento a lo estipulado ni cumplirse el Manual de Políticas Contables del SENA”, añadió el ente de control.

Esta auditoría también incluyó otras regiones como Arauca, Atlántico, Casanare, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima.

La Contraloría precisó que no puso fin a la cuenta del SENA por la racionalidad de los estados contables, la gestión y el manejo del presupuesto, así como la eficiencia y calidad del control interno financiero.

Aún así, la entidad emitió una opinión negativa sobre los estados contables de la entidad, pues estos no reflejan de manera razonable todos los aspectos materiales con corte al 31 de diciembre de 2024.

“Las principales incorrecciones que afectaron la opinión presupuestal corresponden a la constitución de reservas presupuestales sin el cumplimiento de los requisitos normativos, situación que impidió su refrendación y afectó los recursos de la vigencia 2024. Estas deficiencias se asociaron a fallas en la planeación, en contravía del principio de anualidad presupuestal. Además, se identificó una falta de seguimiento a la ejecución de las vigencias futuras”, explicó el SENA.

Producto de las observaciones que realizó la Contraloría, se han logrado beneficios de auditoría por un total de $4.958 millones. El principal, por $4.855 millones, es por el pago de rendimientos financieros establecidos en un contrato de encargo financiero, suscrito para el desarrollo de obras civiles en el proyecto “Actualización de la infraestructura física del Centro Agroturístico de San Gil – Santander”. En este contrato se evidenció una posible contratación sin el lleno de los requisitos legales.

Los hallazgos de la Contraloría también se refieren a dos contratos suscritos por el SENA, Regional Magdalena, los cuales suman $2.493 millones destinados a la construcción de almacenes en los centros de Gaira y Promoción Ecoturística.

“Estos proyectos, iniciados en 2023 y actualmente suspendidos, presentan ausencia de estudios técnicos y topográficos actualizados, fallas en las etapas precontractual y contractual, así como modificaciones no justificadas técnicamente. Asimismo, se identificó falta de control por parte de la interventoría. Estas deficiencias comprometen la correcta ejecución de los recursos públicos y afectan el acceso a infraestructura educativa adecuada. La CGR hará seguimiento y evaluará posibles responsabilidades fiscales y/o disciplinarias”, concluyó el ente de control.

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