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El Registro Universal de Ingresos (RUI) nació con el Plan de Desarrollo del Gobierno Petro. El objetivo es que este instrumento reemplace al Sisbén y focalice los subsidios, programas y en general la oferta social del Estado.
A diferencia del Sisbén, que clasifica a los hogares principalmente a partir de encuestas presenciales sobre sus condiciones de vida, el RUI construye una caracterización de los ingresos de las familias cruzando información de distintas entidades.
Inicialmente, se estableció que el proceso de transición al Registro Universal de Ingresos terminaría en el segundo trimestre de este año. Puntualmente, que las entidades públicas tendrían como único instrumento de focalización el RUI a partir del 1° de agosto y que la transición de los beneficiarios estaría lista el 31 de octubre.
Pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella publicó un proyecto de decreto para ampliar el plazo. La propuesta inicial (que podría cambiar en la versión final tras la recepción de comentarios) establece que la transición terminará el 31 de julio de 2027, ya no en octubre de este año.
Hasta esa fecha, se seguiría usando el Sisbén para las personas que ya estaban identificadas o focalizadas al 31 de julio de 2026. Durante la transición no será obligatorio el uso ni consulta de la Ventanilla Social, sino que seguirán habilitados los canales del Sisbén.
En contexto: ¿Qué pasará con los beneficiarios del Sisbén en agosto de 2026? Se viene el RUI
¿Por qué se aplaza la transición para el RUI?
El documento advierte que desde el inicio de la implementación del RUI, en agosto, se han recibido más de 112.000 peticiones ciudadanas manifestando inconformidad con la nueva clasificación socioeconómica asignada.
La cifra contrasta con el comportamiento histórico registrado en el Sisbén (42.407 peticiones en 2024, 11.213 en 2025 y 11.756 a julio de 2026). En un solo mes, se recibieron diez veces más peticiones que en todo 2025.
El DNP argumentó que ante el volumen de solicitudes y reclamaciones es necesario extender el periodo de transición para “aclarar y realizar concientización en la ciudadanía, así como permitir que la administración fortalezca, valide, optimice y calibre de manera exhaustiva los algoritmos y modelos técnicos de estimación, con el fin de corregir posibles fallas metodológicas y prevenir errores de inclusión o exclusión que puedan derivar en afectaciones injustificadas en los derechos y el acceso de los hogares vulnerables a los programas sociales del Estado”.
El Gobierno explicó que se necesita tiempo para la estabilización técnica de la Ventanilla Social, la herramienta de articulación territorial para la gestión del RUI. Además, argumentó que el país está en emergencia económica por el terremoto del pasado 10 de agosto que generó afectaciones en 16 departamentos del país.
Las afectaciones por el terremoto comprometen la capacidad operativa de las administraciones locales, tras la destrucción o afectación estructural de alcaldías, la pérdida total de conectividad digital en municipios de categorías 5 y 6 y la inhabilitación física de oficinas del Sisbén local. En otras palabras, que en estas condiciones extraordinarias se dificulta la puesta en marcha del RUI en zonas afectadas.
Durante el régimen de transición, Planeación Nacional implementará rediseños de software, ajustes metodológicos, entre otras cosas, para reflejar las nuevas realidades de los hogares damnificados, asegurando que el RUI entre en operación antes del 31 de julio de 2027, dice el proyecto de decreto.
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